Extorsión, amenazas y entierros controlados: la tortura se extiende a los familiares de presos políticos
Mauricio Alonso Petri, de 64 años, estuvo desaparecido por más de un mes hasta que la Policía lo devolvió muerto. Solo a su esposa le permitieron verlo: le mostraron el rostro por unos segundos para que los reconociera y de inmediato lo enviaron al cementerio. El entierro fue exprés, bajo estricta vigilancia, sin velorio ni posibilidad de despedida para sus otros familiares.
La muerte de Alonso Petri no fue explicada ni mucho menos investigada y su caso, junto al del abogado Carlos Cárdenas, también muerto en poder del régimen, es el espejo al que se asoman las familias de más de 70 prisioneros políticos en Nicaragua.
"Es tortura", denuncian defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre el recrudecimiento de los métodos de crueldad del régimen. "En el caso de Mauricio (Alonso Petri), no fue mostrado a la familia; apenas enseñaron rápidamente la cara y les ordenaron ir directamente al cementerio. Solo permitieron que dos familiares estuvieran presentes", relató la defensora Haydée Castillo, al llamar a denunciar una situación cada vez más grave en Nicaragua.
Nuevo nivel de terror: tortura en doble vía
Las familias de los presos políticos en Nicaragua enfrentan un nuevo nivel de terror: además de la desaparición forzada y la muerte en prisión de sus seres queridos, son amenazadas y extorsionadas por exigir información sobre ellos, denunciaron este jueves organizaciones opositoras y de derechos humanos.
En un comunicado conjunto, calificaron estas acciones como crímenes de lesa humanidad, responsabilizando directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. "Estos y otros crímenes son la más cruel y despiadada manifestación de la represión dictatorial en Nicaragua", señalaron al tiempo que exigieron la liberación inmediata de los presos políticos e insistieron en una prueba de vida de 33 personas presas políticas que permanecen en desaparición forzada.
"Estamos en comunicación con la comunidad internacional, poniendo al tanto de esta barbarie y buscando acciones más contundentes para poner fin a la impunidad y propiciar la urgente transición política democrática en el país”, señala el comunicado, que también hace un llamado a la Asamblea General de la ONU para que adopte medidas concretas contra el régimen.
Entre entierros vigilados y control total
La privación del derecho de la familia a vivir el duelo y depedirse según sus costumbres, revela mucho de la saña del régimen, llegando al extremo de vigilar y controlar cada detalle de los funerales: desde la entrega de los cuerpos hasta el entierro mismo, restringiendo la presencia de familiares y evitando velorios.
Ante esta práctica, la defensora Haydée Castillo subrayó que romper el silencio es la única herramienta de denuncia que queda frente a la crueldad del régimen.
"Callar no es una opción. Entre menos denunciamos, menos se conoce. Queremos saludar el esfuerzo de los barrios y comunidades que se encargan de hacer visible estas situaciones", dijo.
Castillo se sumó a la demanda al régimen para que informe del paradero de los prisioneros en condición de desaparición forzada. "Que otorgue prueba de vida de todos los presos políticos y desaparecidos", reclamó.
Extorsión y amenazas: la nueva estrategia de control
Familias de encarcelados por razones políticas tambien han denunciado amenazas y extorsión por pedir información sobre sus seres queridos secuestrados.
"No se ha sabido absolutamente nada, no hay respuestas. A algunos familiares les han amenazado por pedir información; a otros los han extorsionado pidiéndoles dinero para soltarlos, y no se da”, reveló el profesor Gabriel Putoy.
Por su parte, el presidente de Unamos, Luis Blandón, enfatizó la determinación de las organizaciones de continuar denunciando y organizando la resistencia civil: "Estamos con el compromiso de seguir denunciando, organizando y golpeando la mesa. Nadie en Nicaragua merece estar preso o presa, pero debemos resistir”.
Las organizaciones firmantes —Unidad Nacional Azul y Blanco, Unamos, Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses y GREX— advirtieron que la crisis política y humanitaria en Nicaragua es profunda, y que la represión busca minar la resistencia civil y comunitaria, mientras mantiene un control absoluto sobre los presos y sus familias.



