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    Reporte 505

    «No queremos otra muerte dentro de esa cárcel», claman familiares de presos políticos sometidos a torturas y aislamiento

    Al menos seis presos políticos se encuentran en celdas diminutas y sin ventilación. Además, cuatro mujeres permanece en total aislamiento.

    Nuevo Chipote

    Los familiares de los presos políticos recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) denunciaron este lunes la «gravísima» situación en que se encuentran y patentizaron su temor de que ocurra «otra desgracia», en alusión al fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, a mediados de febrero.

    Su denuncia pública se produce luego de cuatro días de que permitieran visitas a los opositores recluidos en el centro de detención conocido como El Nuevo Chipote. Los familiares dijeron que comprobaron con «extrema preocupación un deterioro generalizado en la salud, causado por lo que entendemos es una política sistemática de torturas dirigida a quebrar sus cuerpos y mentes».

    «Todas las vidas de prisioneros están en peligro y su salud día a día se deteriora. Unos están en casos críticos. No queremos otra desgracia, no queremos otra muerte dentro de esa cárcel«, demandó Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro.

    CADAVÉRICOS Y BAJO TORTURA

    Los parientes señalaron en su pronunciamiento que los presos políticos pasan hambre y experimentan un acelerado proceso de perdida de peso. Denunciaron que algunos como Tamara Dávila presentan cuadros de desnutrición alarmantes, quien «pesa ya menos de 100 libras».

    Además de la racionalización de los alimentos, denunciaron que los reos políticos continúan sometidos a «castigos», incluso ahora con mayor frecuencia y grado de crueldad.

    Sufren chantaje emocional, amenazas con trasladarlos a celdas más pequeñas y con peores condiciones y «entrega discrecional de paquetería que deriva incluso en privación de medicamentos, bebidas y hasta papel higiénico», detallaron.

    QUIEREN DESGASTARLOS PARA SILENCIARLOS, «NO LO ESTÁN LOGRANDO»

    Ana Álvarez Vijil, hermana de Tamara, aseguró que hay opositores que solo pueden ver por una hendija de la celda. Es una práctica de tortura con la que pretenden «desgastarlos emocionalmente, para desgastar su cuerpo y acallar su voz, no lo están logrando, pero lo usan como una forma de castigo y de tortura».

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    Una de las demandas de los parientes es el cambio de régimen carcelario a casa por cárcel para los presos políticos de la tercera edad o con problemas de salud, como lo establecen las leyes del país.

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    Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, explicó que está medida la están pidiendo para los que presos políticos que presentan un deterioro de salud. En el caso de su padre -dijo- observaron durante su última visita que está más pálido, presenta pérdida de peso y de la memoria. Denunció que el exvicecanciller, pasó tres semanas sin su medicamento prescrito para la ansiedad, «lo cual le causó crisis depresiva todo ese período».

    SEIS PRESOS EN CELDAS DE DOS 2X2

    En un comunicado, los familiares denunciaron que Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holmann, Medardo, Mairena, Yader Parajón, Freddy Navas y Michael Healy, se encuentran recluidos en una celda de 2×2, «selladas, sin ventilación, con luces
    encendidas las 24 horas o en permanente penumbra
    y sin posibilidad de ver o ser vistos desde el exterior».

    Ramón Mendoza, hermano Miguel Mendoza, señaló que en la última visita, el cronista deportivo les contó que pasaron momentos de angustia durante el sismo del pasado 21 de abril, «ya que no hay un protocolo de emergencia para esa situación».

    «Y en celdas de castigo con doble verja, imagínese como estaba Miguel y todos los que están en la misma situación», comentó Ramón, durante una rueda de prensa virtual.

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    Mientras que en aislamiento e incomunicación se encuentran la dirigente de Unamos, Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.

    Durante la visita los familiares detectaron la falta de acceso a salud de forma oportuna, adecuada y especializada, lo que se traduce en que los reos son atendidos hasta que su situación médica ha empeorado o llega a extremos.

    «Hemos identificado un patrón de diagnósticos errados, sobremedicación y/o medicación inadecuada o contraindicada. Esta situación está causando empeoramiento de enfermedades, alergias y hasta quemaduras de primer y segundo grado», explicaron los familiares.

    Señalaron casos como el de Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Holmann quienes han presentado agravamiento de sus problemas cardíacos y de presión arterial.

    La presa política Violeta Granera lleva 11 meses sin su dentadura y Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona presentan problemas en sus espaldas.

    Denunciaron que persiste la política de aislamiento e incomunicación, ya que no permiten que los reos políticos reciban llamadas telefónicas, ingreso de cartas o dibujos de los hijos, los cuales no pueden ver a sus progenitores.

    Señalaron que durante la última visita fueron víctimas de agresiones «sexualizadas durante requisas a mujeres familiares, tocamientos a genitales y senos», además detectaron la falta de medidas preventivas ante el Covid-19 ya que sus mascarillas fueron manipuladas durante la revisión.

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    DEMANDAS

    Los familiares de los presos políticos demandan que estos reciban atención médica especializada, apropiada y oportuna; visitas familiares tal y como lo establece la ley; y que les permitan material de lectura, cartas, dibujos y recibir fotografías.

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    Otra de las peticiones es que se les garanticen todas las condiciones de higiene, luz y ventilación; el cese del aislamiento así como la reclusión en celdas de 2×2.

    «Ante esta gravísima situación no cesaremos de demandar colectivamente la libertad inmediata, incondicional y con garantías para nuestros familiares y todas las más de 181 personas presas política», señalaron los familiares, quienes reiteraron el respeto a los derechos bajos las Reglas Mandela.

    El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua en la última actualización contabiliza 181 presos políticos de los cuales 171 a partir de abril 2018 y 10 personas presas políticas detenidas previo al contexto de 2018.

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