El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), Ricardo Pérez Manrique, presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), un informe donde señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha cumplido ninguna de las resoluciones que emitió este organismo para proteger la vida de 88 personas que estaban privadas de su libertad en ocho centros penitenciarios del país.
Nicaragua el pasado 18 de noviembre del 2021, denunció la Carta de la OEA, con lo que inició su proceso de salida del organismo.
“Destacamos que, si bien Nicaragua notificó a la Secretaría General de la OEA su decisión de denunciar la Carta, con lo que dio inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización, también señalamos que Nicaragua no ha denunciado la Convención americana (de derechos humanos), por tanto, nuestra Corte sigue teniendo competencia respecto de ese país”, indicó Pérez.
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La Corte-IDH entre junio del 2021 y febrero del 2023 adoptó al menos ocho resoluciones de medidas provisionales y desde la presidencia del organismo dos medidas urgentes para preservar la vida, salud e integridad de los beneficiarios.
Dichas resoluciones se tomaron luego de que verificaron que los beneficiarios se encontraban sometidos a condiciones de extrema gravedad en detrimento de su salud y que fueron encarcelados y posteriormente condenados por razones políticas y de orden penal.
ORTEGA EN DESACATO PERMANENTE
Pérez Manríquez apuntó que la persistencia de esta situación en Nicaragua “erosiona las reglas del juego democrático y del estado de derecho de Nicaragua”. El régimen de los Ortega-Murillo no adoptó ninguna de las medidas que dictó el organismo y la respuesta siempre fue que la Corte al igual que la OEA estaba en un proceso “destitúyete del actual gobierno de Nicaragua y que no había disposición a cumplir las resoluciones que se habían tomado” y que los beneficiarios de las medidas fueron procesados de acuerdo a las leyes del país.
La Corte-IDH ha expuesto que Nicaragua se encuentra en un desacato permanente y por eso ponían en conocimiento del Consejo Permanente para los diferentes organismos que integran la OEA den “la respuesta adecuada que ustedes determinarán respecto a la gravedad de la situación que hay en este caso”.
“Lo que la Corte viene a plantear en este caso es la solicitud de la aplicación de la garantía colectiva del articulo 65 de la Convención americana que señala que la Corte debe someter a consideración de la Asamblea General en cada periodo un informe anual en el cual de manera especial señalará los casos en que un estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”, explicó Pérez.
SEIS BENEFICIARIOS DE MEDIDAS SIGUEN PRESOS
Explicó que la mayoría de los beneficiarios con las medidas fueron excarcelados y posteriormente desterrados a Estados Unidos, pero que hay seis personas que permanecen detenidos en condiciones de “desprotección absoluta”. Los presos son: Fanor Alejandro Ramos, Eliseo Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Navarrete, Eder Oniel Muñoz.
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“Corriendo un riesgo grave de padecer daños irreparables a la vida, salud y alimentación”, expuso Pérez, quien señaló que la Corte IDH sigue recibiendo nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos, la semana pasada dictaron nuevas medidas para proteger la vida de periodistas de Radio La Costeñisima.
El representante de Chile Sebastián Eugenio Kraljevich Chadwick, indicó que la Corte -IDH no presentaba un informe de ese tipo al Consejo Permanente desde el tiempo del presidente Alberto Fujimori.
