“Confiscaron pueblos enteros… es una salvajada”: Dora María Téllez sobre nueva ley fronteriza

La excomandante guerrillera y opositora Dora María Téllez denunció que la reciente Ley de Territorio Fronterizo, aprobada este martes por la dictadura, representa una confiscación masiva de tierras, al declarar como propiedad estatal toda una franja de 15 kilómetros desde las fronteras hacia el interior de Nicaragua. La medida afectará directamente a 27 municipios, impactando a comunidades indígenas, propiedades privadas, proyectos turísticos y fincas productivas, según advirtió la también excarcelada política.

“Es una verdadera salvajada”, dijo Téllez, al reaccionar a la aprobación de la ley por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que votó por unanimidad el nuevo marco legal promovido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La norma otorga al Estado el dominio total sobre estas tierras y autoriza su resguardo por parte del Ejército.

“El artículo dice claramente que todas esas propiedades declaradas como territorios fronterizos son propiedad del Estado. Es decir, confiscaron de un plumazo, en un artículo, miles de manzanas de tierra, miles de viviendas, pueblos enteros confiscados y tierras indígenas incluso a lo largo de la frontera norte y la frontera sur”, afirmó.

La legislación deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras de 2010, que establecía un régimen especial para esas zonas, sin alterar el estatus de la propiedad. La nueva normativa no solo elimina esas garantías, sino que concentra el control sobre el uso, posesión y disposición del suelo en manos del Ejecutivo, sin mecanismos de consulta ni compensación.

Traspaso de propiedades empezaría pronto

Téllez advirtió que la Procuraduría General de la República podría empezar a inscribir las tierras a nombre del Estado en cuestión de días:

“Cuando alguien quiera hacer algún movimiento en esa zona, se va a encontrar con que esa propiedad ya no está a su nombre”, advierte.

La franja afectada abarca zonas urbanas y rurales con valor estratégico, económico y ambiental. Téllez apuntó que esta ley podría devastar actividades productivas y económicas, especialmente en zonas como Río San Juan:

“Se volaron completamente todas las instalaciones turísticas de Río San Juan, para poner un ejemplo fácil de comprender. Estamos hablando de una confiscación masiva a miles y miles de personas con un artículo de una ley”.

Para la opositora, esta medida confirma el carácter arbitrario del régimen Ortega-Murillo:

“Ese es el gran problema de una dictadura absoluta y completamente arbitraria, que puede arrancar de un plumazo los derechos de las personas a su casa, a su lote, a su terreno, a su propiedad, a su finquita, a su espacio, a su empresa o a su emprendimiento”.

Analistas coinciden en que la ley consolida un poder político, económico y territorial sin precedentes sobre las zonas fronterizas. La militarización del control territorial y la supresión de derechos de propiedad privada, autonomía municipal y participación comunitaria aumentan la vulnerabilidad de pueblos indígenas, afrodescendientes y pequeños productores ante posibles despojos, desplazamientos y concesiones extractivas.