El Reglamento de Ética Electoral que publicó este viernes el Consejo Supremo Electoral (CSE) es considerado por expertos como otra herramienta que utilizará el régimen de Daniel Ortega para limitar la participación de los ciudadanos y de los partidos políticos en el proceso electoral; y reafirma la aplicación de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Yader Loza, miembro del Grupo Pro Reformas Electores (GPRE), indicó que este Reglamento tiene la intencionalidad que los ciudadanos se involucren lo menos posible en el proceso electoral: “Mientras más calladito estén, mejor”.

“Mantener a la ciudadanía atemorizada, de que, si vos haces algo, si vos decís algo, se puede sentir como que estás ofendiendo a un candidato, porque hay una discrecionalidad del Gobierno para establecer qué de lo que vos dijiste, qué de lo vos hiciste es delito electoral”, expuso Loza, quien recordó que los piquetes de protesta que realizan grupos de la oposición son considerados por el régimen de Ortega como acción terrorista y golpista.  

Además, refuerza la aplicación de estas dos leyes que es la “carta” que ha sacado Ortega para “eliminar de la competencia a todo aquel candidato que considere una amenaza para sus intereses”.

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Guillermo Medrano, defensor de derechos y experto en temas de libertad de expresión, señaló que dicho Reglamento trata de abortar cualquier opinión o crítica al proceso electoral ya que nadie podrá exponer su opinión sobre la gestión de los funcionarios públicos.

Añade que el documento en vez de ser un elemento que genere y promueva la participación de la ciudadanía y de educación cívica, se convierte en un instrumento amenazante. Desde su punto de vista es como una “tajona que te la están enseñando”, ya que en todo el documento se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

“Casi ni podés opinar, cualquier ciudadano de a pie y que opine y que diga que el proceso (electoral) no se entiende puede ser acusado por delito electoral porque es tan general, tan ambigua que todo o cualquier persona puede ser acusado de delito electoral”, expone Medrano.

AMPLIA LISTA DE SUJETOS DEL REGLAMENTO

El artículo 2 de dicho Reglamento amplia la lista de sujetos que deben acatar dicha norma, esta vez incluye a comunicadores sociales, presentadores de programas. Medrano expone que lleva un elemento impositivo “para restringir las libertades públicas. Vía reglamento se imponen restricciones a las libertades públicas de instituciones y personas que nada tienen que ver ni participan en el proceso electoral”.

Un experto en temas de comunicación, que pidió omitir su nombre, explicó que resulta sospechoso que se incluya a los periodistas ya que el régimen de Ortega considera a los comunicadores como “enemigos y de esa manera los trata”, y hasta ha promulgado leyes para sancionar cualquier información que los perjudica como es la Ley de Ciberdelitos.

“El tema de los medios dentro del Reglamento en las circunstancias de Nicaragua, es un llamado de atención para los medios sobre el tipo y peso de sanciones que les podrían aplicar si en algún momento la Fiscalía Electoral considera que han violentado el Reglamento o la Ley”, expuso el experto.

En las elecciones del 2016, también hubo un intento por imponer un artículo similar, en la Gaceta del 21 de julio del 2016, en el artículo 1, en el acápite de objetos y sujetos, establecía que estaban sujetos a dicho Reglamento, los dirigentes, candidatos, fiscales, miembros y activistas de los partidos y alianzas políticas e incluía a “comunicadores sociales, propietarios, directores y presentadores de programas de comunicación social, sitios web y redes sociales”.

Esta disposición fue anulada el nueve de agosto, por medio de una certificación que firmó el secretario de actuaciones Luis Alfonso Luna, en la que dice: “Que el tema de Ética en asuntos electorales únicamente se regirá por lo señalado en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley Electoral. La presente disposición anula cualquier otra que se le anteponga”.

El entonces magistrado presidente del CSE, Roberto Rivas, uno de los primeros en ser sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, expresó que: “La libertad irrestricta de expresión es, ha sido, y seguirá siendo garantizada por el Estado de Nicaragua y sus instituciones”. Dicha declaración está registrada en un medio oficialista.

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El experto en temas de comunicación indicó que el contexto que se vive en diferente al del 2016, ahora la oposición está en peores condiciones y el Gobierno de Ortega ha decidido no escuchar a nadie. “Si ya aprobaron una Ley Electoral a su medida, si ya eligieron un Consejo Supremo Electoral a su medida y con las figuras que ellos quisieron, es difícil pensar que no van a aprobar e implementar un Reglamento Electoral a su medida”, opinó el experto.

MEDIOS A TENER CUIDADO

Otra de las preocupaciones está contenida en el artículo 5 de dicho Reglamento ya indica que toda propaganda impresa que se difunda en medios escritos, radiales y televisivos “deberá expresar el origen del financiamiento, conteniendo la identificación del partido o alianza de partido político o de personas naturales y jurídicas”.

Para Medrano este artículo está relacionado con la Ley de Agentes Extranjeros, pero considera que en todo caso quien tiene que explicar el origen de los fondos es el partido o alianza política al que el medio de comunicación le brinde el servicio.  Recomendó que los medios de comunicación deben de tener un respaldo, o sea un contrato con el partido o alianza.

Yader Loza del GPRE indicó que la pretensión es garantizar que los partidos y alianzas no están usando fondos del extranjero. Recordó que, en campañas electorales anteriores, se estilaba que se colocará el logo del partido. “Ahora te están pidiendo que vos tenes que poner en eso financiado por, allí quién sabe cómo lo irán a ver los partidos políticos”, reflexiono Loza.

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