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    Decir que alguien murió por coronavirus no es delito, régimen intimida a ciudadanos al condenar a abogada

    “Decir que alguien se enfermó de coronavirus no constituye delito. La condena deja un mal precedente”, dice el Cenidh y advierte de una nueva forma de represión que ya fue notificada a Oacnudh.

    Los ataúdes se enfilan en los parqueos de los hospitales. CORTESÍA / DESPACHO 505

    “Decir que alguien se enfermó de coronavirus no constituye delito. La condena deja un mal precedente”, dice el Cenidh y advierte de una nueva forma de represión que ya fue notificada a Oacnudh.

    El veredicto de culpabilidad por el delito de injurias que dictó el juez local de Somoto (Madriz) Luis Alberto Olivares Téllez contra la abogada Claudia Marieta Medina Rivas, es considerada una “aberración jurídica” y una advertencia para los abogados opositores y a toda la población que denuncian las muertes por coronavirus, señalan defensores de derechos humanos.

    La sentencia ocurrió el pasado 13 de julio y previo a eso se juzgó a la abogada por la divulgación de unos audios por WhatsApp en los que supuestamente afirma que un ciudadano de esa localidad habría fallecido por coronavirus.

    Las familias Pineda Manjibar y Pineda Arauz, parientes del difunto, negaron que su familiar haya fallecido por esa enfermedad y se declararon ofendidos por los audios. Esa fue la base de la querella que culminó con el veredicto de culpabilidad en contra de la abogada acusada.

    Todo parecería una simple querella si no fuera, según defensores de derechos humanos, porque Medina Rivas es una abierta y declarada opositora al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y peor aún, porque el delito achacado no existe, sino que se trata de una nueva forma de represión, de persecución política y una acción intimidatoria en contra de los profesionales del Derecho que se oponen al régimen.

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    La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, calificó el veredicto como una “aberración jurídica” tomando en cuenta que el delito juzgado no existe y que el proceso tiene un claro interés político.

    “Nosotros creemos que es una aberración jurídica ese veredicto de culpabilidad por tres razones: Primero, porque no existe delito de injurias en ese caso, decir que alguien se enfermó de coronavirus no constituye delito, no lesiona la honra ni menoscaba la dignidad de nadie. Segundo, porque es una clara persecución política en contra de una abogada opositora y tercero, porque sienta un precedente grave y peligroso en la administración de justicia, un precedente que intenta intimidar al gremio de abogados y al pueblo en general”, denunció la defensora de derechos humanos.

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    Por su parte, la directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Carla Sequeira, también dijo que no existe delito en la acusación de injuria pues no se ha lesionado la honra ni la reputación de nadie con decir que una persona se enfermó de Covid-19. Aseguró además que el régimen y su sistema de justicia utilizan a su antojo los conceptos legales y las leyes del país.

    El artículo 202 del Código Penal de Nicaragua dice que comete injuria: “Quien mediante expresión o acción, lesione la dignidad de otra persona menoscabando su fama, imagen, reputación, honor o atentando contra su propia estima, será sancionado con pena de cien a doscientos días multa. Si las injurias se propalan con publicidad se sancionarán con pena de doscientos a trescientos días multa”.

    La directora de asesoría legal de la CPDH afirmó que el régimen continúa utilizando al sistema judicial para reprimir, para acallar voces y en el caso de los abogados, para intimidarlos en sus funciones de defensores de opositores, pues ya son varios los casos en los que son acusados por delitos que no han cometido.

    Núñez de Escorcia aseguró que el caso ya fue notificado como violación a los derechos humanos ante la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    El veredicto de culpabilidad está siendo apelado por la condenada que está ejerciendo su propia defensa.

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    De acuerdo con la abogada, la acusación se interpuso el 8 de mayo, pero había evitado referirse porque pensó que el sistema judicial se apegaría al Derecho y desestimaría la causa.

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    “Fue un juicio amañado en el que se presentaron pruebas sin fundamentos.  Es un ataque político, yo pienso que aquí hay una clara intensión de decir que no hay contagios y esconder los casos, en una intensión de intimidar. ¿Quién va a tener el valor de decir que alguien murió de coronavirus si ya hay una condena?”, denunció la abogada.

    Dice que lo importante no es si lo que dijo era cierto o mentira sino el precedente que está sentando esta condena. “Apelaré la sentencia y basaré mis alegatos en decir que una persona que muere por coronavirus no es un estigma, ni vergüenza”, aseveró.

    “Las injurias tiene que ser algo que daña la dignidad. Este tipo de proceso es insólito. La pena son días multas, pero el precedente que se quiere sentar es que la gente evite decir que alguien murió de coronavirus. Decir que una persona murió de coronavirus no es una ofensa porque nadie debe sentirse ofendido”, reiteró.

    ABUSO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

    Para Guillermo Medrano, coordinador de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) la sentencia contra la abogada es una forma más de recriminar las voces diferentes al oficialismo que hablan de los estragos de la pandemia.

    El experto manifiesta que el Estado de Nicaragua no tiene evidencias para demostrar internacionalmente que ha acatado las medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tampoco de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero los organismos de derechos humanos sí tienen pruebas para evidenciar que Ortega ha hecho todo lo contrario.

    «Se estigmatiza a toda persona y gremio que hable de la pandemia, y estando a la vista de todos, en este tipo de casos, hay abuso de libertad de expresión, se violenta la Ley, que claramente dice que los nicaragüenses tenemos derecho a expresar los pensamientos en público o privado”, comenta.

    Agrega que lo ocurrido con abogada ya se ha visto con otros actores, “con médicos que han sido despedidos por exponer las pésimas condiciones de trabajo y la negligencia con la que actúa el Gobierno  frente a la pandemia, ocurrió con periodistas, está el ejemplo del ya fallecido Sergio León, de Bluefields, con William Aragón, corresponsal de La Prensa,  que los procesan por decir la verdad, pareciera que hablar de coronavirus es un delito», señala.

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    Medrano dice que el Gobierno lo que pretende es silenciar a todos los que no repiten su discurso de que todo está normal en el país, y que la pandemia está controlada.

    «Lo que pasa con la doctora es solo una forma de estigmatizar a que nadie opine. Quieren silenciar a la gente, mientras el Estado incumple con su responsabilidad de velar y cuidar a los nicaragüenses», critica.

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