La Asamblea Nacional concluyó su periodo legislativo este martes sin aprobar las reformas electorales de rango constitucional, como la eliminación de la reelección presidencial; la ampliación del porcentaje del 35 al 50% más uno; y la segunda vuelta cuando los candidatos no obtengan el porcentaje establecido. Por el contrario, las reformas electorales que se aprobarán en el 2021 serán a la medida del Daniel Ortega, advierten especialistas.

El pasado nueve de enero de este año, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras había anunciado reformas supuestamente para “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral”, de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre del 2021.

Sin embargo, analistas políticos y especialistas en derecho constitucional consideran que las reformas que ordenará Daniel Ortega serán ajustadas a sus intereses, porque está obligado a recuperar la credibilidad debilitada por los últimos fraudes electorales y amainar la presión internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su última resolución del pasado 22 de octubre, dio como plazo máximo a más tardar en mayo del 2021, para que se realicen estos cambios. Sin embargo, hasta ahora, el régimen guarda silencio.

RÉGIMEN OBLIGADO A REFORMAR LEY ELECTORAL

El experto constitucionalista Gabriel Álvarez señaló que Ortega está obligado a realizar reformas electorales para apaciguar a la comunidad internacional, de lo contrario las próximas elecciones serán un fracaso, sin embargo, advierte que no serán reformas democráticas.

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“Si él (Ortega) hiciera caso omiso a todas las propuestas de todos los sectores internos y externos e impone una reforma electoral que no responda a ninguno de los planteamientos hechos, entonces, yo creo que de adelantado se podría afirmar que las próximas elecciones van a ser un gran fracaso”, apuntó.

Álvarez asegura que aprobar reformas electorales es crear las condiciones para la bienandanza del próximo gobierno. “Y yo no creo que Ortega sea tan inconsecuente, por su propios intereses”.

“Yo no comparto la premisa de que el Gobierno no tiene ningún interés de aprobar reformas electorales, todo lo contrario, yo diría que el Gobierno está convencido de que no tiene otra alternativa más que aprobar reformas electorales”, recalcó Álvarez.

NO VEN VOLUNTAD

Sin embargo, el jurista José Pallais, cree que si la administración de Ortega, tuviera voluntad de impulsar esas reformas ya la harían hecho, “pero yo no veo ninguna voluntad”.

Pallais atribuye el desinterés de Ortega, por reformar la Ley Electoral, porque cree que no existe dentro su partido alguien que pueda sustituirlo como candidato presidencial.

“El sandinismo ya solo existe alrededor de Daniel Ortega. Entonces no va él a reformar cuando no ha pensado en dejar de ser el candidato, entonces yo no veo ninguna voluntad, por ejemplo en cuanto a prohibir de nuevo la reelección”, indicó el jurista.

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La Coalición Nacional, integrada por organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, presentó una propuesta de reformas electorales que incluían los tres artículos de rango constitucional que Ortega evitó aprobar este 2020. José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales, sostiene que la propuesta de reformas también incluye la eliminación de la diputación asignada para el candidato a la presidencia que obtenga el segundo lugar y la del presidente saliente, reformas aprobadas con el pacto libero-sandinista.

REFORMAS A SU ANTOJO

El experto constitucionalista Gabriel Álvarez no cree que Ortega esté dispuesto a retomar la propuesta de la Coalición Nacional, sino más bien en reformar aquellos aspectos técnicos que tienen que ver con el padrón electoral, la fiscalización en las Juntas Receptoras de Votos, la observación electoral, entre otras.

“Yo no creo que el Gobierno esté interesado en hacer las reformas electorales más democráticas y que él (Ortega) esté interesados en gestionar un proceso electoral limpio y democrático, eso no lo creo. Ni que Ortega se va a convertir en un demócrata de la noche a la mañana y que ahora va a buscar un consenso con todas las fuerzas sociales y política del país y que va a recoger y asumir todas las propuestas de los distintos sectores. Eso no va a ocurrir”, afirmó Álvarez.

José Pallais coincide con este planteamiento, ya que no se requiere de dos legislaturas para realizar estos ajustes a la Ley Electoral, que además incluiría la transparencia en el voto, la observación nacional e internacional, los recursos de impugnación, entre otros.

“Las reformas que se requieren para que el danielismo no pueda repetir todos los procedimientos fraudulentos que ha causado en los procesos electorales anteriores”, expresó Pallais.

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Al igual que Álvarez, Pallais considera que Ortega está obligado a reformar la Ley Electoral, y en este sentido la presión internacional será clave para el próximo año.

“Él va a verse obligado si las circunstancias, las presiones internacionales, lo empujan a hacer lo necesario para mejorar los procesos electorales”, afirmó.

EN JUEGO PROCESO ELECTORAL

Este 13 de diciembre, la Asamblea Nacional inicia el receso parlamentario, dejando como tarea pendiente las reformas electorales, las que según Gabriel Álvarez, deben de aprobarse antes de que el Consejo Supremo Electoral convoque a elecciones nacionales.

Álvarez considera que las reformas serán normativas y no constitucionales, y deben garantizar reglas claras, ajustado a los estándares internacionales, pero dependerá de la voluntad de Ortega y Murillo.

“Si los señores Ortega Murillo no sienten que eso sea posible y no sienten que tengan una salida por las consecuencias políticas y jurídicas por los últimos acontecimientos y que van a imponer sus reglas, entonces nadie va a poder confiar, ni va ser legítimo el proceso electoral”, señaló.

Esto incluye el cambio de los magistrados electorales, cuyos plazos está vencido; de no realizar estos ajustes el especialista en derecho constitucional afirma que se perderá la oportunidad de recuperar la confianza internacional.

“Todos los magistrados del CSE tienen su plazo vencido y probablemente el señor Ortega querrá tener ahí a la mayoría o a todos como miembros del CSE, confiable para él y que sean obedientes o leales a sus intereses, esto yo lo veo difícil francamente, porque si él ratifica nombramientos que no den confianza al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional puede ser que se pierda esta oportunidad de resolver la crisis de los últimos años”, explicó Álvarez.

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