Ortega y Murillo ya son “Copresidentes”: Nicaragua es una dictadura constitucional

Aprueban reforma constitucional que desaparece la figura de poderes del Estado y todo el control queda en manos de Ortega y Murillo. Una dictadura en toda regla.

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Foto: Archivo
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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • January 28, 2025
  • 02:00 PM

Nicaragua es desde hoy oficialmente una dictadura. La Asamblea Nacional aprobó este martes en segunda legislatura la última parte de las reformas a la Constitución Política que elimina la figura de poderes del Estado para entregar todo el poder en la Presidencia de la República que será ejercida a partes iguales por dos "Copresidentes": Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La reforma constitucional enviada por Ortega en octubre del año pasado, fue aprobada por los 91 diputados de la Asamblea Nacional. Con este trámite acaba el recorrido parlamentario de las reformas que aseguran la concentración del poder y el sometimiento de todo el aparato estatal a su autoridad y la de su esposa con quien por compartirá la Presidencia por ley y al margen del apoyo popular.

Desaparece la figura de poderes del Estado dejando claro que hay un único poder y es el poder que reside en el pueblo”, explicó la bancada sandinista. Ese poder está representado en Daniel Ortega y Rosario Murillo, los dos copresidentes que deben ser elegidos en “elecciones libres”.

En las últimas elecciones calificadas como un fraude electoral, Ortega y Murillo se reeligieron con sus principales contendientes en prisión o en el exilio y sin ningún tipo de competencia política real. La separación de poderes es el principio básico de cualquier democracia. Nicaragua ha dejado de serlo. 

Daniel Ortega y Rosario Murillo pasarán a "coordinar" al Poder Legislativo (que dicta las leyes del país), al Poder Judicial (que alberga a la Corte Suprema de Justicia) y al Poder Electoral (que organiza las elecciones).

Se elimina prohibición de la tortura y legaliza a paramilitares

El texto que a partir de ahora regirá el país contiene las 148 reformas de los de los 198 artículos de la Carta Magna y derogar otros 37, incluido el que se prohibía la práctica de la tortura y el recurso de Habeas Corpus. Estos cambios fueron ordenados por el dictador sandinista de 79 años, los últimos 18 aferrado al poder de manera consecutiva.

Un parteaguas en la estructura administrativa del país es el ejercicio compartido de la Presidencia de la República que estará integrada por un "Copresidente" y una "Copresidenta", lo que -según analistas- facilita la sucesión dinástica y resuelve las disputas de poder entre Ortega y Murillo, quienes, finalmente, ostentan a partes iguales la jefatura del Estado y de Gobierno.

La reforma constitucional ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses, además legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.

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Entre otras medidas, la reforma extiende de cinco a seis años los periodos de los "Copresidentes", del jefe del Ejército y de la Policía. En consecuencia, el general Julio César Avilés y el comisionado Francisco Díaz han sido ratificados en sus cargos, consolidando el control de la familia Ortega Murillo sobre las instituciones armadas.

Asimismo, la nueva Constitución incorpora el Estado Policial como principio constitucional, legaliza la existencia de grupos paramilitares, institucionaliza la persecución religiosa y elimina la autonomía municipal y regional. También establece como símbolo nacional la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Con la entrada en vigor de esta Constitución, Nicaragua enfrenta una transformación profunda en su estructura política y jurídica, consolidando un modelo de poder centralizado en la familia Ortega Murillo. Estos cambios no solo redefinen el sistema democrático del país, sino que también colocan a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente a un régimen que legaliza la represión y vulnera otros derechos fundamentales.

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