Las sanciones de Estados Unidos a la Caja Rural Nacional de Nicaragua (CARUNA) es un duro golpe contra la institución estatal que ha permitido hasta ahora al dictador Daniel Ortega utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, sostienen analistas. 

Además de sancionar a CARUNA, Estados Unidos también sancionó la fiscal general, Ana Julia Guido, y al secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist. 

Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos dijo que al régimen de Ortega se le están agotando todas las posibilidades. 

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“Se les están cerrando los espacios porque el hecho que la Unión Europea haya declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero impide de que transacción de nicaragüenses en Europa y Estados Unidos sean bien vigiladas, entonces les cierran la última opción que tienen, CARUNA”, explicó Arteaga. 

CARUNA, EL REFUGIO DE PARTE DE LA FORTUNA ORTEGA-MURILLO 

El Departamento del Tesoro describe a la Caja Rural Nacional como una institución financiera que opera diferente a los bancos tradicionales, y que ha servido como herramienta para que Ortega desvíe 2.400 millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito.  

El exparlamentario y analista político, Eliseo Núñez, dijo que las sanciones son un golpe financiero a la economía del gobierno sandinista. 

“Aunque ya se esperaban esas sanciones y habían venido vaciando CARUNA, definitivamente todavía le genera una gran cantidad de problemas porque ahora CARUNA no va a poder conectarse con ningún banco fuera del sistema financiero nacional, porque le es imposible seguir operando”, dijo Núñez a la VOA.

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En el anuncio de las sanciones, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que “el régimen de Ortega continúa abusando de los recursos del Gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignora los reclamos de reforma del pueblo nicaragüense”. 

Desde diciembre de 2017, Estados Unidos ha sancionado a 24 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. Canadá y la Unión Europea también han dictado sanciones contra otros miembros de la administración de Ortega. 

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