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    Reporte 505

    Régimen beneficia a generadoras de energía y castiga a consumidores

    Nicaragua tiene el precio de energía más alto de Centroamérica. Un estudio de Funides indica que a Alba Generación y Albanisa se le asignaron los precios por potencia más altos entre las generadoras térmicas.

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    Nicaragua tiene el precio de energía más alto de Centroamérica. Un estudio de Funides indica que a Alba Generación y Albanisa se le asignaron los precios por potencia más altos entre las generadoras térmicas.

    En Nicaragua, el negocio de la energía está pensado en beneficiar a generadoras y distribuidoras. Los nicaragüenses no solo pagan la tarifa eléctrica más cara de la región centroamericana, sino que se ve obligados a asumir las pérdidas durante la distribución.

    El estudio “Mercado eléctrico en Nicaragua, diagnóstico y recomendaciones”, elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), plantea las “barreras” que inciden en una cara tarifa.

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    Por ejemplo, en la generación eléctrica, que contribuye al 61.7% de la tarifa eléctrica, Nicaragua tiene uno de los precios más altos, lo que incide en que los nicaragüenses paguen un servicio más caro en comparación al resto de Centroamérica.

    Funides diagnosticó las siguientes razones: Uno, los suplidores de energía tienen un alto poder de mercado que permite el aprovechamiento económico a nivel de generación, es decir que los consumidores se ven obligaos a comprar o consumir lo disponible.  

    BENEFICIOS EXCESIVOS

    Dos, los contratos otorgados a las generadoras eléctricas conllevan beneficios excesivos en perjuicio de los consumidores finales, a través de pagos por potencia elevados, capacidad de producción de energía más allá de la necesaria y vigencia de los contratos, cuyos plazos promedios de las 29 generadoras que operan en Nicaragua son de 27 años.

    “Estos plazos causan que las generadoras no tengan incentivos para competir por ofrecer precios de energía más bajos. Adicionalmente, las distribuidoras pierden la oportunidad de contratar opciones de energía más baratas que puedan surgir durante la vigencia del contrato”, explica Funides.

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    Según el estudio del centro de pensamiento, en 2018 la distribución de energía representó el 34.7 de la tarifa eléctrica final. Esta función ha estado a cargo de Disnorte-Dissur, una empresa en la que el Estado tiene una alta participación.

    Uno de los principales problemas de esta cadena es la pérdida de energía que finalmente es cargada a los consumidores. Nicaragua tiene el segundo porcentaje de pérdidas más alto de la región, con 19.7%, solo superado por Honduras con 26.2%, según datos de 2018. El promedio de pérdidas de energía en la región es de 13.4%.

    De acuerdo con la Ley de industria eléctrica, reformada en 2013, las perdidas hasta 2018 debía ser asumidas en 14 puntos porcentuales por los consumidores formales. Partiendo del último dato disponible de perdida en ese año, Disnorte – Dissur asumió los 5.6 puntos porcentuales del déficit.

    De 2017 a 2018 ha habido un aumento en las pérdidas, pero en 2019 se registró bajó a 18.4%. “Esto no sería un gran problema para los consumidores si  las distribuidoras asumieran un gran porcentaje de las pérdidas”

    Ante las barreras generadas en la generación y distribución de energía, que provocan un aumento en la tarifa aplicada a los consumidores, Funides recomendó al régimen una serie de medidas a corto y largo plazo.

    En cuanto a los contratos pactados con las generadoras sugirió renegociarlos o introducir regulaciones que generen beneficios adecuados. Además, mejorar el entorno de negocios y el riesgo país para que se puedan acordar precios por generación de energía competitivo a nivel regional.

    A nivel de distribución, el centro de pensamiento recomendó reducir las afectaciones a la liquidez de la distribuidora en particular las pérdidas y la incobrabilidad; reducir gradualmente la contribución que realizan los consumidores finales por concepto de pérdidas en distribución, entre otras.

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    El año pasado la tarifa de la energía eléctrica se incrementó en 20%, sin embargo, el régimen de Daniel Ortega abanderó como un gran logro una mínima reducción de 3% para 2020.

    El informe de Funides expone que para 2017 el precio promedio de la energía en Centroamérica era de 172 dólares, sin embargo, en Nicaragua alcanzaba los 188 dólares. Ese precio aumentó a 207 en 2018 y a 212 en 2019.

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    Otro factor que incide en el alto costo e la tarida es la capacidad excesiva de generación, es decir que las reservas están encima de lo recomendado. “En Nicaragua existe una capacidad instalada que supera la demanda máxima de energía, esta brecha muestra una tendencia creciente”, dice Funides.

    Agrega que las reservas de energía en Nicaragua han mantenido por encima del 50% desde 2010, hasta alcanzar un nivel de 81.8% en 2019. “Los usuarios pagan, en concepto de potencia, por una gran cantidad de energía que no consumen”, apunta el documento.

    En 2019, las empresas de energía generaron 1,600 megavatios, pero el país solo consumió 718 megavatios. Lo ideal, sugiere Funides, es que las reservas se mantenga entre un 30% y 40%.

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