Los 10 precandidatos de la oposición han logrado lo que las dos fuerzas políticas no: la unidad. Hoy han firmado un pronunciamiento en el que rechazan “categóricamente” las reformas electorales presentadas por el régimen de Daniel Ortega ante la Asamblea Nacional, la semana pasada. Son una maniobras manipuladora, dicen, en contra de la administración transparente, libre e imparcial, de las elecciones de noviembre próximo. 

Los políticos no sólo exponen las razones por las que las rechazan sino que demandan reformas verdaderas que restablezcan la confianza en el sistema electoral y garanticen la realización de elecciones libres, justas, competitivas, transparentes y observadas en noviembre de este año. “Reiteramos nuestro compromiso con la salida cívica, democrática y pacífica a la actual crisis política, social y económica y demandamos al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en marzo 2019 y la resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de octubre 2020”, reza el comunicado. 

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La iniciativa se da en momentos en que la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana continúan sin concretar la unidad. Los partidos políticos que serían el vehículo electoral, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido Restauración Democrática (PRD), no lograron un pronunciamiento conjunto, pese a que el segundo lo propuso, según fuentes cercanas. Al contrario, CxL emitió comunicados en rechazo, mientras que la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también lo hicieron por separado.

El documento fue firmado por Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Luis Fley, Arturo Cruz Cristiana Chamorro, George Henríquez, María Eugenia Alonzo, Medardo Mairena,  Miguel Mora y Noel Vidaurre. Los aspirantes a liderar el Ejecutivo señalan que las reformas evidencias la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales.

Entre los 11 argumentos de los precandidatos está que se pretende reformar por la ley electoral, la Constitución Política, estableciendo nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición que se postulan para optar a cargos de elección popular; en “una flagrante violación constitucional”. Además, Ortega busca aniquilar el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes.

“Se mantiene el sistema electoral de control bipartidista excluyente en los organismos electorales. Se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como el de acompañantes. Se mantiene el padrón activo y pasivo para limitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos. Se faculta atípicamente a la Policía Nacional y no al CSE, para autorizar manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, convirtiendo al presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, en juez y parte de este proceso electoral”, señala el pronunciamiento. 

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Uno de los puntos, y con el que la dictadura podría inhibir a  los candidatos, es que se institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política al incorporarse en la legislación electoral leyes que violan la Constitución Política y derechos fundamentales de los nicaragüenses: Ley de Regulación de Agentes extranjero y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Por otro lado, los políticos demandan la liberación de todos los presos políticos, que se garantice en forma irrestricta la libertad de expresión, movilización y de prensa; la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos; y el retorno seguro y de todas las personas en el exilio y se suspenda el Estado policial.

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