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Sanciones a funcionarios del sector energético paralizaría planta de gas de New Fortress Energy en Nicaragua

Tras las sanciones anunciadas este lunes, la empresa estadounidense New Fortress Energy, que construye una mega planta en Puerto Sandino quedaría imposibilitada de hacer negocios con funcionarios orteguistas que manejan el sector.

Planta Gas Natural

Las sanciones anunciadas este lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra los tres principales dirigentes del sector energético de Nicaragua, paralizaría la ejecución del millonario proyecto de producción de energía y distribución de gas natural anunciado por régimen de Daniel Ortega, ya que la principal empresa inversionista, New Fortress Energy, es de capital estadounidense y ha estado negociando con ahora funcionarios sancionados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al presidente ejecutivo de Enatrel y ministro de energía y Minas, Salvador Mansell; José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y Rodolfo Francisco Gutiérrez López, gerente de la Distribuidora Eléctrica Disnorte-Dissur.

Según el sociólogo, economista y analista político Óscar René Vargas, las sanciones contra esos tres funcionarios de alto rango en el sector de la energía es un “claro mensaje a los inversionistas que están haciendo negocios con la dictadura” en ese rubro que ha resultado ser lucrativo para los “amigos” del dictador.

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“Yo creo que es también un mensaje directo a la empresa New Fortress Energy, porque es de capital estadounidense y ha entrado en negocios con los ahora sancionados. Ese proyecto, lo más probable, es que no va a poder continuar”, explica Vargas.

EL PROYECTO

La empresa estadounidense New Fortress Energy tiene previsto poner en marcha el un proyecto de conversión de gas natural en energía eléctrica por valor de 700 millones de dólares, en un momento en que Nicaragua es objeto de sanciones por la “farsa electoral” del 7 de noviembre.

La planta, ubicada en Puerto Sandino, León, tiene un avance de más del 80%. La empresa inversora, con base en New York, cotiza en la bolsa de valores.

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Según las especificaciones del proyecto, se trata de una inversión 700 millones de dólares y se prevé procesar un millón de galones de gas natural al día, producir 300 MW como parte de la interconexión la red eléctrica de Nicaragua y Centroamérica.

El departamento del Tesoro de EE.UU en su notificación oficial expone que las sanciones aplicadas contra los funcionarios del régimen Ortega-Murillo se aplican contra “quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

La normativa de la OFAC prohíbe, en general, prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con las personas sancionadas.

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Winnie Irizarry, Gerente Proyecto Nicaragua de New Fortress, en declaraciones a medios oficialistas recientemente dijo que “la negociaciones con la autoridades nicaragüenses fueron muy fáciles”. 

ESTADOS UNIDOS PRESENTE EN DIVERSAS ÁREAS DEL PROYECTO

La planta está siendo levantada cerca de Puerto Sandino, contiguo a la Subestación Sandino, “se escogió precisamente estar al lado de la subestación de ENATREL por la facilidad de interconectarse que nos ofrecen, tendremos acceso tanto a la red nicaragüense como a la del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y comercialmente para nosotros es una gran ventaja, ya que podemos vender energía a la red Centroamericana”, dijo en su momento Irizarry.

El proyecto prevé construir una terminal acuática para recibir el gas licuado desde Estados Unidos. Es decir, el negocio con empresas norteamericanas sería permanente porque contemplan importar gas natural constantemente.

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El economista Óscar René Vargas considera que las sanciones estadounidenses contra los operadores políticos y financieros de la dictadura van a seguir golpeando todos los sectores por donde el régimen se oxigena económicamente.

Luego de las votaciones en las que Ortega y Murillo impusieron su “reelección” y que fueran  calificadas como “ilegítimas y antidemocráticas”, la comunidad internacional ha repudiado al régimen y ha prometido seguir presionando en el campo diplomático y financiero, aplicando sanciones individuales.

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