El régimen de Daniel Ortega impidió la salida del país al periodista Mauricio Madrigal, jefe de prensa del noticiero Acción 10. Sin explicarle los motivos de la medida, agentes de Migración en el Aeropuerto Internacional de Managua también le retiraron su pasaporte.
“Me retuvieron el pasaporte. Me dijeron que no podía salir del país sin ninguna explicación. El pasaporte quedó en manos de la guardia”, dijo el periodista a DESPACHO 505.
Mauricio Madrigal se dirigía a Miami, Estados Unidos a un viaje de trabajo.
El 29 de junio pasado, el periodista acudió a una cita en el Ministerio Público para explicar el funcionamiento del noticiero que dirige.
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En su “entrevista” la Fiscalía nunca le notificó que no podría salir de Nicaragua.
“Es una medida arbitraria porque yo no tengo ningún proceso legal abierto. Me preocupa porque se actúa de manera arbitraria y sin ninguna explicación te impiden la salida cuando cumplís todos los requisitos de ley”, explicó el periodista.
AMENAZADO CON LA LEY MORDAZA
En su cita a la Fiscalía, el jefe de prensa de Acción 10 fue cuestionado sobre cómo trabajan los periodistas en Canal 10, cómo hacen para trabajar, «para balancear la noticia y esas cosas», entre ellas cómo hacen para conseguir las noticias y cómo definen el contenido.
El Ministerio Público lleva a cabo dos investigaciones, una contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otra contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). El jefe de prensa de Canal 10 dijo que no fue citado por ninguna de las dos y que las preguntas fueron para conocer sobre “cómo hacemos para conseguir las noticias y el contenido nuestro”.
“Me leyeron un artículo donde el Ministerio Público puede citar a las personas, no necesariamente como testigos o como implicado sino para escuchar las versiones dentro de un proceso de investigación, ellos me fueron claros que yo no soy ni testigo ni acusado, simplemente ellos recaban información como la ley los ampara”, comentó.
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Los funcionarios del Ministerio Público le preguntaron si ya conocía la Ley de Ciberdelitos, a lo que respondió que sí.
La controvertida ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
