Más de 2,000 nicaragüenses han sido impedidos de regresar al país, denuncia Maradiaga en la ONU
Más de 2,000 ciudadanos nicaragüenses han sido impedidos de ingresar al país, denunció este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga. Esta práctica es calificada como un destierro de facto impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
"Desde la Fundación para la Libertad de Nicaragua hemos documentado además más de 2,000 casos de ciudadanos nicaragüenses a quienes se les ha impedido abordar aviones o retornar al país, en una práctica que constituye una violación masiva del derecho a la libre circulación y que está directamente relacionada con la política de represión y control del régimen Ortega-Murillo", denunció el líder opositor.
Uno de los temas centrales de su intervención fue la preocupación por 120 personas oficialmente desaparecidas en Nicaragua, de las cuales 32 permanecen sin esclarecer desde 2018. “Esta cifra, aunque dramática, es un subregistro: muchas familias tienen miedo de denunciar por temor a represalias”, advirtió, señalando que las desapariciones forzadas reflejan un patrón sistemático de incomunicación prolongada y traslados opacos que impiden a los familiares conocer el paradero de sus seres queridos.
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Maradiaga también denunció otras violaciones graves de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo desapariciones forzadas, persecución a presos políticos, periodistas e iglesias, y la ausencia del país en el Examen Periódico Universal de la ONU, lo que marca un precedente histórico de aislamiento internacional.
Según el opositor, con ello el régimen busca evitar las réplicas y denuncias de la sociedad civil, pero “lo único que logra es confirmar su aislamiento internacional”.
La prohibición de ingreso al país como arma de castigo
El último informe sobre la represión transnacional presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU detalla que en estos casos las víctimas que intentan regresar a Nicaragua son informadas por aerolíneas o empresas de transporte terrestre de que tienen prohibida la entrada y deben contactar a las autoridades para obtener explicaciones.
La Dirección General de Migración y Extranjería mantiene un registro interno que contiene los nombres y perfiles de personas consideradas como una posible amenaza para el régimen, elaborado mediante la estructura de vigilancia e inteligencia identificada por el Grupo de Expertos.
Algunos funcionarios de la Dirección General complementan estos perfiles con información disponible en internet y en redes sociales. Las prohibiciones de ingreso son decididas por el Viceministro del Interior, que es también secretario administrativo nacional del FSLN, en consulta con la codictadora Rosario Murillo, y posteriormente comunicadas por la Dirección General a aerolíneas y empresas de transporte terrestre.
