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Reporte 505

Sanciones contra Ortega hacen tambalear proyecto energético New Fortress Energy en Nicaragua

La empresa de capital norteamericano teme perder su inversión en Nicaragua por las sanciones impuestas por EE.UU. al régimen de Ortega.

Planta GNL

La empresa de capital norteamericano New Fortress Energy, propietaria del proyecto de la planta generadora de energía a base de Gas Natural Licuado (GNL), que se construye en Nicaragua reconoció esta semana que las sanciones aplicadas por EE.UU. a funcionarios de Daniel Ortega ponen en peligro dicho proyecto, que podría no llegar a inaugurarse.

En un informe denominado “formulario 10Q”, que la empresa New Fortress Energy debe presentar de forma obligada cada tres meses ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, reconoce que uno de los mayores riesgos que enfrenta su millonaria inversión en Nicaragua es la aplicación de sanciones por parte del Gobierno norteamericano contra funcionarios del sector energético del régimen Ortega-Murillo.

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Las leyes federales de valores norteamericanas exigen que las empresas que cotizan en la Bolsa informen públicamente y de forma continua sobre su situación financiera y los riesgos que enfrenta esa inversión.

Es por ello que la empresa estadounidense se vio obligada a informar, en el tercer trimestre del presente año, que su inversión en Nicaragua de 700 millones de dólares, corre un serio riesgo de “perderse” tras las últimas sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

DESAFÍOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

La compañía dedicada a la generación de energía a base de GNL indica en su informe que “Nicaragua ha experimentado recientemente desafíos políticos y económicos” y pone de ejemplo que en el 2018, EE.UU. aprobó una legislación para restringir la ayuda al país centroamericano.

Agrega también que en los años 2018, 2019 y 2020, las autoridades gubernamentales estadounidenses y europeas “impusieron una serie de sanciones contra entidades e individuos asociados con el gobierno de Nicaragua”.

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El pasado 15 de noviembre, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de EE.UU. notificó de forma oficial que había incorporado a su “lista negra” al ministro de Energía y Minas (MEM), Salvador Mansell; al presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez; y a Rodolfo Francisco López Gutiérrez, Director-Gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR).

Los tres funcionarios sancionados están ligados al proyecto que desarrolla la empresa estadounidense en Nicaragua.

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Basados en esas medidas, New Fortress Energy argumenta que “si alguna de nuestras contrapartes se ve sometida a sanciones como consecuencia de estas leyes y reglamentos, de sus modificaciones o de cualquier otro tipo, podríamos enfrentarnos a una serie de problemas, como por ejemplo: tener que suspender nuestro desarrollo o nuestras operaciones de forma temporal o permanente”.

Asimismo, advierte que en los casos extremos podrían “no poder recuperar el tiempo y el capital invertidos o ser objeto de demandas, investigaciones o procedimientos reglamentarios cuya respuesta podría ser larga y costosa y que podría dar lugar a multas o sanciones penales o civiles”.

DISTURBIOS CIVILES

La empresa energética norteamericana agrega que otro peligro al que se enfrentan es que en Nicaragua “existe el riesgo de disturbios civiles, huelgas o disturbios políticos y no se puede predecir el resultado de tales disturbios”.

New Fortress Energy, con sede en Nueva York, es dueña de la filial “NFE-Nicaragua Development Partner”, que es la subsede que ejecuta la planta generadora en el país que proyecta generar 300 MW de energía que serían para abastecer a Nicaragua y para vender al resto de Centroamérica a través de Sistema de Interconectado Regional.

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La planta se construye en el municipio de Nagarote, con una estación acuática para recepción y almacenamiento de GNL en Puerto Sandino y está prevista a terminarse a finales del presente año para entrar en operaciones en el primer trimestre del 2022.

El contrato de compra de energía fue firmado por el ahora sancionado ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, en representación de Nicaragua.

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