En los últimos nueve meses al menos 30 campesinos nicaragüenses han sido asesinados. Ningún caso ha sido investigado, ni judicializado. Es parte de la represión sistemática y letal dirigida por el régimen para acallar al sector que desde el Movimiento Campesino ha desafiado al régimen, advierte estudio.

La represión del régimen contra el campesinado “ha sido sistemática, selectiva y letal”. Organismos defensores de derechos humanos han documentado al menos 30 asesinatos en el campo, aprovechándose de las condiciones de aislamiento y del limitado acceso a medios de comunicación social de este sector, lo cual garantiza impunidad para los autores y aumenta la vulnerabilidad de las víctimas.

El objetivo es “desarticular al Movimiento Campesino y evitar que se reorganicen y tengan capacidad para hacer escuchar sus propuestas, demandas y denuncias hacia la sociedad”, concluye la investigación Situación de Derechos Humanos de la Población Campesina.

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La investigación a cargo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pone de manifiesto la alta impunidad en casos de asesinatos: ninguno ha sido esclarecido y tampoco se han detenido a los responsables, patrón que se repite en las 328 personas asesinadas en los ataques a las protestas cívicas registradas desde abril de 2018.

30 ASESINATOS EN NUEVE MESES

Entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2019, el Colectivo Nunca Más ha registrado al menos 30 campesinos asesinados, de los cuales 22 ocurrieron en Jinotega (Ayapal 1, El Cuá 10, Wiwilí 5, San Rafael 2, San José de Bocay 4), dos en el municipio de Mozonte Nueva Segovia, uno en El Rama y uno de Río San Juan.

Tres de las víctimas se encontraban refugiados en Honduras y otro fue abatido en territorio costarricense por militares del Ejército de Nicaragua, sostuvieron las autoridades de ese país.

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“Es clave identificar que son campesinos la gran mayoría; todos eran opositores incluso algunos participaron en las fuerzas contrarrevolucionarias del primer gobierno sandinista, y la mayoría de estos asesinatos fueron en la zona conocida como el corredor de la guerra”, explicó el defensor de derechos humanos, Braulio Abarca.

En este sentido la investigación revela que tres víctimas eran funcionarios de alcaldías opositoras y miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad; cuatro más son identificados como comerciantes, uno era abogado; 11 tenían un reconocimiento político opositor y 2 familiares de estas víctimas también fueron asesinados.  Otros cinco miembros identificados como exmiembros de la Resistencia Nicaragüense.

DESPLAZADOS POR PERSECUCIÓN

Entre los hallazgos que destaca el estudio también sobresalen 65 casos documentados de campesinos obligados a desplazarse ante la persecución del régimen mediante la fuerza policial y grupos paramilitares.

La mayoría salieron después de julio de 2018 cruzaron la frontera de forma irregular caminando durante varios días, solamente con su cédula de identidad y la ropa que llevaban puesta como el señor Francisco Reyes, un campesino que caminó 12 días para llegar a Costa Rica.

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“Los campesinos refieren qué a pesar de haberse exiliado, sus familiares, amigos y vecinos les informan que la Policía y el Ejército siempre los llegan a buscar a sus casas y se mantienen vigilando sus propiedades. Llegan en motos o camionetas, con hombres, encapuchados, vestidos de civil y armados, a veces se quedan solo un momento y otras veces rodean las propiedades durante varias horas”, indica.

URGEN INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA

Ante esta grave situación violatoria de derechos humanos el Colectivo Nunca Más, solicitó a los organismos internacionales de derechos humanos: “realice investigaciones independientes y objetivas que permitan la búsqueda de la justicia de la población campesina mediante la creación de una Fiscalía Especial acompañada y asesorada de instancias internacionales, que dirija los procesos investigativos”.

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Así como que “urja al Estado de Nicaragua que, al vencerse el plazo de seis años que el gobierno acordó con las partes para demostrar capacidad para la construcción del Gran Canal Interoceánico y sus subproyectos, notifique el fin de la concesión y derogue la Ley 840 por tratarse de un mega proyecto que afectaría de manera irremediable los ecosistemas y los recursos naturales de la región afectada y de todo el país, y sobre todo la vida de decenas de miles de familias campesinas”, por las cuales son asesinados.

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