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    Régimen acusa a dirigentes del Cosep de lavado de dinero

    Acusa a Michael Healy y Álvaro Vargas de traición a la patria bajo la cuestionada Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

    El régimen de Daniel Ortega ha orientado a la Policía Orteguista detener a los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, a quienes investiga pordelito de lavado de dinero bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Este jueves la dictadura ha emprendido una nueva ola de arrestos, esta vez contra empresarios nicaragüenses que estaban citados ante el Ministerio Público.

    En un comunicado la Policía Orteguista los señala de realizar actos «que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, de incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos, además de pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos». Las investigaciones se amparan en la Ley 1055, «Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».

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    «La Policía Nacional realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá a los investigados a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales», señala el comunicado policial.

    DETENCIONES

    La detención de Healy se dio luego de que el empresario acudió a una cita al Ministerio Público para «una entrevista» sin especificarle el motivo del llamado.

    Desde el pasado 28 de mayo, el régimen de Daniel Ortega emprendió una ola de arrestos que tiene bajo detención a unos 37 líderes opositores entre ellos siete aspirantes a la Presidencia. Entre los apresados está el expresidente del organismo empresarial José Adán Aguerri y Luis Rivas, director de Banpro Grupo Promerica.

    El arresto de Healy y de Vargas se da un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación «inmediata» de los presos políticos y la realización de unos comicios generales libres, transparentes y observadas.

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