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Análisis

Prórroga de cédulas vencidas deja en evidencia el fracaso del sistema de cedulación nicaragüense

El CSE no ha tenido la capacidad de elaborar cédulas en tiempo y forma en cada proceso electoral. Se estima que cerca del 50% de los nicaragüenses tienen sus documentos de identidad vencidos.

La ley que prorroga la vigencia de las cédulas vencidas, para su uso en las votaciones generales de 2021, demuestra las deficiencias del Consejo Supremo Electoral (CSE) para lograr cedular a los nicaragüenses, en un patrón que se repite cada vez que se acercan procesos de elección popular. 

La legislación aprobada por la Asamblea Nacional esta semana ha dejado más preguntas que respuestas, una de ellas es cuántas de las personas que están en el Padrón Electoral tienen cédulas vencidas. Se estima que más del 50% de los nicaragüenses en edad de contar con cédula tienen el documento vencido, según expertos.

Los diputados al servicio de Daniel Ortega aprobaron la norma de forma urgente, cuando faltan menos de 15 días para los comicios generales del 7 de noviembre próximo. “Para efecto de esta ley se consideran vigentes, únicamente el día 7 de noviembre del 2021, las cédulas que estén vencidas a esa fecha con el objeto exclusivo de garantizar el derecho al voto a los ciudadanos durante las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021”, señala el artículo do de dicha ley.


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Uno de los pocos datos sobre la cedulación, lo dio la magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), Devoney Mcdavis, el pasado lunes a medios oficialistas, cuando afirmó que, del 4 de enero al 22 de octubre de este año, han realizado 777 mil 740 trámites de cedulación. En la semana del 18 al 22 de octubre atendieron a 21 mil 766 trámites, de los cuales 4 mil 239 fueron nuevos ingresos, 10 mil 307 renovaciones y 7 mil 220 reposiciones.

Para Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, la cifra de ciudadanos con documento vencido “debe ser muy alta” para que la Asamblea Nacional decidiera aprobar dicha norma. Pero además refleja que el CSE dominado por el orteguismo, no tiene la capacidad para elaborar cédulas en tiempo y forma.

“Significa dos cosas, la incapacidad de estar al día con las cédulas y segundo la gran cantidad de gente que no ha renovado la cédula, producto de la ineficiencia del régimen de facilitar la renovación de las cédulas”, indicó García.

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Pero, además, según García, refleja los problemas económicos que enfrentan los ciudadanos ya que no tienen capacidad de destinar 300 córdobas de su presupuesto familiar para renovar su cédula. El exconcejal de Managua considera que la población no debería de pagar ni un centavo para renovar el documento de identidad.

“En todos los países del mundo, este documento es facilitado por el Gobierno”, indicó el presidente de Hagamos Democracia. En el presupuesto que aprobó la Asamblea Nacional para el CSE, hay una partida presupuestaria denominada “Cedulación ciudadana y padrón electoral”, cuyo monto asciende a los 134 millones 271 mil 300 córdobas. Pero no hay detalles de cuánto percibe el árbitro electoral por renovación y reposición de los documentos de identidad.

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Un experto en temas electorales, que pidió omitir su nombre por temor a represalias, considera que la medida es meramente electorera, y una estrategia para motivar a la población a ir a votar el 7 de noviembre. Este especialista calcula que unas 700 mil personas tienen sus documentos de identidad vencidos, porque ya pasaron cerca de 22 años, cuando se cedularon los primeros ciudadanos en el país. “Eso significa que ya pasaron dos periodos de vencimiento ya que tiene una validez de 10 años”, dice.

«La gente que se ceduló en el 2010 previo a la elección general del 2011, ya tienen sus cédulas vencidas o se van a vencer y lastimosamente no tenemos los datos concretos, porque el CSE no ha dado esta información, pero se hace el cálculo por las estadísticas que se pueden manejar con los pocos datos que ha dado el CSE, se anda el cálculo por más de medio millón de personas que no han podido hacer su reposición», manifestó el experto.

El experto afirma que el costo es uno de los impedimentos que enfrenta la población para no renovar su cédula, «debido a que golpea sacar 300 córdobas del presupuesto familiar». Se ha cuestionado al CSE por cobrar por este servicio cuando las máquinas fueron donadas.

Otro motivo que ven los especialistas en las cédulas vencidas es que cuando pasa el proceso electoral cierran las oficinas municipales, quedando oficinas del CSE en las cabeceras departamentales. Desde  2011, dicen, se dan este tipo de iniciativas de ley, y  en ocasiones la prórroga ha sido de hasta un año.

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El líder campesino y preso político, Medardo Mairena, había afirmado en febrero de este año que un 70% de la población rural tenía su documento de identidad vencido y aclaró que no se realizaban las renovaciones por el alto costo de la cédula.

¿DUPLICIDAD DE VOTOS?

A la opositora Ana Quiroz le llama la atención que a pocos días de las votaciones se tome esa decisión, que no resuelve el problema de fondo ya que los ciudadanos no tienen un documento de identificación que le sirva para sus actividades diarias. “Sin cédula la persona tiene una muerte civil”, dijo.

“Esta Ley para lo que se está aprobando es para votar, es muy evidente que su interés es nada más que la gente vote y no que tenga una identificación”, comentó Quiroz, quien coincide con García en que los costos y trámites son “difíciles y altos”.

“No dejo de preguntarme, porqué hay gente que tiene una cédula nueva y una vieja sino se prestará esto también a que haya una duplicación de los votos”, reflexionó Quiroz. El temor se da porque desconfía en la calidad de la tinta que le aplican en el pulgar a las personas que ya ejercieron el derecho al voto ya que experiencias pasadas han demostrado que la tinta no es indeleble.

Quiroz, que forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que la aprobación de la Ley muestra que el CSE no tiene la capacidad para la cedulación de la ciudadanía y tampoco tiene la voluntad para hacerlo a pesar de contar con fondos económicos y personal capacitado.

“Una vez más parece que el interés que los mueve es meramente contar con gente que sí va a ir a votar por ellos y que va a hacer lo que ellos le ordenen porque no creo que sea para toda la población”, expone la opositora.

Quiroz criticó la “opacidad o falta de transparencia” del régimen de Ortega y del árbitro electoral ya que hasta la fecha no ha revelado cuántos ciudadanos tiene cédulas vencidas, con documentos vigentes y cuánta de la población no se ha cédulado.  

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Es “una falta de información clara y verificable”, lo cual, según Quiroz, funciona a favor de la dictadura porque “siguen inventando datos, sin una posibilidad de verificarlo, y además sin ninguna confianza real en que los datos que den sean verídicos”.

En el proceso de verificación que realizó el CSE el 24 y 25 de julio pasado, acudieron 2 millones 825 mil 117 ciudadanos, de los 4 millones 478 mil 334 nicaragüenses que están en el Padrón Electoral definitivo. Es decir que de estos más de 2.8 millones de ciudadanos tienen su cédula de identidad vigente, por lo que se desconoce la situación de más de 1.6 millones que no acudieron a verificarse.

A Quiroz le queda la duda de quién verificó los datos del Padrón Electoral, ya que desconfía de la información que proporciona el CSE. Este proceso electoral se desarrolla en un ambiente de tensión, pues el dictador Daniel Ortega, desde el pasado 28 de mayo Ortega ha apresado a unos 39 líderes de la oposición, siete de ellos habían mostrado interés de postularse como candidatos a la Presidencia de la República.

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