Rosario Murillo, advirtió este miércoles a los periodistas no oficialistas de estar publicando «noticias falsas» sobre temas de salud, con información de «falsos médicos y con falsos pronósticos», lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos.
«Falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas: noticias falsas», señaló la también primera dama, en una alocución a través de medios oficiales.
«Ya los hemos dicho, medios de comunicación que nosotros (Gobierno) llamamos chachalacos (aves bulliciosas), urracas parlanchinas, que se dedican a cantar únicamente malignidades, y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida, ayer decíamos: nadie es eterno, la vida de los seres humanos es de tránsito», dijo Murillo, esposa de Daniel Ortega.
LO QUE DICE LA LEY DE CIBERDELITOS
La controvertida Ley, que ha sido bautizada como «Ley Mordaza» o «Ley Bozal» por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la «seguridad del Estado».
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa («fakenews») e información tergiversada.
Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
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LAS CONSECUENCIAS POR «ALARMAR»
«A las chachalacas que disfrutan, disfrutan, hacer daño sobre los temas de salud, les decimos: ni pudieron, ni podrán, ¡cálmense!, ¿saben por qué? A esos chachalacos que disfrutan alarmando a la gente, ¿saben?, porque en la vida todo se paga, y si hacemos daño, daño nos llegará», continuó Murillo, también coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
«No nos expongamos a recibir las consecuencias de nuestras acciones, hagamos el bien para que el bien nos llegue a todos», agregó.
Decenas de médicos y periodistas han optado por el exilio desde que estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en abril de 2018, alegando supuestas amenazas o persecución de funcionarios o de simpatizantes sandinistas.
El pasado 25 de junio, Murillo cargó contra los periodistas a los que acusó de «inventar cualquier cosa para sembrar el terror», los tildó de «malignos», «hipócritas», «destructores», «criminales», «terroristas de la comunicación», y agradeció a Dios que van «quedando en unos cuantos miserables».
También señaló a los periodistas de que sus «plumas están llenas de odio» y que de esa misma forma los ve el Gobierno que preside su marido.
«Así los vemos y así los repudiamos», sentenció Murillo, para quien «las chachalacas, las urracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente».
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SIP: LA SITUACIÓN EN NICARAGUA ES EXTREMA
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el hondureño Jorge Canahuati, afirmó hoy a Efe en Madrid que «La situación en Nicaragua con respecto a la libertad de expresión ha alcanzado un nivel extremo».
La SIP hizo el martes un llamado «urgente» a organismos internacionales para «restaurar las libertades en Nicaragua», que, según concluyó una misión virtual de la organización con sede en Miami, es un «país sin ley y sin justicia».
El 20 de mayo último fueron allanadas las oficinas de la revista Confidencial y las instalaciones donde se grababan los programas televisivos «Esta Semana» y «Esta Noche», dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, que se exilió por razones de seguridad.
Más de 30 reporteros y editores han sido citados por la Fiscalía y se les consulta cómo consiguen información y cómo la difunden, de acuerdo con los testimonios recogidos por la SIP.
Para Reporteros sin Fronteras (RSF), Ortega es uno de los dirigentes que ha entrado en la lista de los «depredadores de la libertad» de prensa por su política de «asfixia económica» y «censura judicial» de los medios independientes.
