Reforma exprés: Asamblea Nacional aprueba creación de súper procuraduría “contra la corrupción” dictada por Rosario Murillo
La Asamblea Nacional aprobó este miércoles, en primera legislatura, una reforma constitucional para crear la llamada Procuraduría General de Justicia, una nueva instancia con amplias facultades para investigar, procesar y penalizar actos de corrupción a petición de la codictadora Rosario Murillo.
La reforma fue impulsada apenas un día antes por la vocera del régimen quien anunció la intención de “combatir la corrupción” mediante la fusión de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otros entes estatales bajo una nueva estructura judicial controlada desde el Ejecutivo.
La propuesta pasó del discurso al hecho en menos de 24 horas, un trámite exprés que ilustra la ausencia de independencia legislativa en el país, donde la Asamblea funciona como un mero brazo del Ejecutivo.
La reforma modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política para dar vida a una procuraduría que, según la dictadura, identificará y castigará “infames actos de robo y saqueo del erario”. En la práctica, se trata de una entidad centralizada, dependiente del poder dictatorial, que absorbe funciones de fiscalía, defensa del Estado y órganos de control.
El texto aprobado plantea que esta Procuraduría tendrá carácter permanente, y que todas las instituciones del Estado deben contribuir activamente a una “campaña contra los delitos de corrupción”.
La corrupción comienza en El Carmen
El anuncio de esta supuesta cruzada anticorrupción surge en medio de tensiones internas dentro del sandinismo, marcadas por la reciente purga del ex asesor económico Bayardo Arce, histórico operador del régimen. Su caída en desgracia ha sido utilizada como justificación para el endurecimiento del aparato de control interno.
Analistas y organizaciones opositoras coinciden en que esta reforma no busca combatir la corrupción real, sino consolidar mecanismos de persecución selectiva y purga política. La contradicción es evidente: el régimen que por más de 15 años ha operado bajo opacidad total, enriquecimiento ilícito familiar y saqueo institucionalizado, ahora se autoproclama juez de integridad pública.
Con esta reforma, el régimen da un paso más hacia la consolidación de un Estado policial con ropaje constitucional, en el que todas las instituciones son subordinadas a la voluntad de Ortega y Murillo. Lejos de fortalecer el Estado de Derecho, el nuevo ente aparece como una herramienta más de represión política, particularmente útil para eliminar disidentes internos y garantizar el control absoluto sobre recursos del Estado.
La velocidad de su aprobación —sin debate público, ni dictamen técnico visible, ni consulta ciudadana— confirma la demolición total del marco democrático en Nicaragua.
