Ningún país del mundo desnacionaliza a sus ciudadanos y los deja apátridas

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría ser llevada a la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención de la Apatridia, explicaron miembros del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, que este 27 de febrero presentó los principales hallazgos de su informe.

El Grupo de Expertos solicitó a la comunidad internacional llevar a la dictadura nicaragüense a la Corte para que responda por las violaciones flagrantes a los derechos humanos y la Convención de la Apatridia, porque hasta ahora es el único órgano que el régimen escucha.

Los expertos consideran que ningún país contemporáneo utiliza los destierros masivos y las desnacionalizaciones como armas políticas, tal como lo emplea la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua.

"Para nosotros ha sido de enorme preocupación y es que ningún país en el mundo contemporáneo desnacionaliza a las personas y las dejan situación de apatridia. Estamos hablando de 452 personas que en este momento están desnacionalizadas, sin contar con un criterio que nos hace pensar que puede haber más porque sabemos que hay personas que no sabían que estaban desnacionalizada", explicó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.

Reformas ilegítimas

Asimismo, cuestionaron la legimitidad de las recientes reformas a la Constitución Política aprobadas por los diputados en la Asamblea Nacional, porque violan las convenciones sobre los derechos humanos y la apatriada, aprobadas a mediados del siglo pasado.

Con las reformas también se eliminaron los principios fundamentales del debido proceso y garantías judiciales mínimas como el derechos esenciales a ser informado de los cargos penales, el plazo máximo de 48 horas para presentar al detenido ante un juez, la publicidad de los juicios y el derecho a la defensa adecuada.

La dictadura Ortega Murillo ha pretendido desligitimar cualquier investigación sobre las flagrantes violaciones de los derechos humanos en el país, provocada por la persecución, encarcelamiento, desnacionalización y la apatridia de centenares de nicaragüenses, lo que constituye "una muerte civil, porque implica la violación conexa de otros derechos, como el derecho a la libre circulación, derecho a la nacionalidad"; así como la muerte económica de estas personas al confiscarles los bienes materiales (muebles e inmuebles).

"Las personas de nacionalizadas se les confiscaron sus bienes de bienes: muebles, inmuebles, cuentas bancarias, pensiones, incluso, crédito que las personas habían recibido y de los que se apoderó el gobierno y que estas personas siguen pagando los saldos, los alquileres, etc. Entonces, también nosotros decimos que esto le lleva a una muerte económica, porque donde tienen que reconstruir su vida, en otro país, sin documentos, sin acceso a posibilidades económicas y esto genera además una cosa que nos preocupa mucho que es lo que nosotros llamamos violaciones por extensión a los niños que a veces quedan separados de la familia", explicaron.

Durante la conferencia de prensa, el Grupo de Expertos de la ONU denunció la persecución y espionaje que realiza el régimen contra los familiares de los desterrados, realizado especialmente por todo un aparato de inteligencia tanto de la Policía, el Ejército e instituciones públicas y donde los obligan a reportarse periódicamente en las comisarías policiales.