Señalada de corrupción, de ser el cerebro de la represión de abril de 2018 y de saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control del poder político, Rosario Murillo cumple este viernes dos años sancionada por Estados Unidos y se ubica como la principal candidata de las próximas medidas por parte de la Unión Europea.  

El 27 de noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra la que considera “copresidente de facto” de Nicaragua y el asesor de seguridad del régimen, Néstor Moncada Lau.  

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense destacó la “influencia” ejercida por Murillo sobre grupos que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de estar involucrada en prácticas de corrupción. 

“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder”, señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

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Rosario Murillo tiene prohibido ingresar a los Estados Unidos y hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses. Todos los “bienes”, “intereses” y cuentas bancarias de Murillo “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera”. 

DOS AÑOS CLAMANDO FIN DE MEDIDAS  

Desde abril de 2018 Estados Unidos ha sancionado al menos 23 funcionarios del régimen de Daniel Ortega, empresas y entidades gubernamentales por graves abusos de derechos humanos y actos de corrupción. 

Desde entonces, Ortega y Murillo han clamado a Estados Unidos el cese de estas “medidas coercitivas” y han pedido la “no injerencia” en los asuntos internos de Nicaragua. Sus intentos al enviar a operadores políticos a repetir ese discurso victimizante en foros y organismos internacionales no ha tenido efecto.  

Por el contrario, este martes el presidente Donald Trump prolongó una Orden Ejecutiva del 27 de noviembre de 2018 que declaró una emergencia nacional para hacer frente “a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos constituida por la situación en Nicaragua”. 

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Bajo esta misma Orden Ejecutiva, Rosario Murillo fue sancionada. Esta medida se prologa por un año más y con la toma del poder del presidente electo Joe Biden no se prevén cambios en la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua.  

Biden ha condenado la represión orteguista y ha manifestado su intención de abrir una Oficina Especial de Control de Activos que investigue y sanciones a corruptos en Centroamérica. Allegados al Partido Demócrata han dicho que la nueva administración “viene con una política dura” contra el régimen de Ortega y Murillo.  

“Vienen duros, eso sí te lo puedo decir, hay mucha gente, mucho hispano, que ya están en lo que va a ser el gabinete del Gobierno de Joe Biden, y es gente que conoce muy bien esas situaciones (conflicto de Nicaragua), y no están de acuerdo con lo que está pasando”, aseguró a EFE Leonel Teller, socio para América Latina de Gus West Government Affairs (GWGA), firma que brinda asesoría al Partido Demócrata y que cuenta con colaboradores que han trabajado en la Casa Blanca. 

La crisis en Nicaragua tras el inicio de unas protestas contra Ortega desde el pasado 18 de abril ha dejado al menos 329 muertos, de los que 24 son menores, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

MURILLO BAJO LA LUPA DE EUROPA 

La situación en Nicaragua también ha sido seguida de cerca por potencias como Canadá y la Unión Europea que también han emitido sanciones contra el régimen y sus funcionarios.  

En la política de Europa hacia Nicaragua se avizoran nuevas medidas y Rosario Murillo es la principal candidata a ser sancionada tras la aprobación del tridente de leyes que el régimen aprobó recientemente: La Ley de Agentes de Extranjeros, la “Ley Mordaza” (Especial de Ciberdelitos) y la imposición de la pena de cadena perpetua en el país.  

El Parlamento Europeo había advertido en octubre que, de aprobarse estas iniciativas, habría consecuencias e instarían a la Unión a utilizar “todos los recursos a su alcance” para reaccionar ante estas violaciones a las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense. 

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El eurodiputado José Ramón Bauzá lo tiene claro: las sanciones deben venir directamente contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus hijos.  

“Ortega y Murillo están decididos a continuar su escalada represiva en Nicaragua y ellos solo entienden de sanciones. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: suspensión Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo”, ha demandado el eurodiputado.  

El Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado de los 27 estados miembros de la Unión Europea, decidieron el pasado 12 de octubre renovar las sanciones impuestas a seis funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones de los derechos humanos. 

Los funcionarios sancionados son Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, ambos altos mandos policiales. 

Las medidas de la Unión Europea han sido replicadas por Suiza y el Reino Unido.  

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