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Reporte 505

¿Qué se llevó la Policía de la casa de Cristiana Chamorro?

Durante el allanamiento a la casa de Cristiana Chamorro la Policía se llevó documentos de empresas privadas, cheques a nombre de la expresidenta Violeta Barrios y hasta facturas de compras de frutas en supermercados de Managua.

Aunque la investigación en curso por presunto lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro tiene que ver exclusivamente con su trabajo como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), durante el allanamiento el régimen no perdonó nada. Documentos de empresas privadas, un borrador de una propuesta a la Nación, una agenda personal de su fallecido esposo, Antonio Lacayo y hasta cheques a nombre de la expresidenta Violeta Barrios ahora están en manos de la Policía.   

Para realizar el allanamiento “con motivo de urgencia”, sin orden judicial, la Policía Orteguista desplegó un mega operativo de decenas de agentes que rodearon la vivienda, cerraron la calle y aseguraron un perímetro de al menos 300 metros para evitar que periodistas pudieran documentar lo sucedido. 

Sin embargo, en la solicitud de convalidación de allanamiento a Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Penal de Audiencia de Managua, enviada por el comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DA), se detalla que fueron dos detectives y un inspector los encargados de hurgar entre las pertenencias de Cristiana Chamorro.  

El detective Ramón Santana, el inspector Marlon González y la detective Anielka Hernández ocuparon al menos 118 bienes personales entre teléfonos, tarjetas de crédito y débito, facturas, folios, cuadernos, cheques, escrituras, tablets, memorias, discos y libros. 

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Este allanamiento inició a las 11:40 de la mañana y finalizó a las 4:55 de la tarde del 2 de junio, se da por la investigación en curso contra la aspirante presidencial por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Según solicitud de convalidación del allanamiento, a la que accedió DESPACHO 505, la Policía también ocupó talonarios de cuentas bancarias y dos cheques a nombre de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, una agenda personal del fallecido esposo de Cristiana Chamorro, el ingeniero Antonio Lacayo y hasta facturas de compras en supermercados y farmacias de Managua.    

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Entre los documentos y dispositivos ocupados están cuatro tarjetas SIM, tres laptops, 17 tarjetas de crédito y débito de bancos nacionales e internacionales; 10 teléfonos (celulares y convencionales), dos iPads, cuatro USB, un GPS y 14 talonarios de cuentas bancarias personales y de empresas, incluyendo los de la expresidenta Violeta Chamorro Barrios.  

REVISAN CONVERSACIONES 

Tras la solicitud de convalidación del allanamiento, la jueza Karen Chavarría autorizó extraer toda la información de los dispositivos electrónicos ocupados a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.   

El perito policial podrá realizar “fijación fotográfica, inspección, análisis y extracción de la información (vaciado) de los equipos informáticos o de computación, unidades y almacenamiento, y equipos celulares en los que se requiere que mediante programas informáticos pueda realizar búsqueda extracción y análisis de la información registrada en los equipos electrónicos informáticos y telefónicos.  

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Así la Policía Orteguista podrá acceder a mensajería de textos, conversaciones y audios de las plataformas WhatsApp, Messenger, Facebook; llamadas entrantes y salientes, vídeos, imágenes, archivos, correos electrónicos y páginas web, y “cualquier documento digital que se encuentre almacenados en los equipos informáticos, discos internos y externos, unidades y almacenamiento y equipos telefónicos detallados en la solicitud”.   

Según Orieta Benavides, la abogada de Chamorro, con esta orden lo que el régimen busca son pruebas que incriminen a Cristiana por el caso de lavado de dinero.   

“Pretenden encontrar pruebas en su contra respecto al uso de fondos de la Fundación. En un proceso normal con arreglo a derecho, esta diligencia debía ser autorizada y motivada por la juez. En este caso el procedimiento llevado a cabo fue irregular”, denunció. 

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