Recientemente, ha tenido lugar una serie de acontecimientos que llaman a la reflexión: después de varios amagos, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retiró de la Coalición Nacional esgrimiendo como principal razón los conflictos internos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC); luego, el señor Mike Pompeo (Secretario de Estado de Estados Unidos) por alguna misteriosa razón tuvo a bien recordarnos que desde hace años la familia Alemán no es bienvenida en su país; después, la Representante Legal del partido mencionado nos informó que su CEN había sido de alguna manera declarado “ilegal y sin funciones”; y, finalmente, cierto aspirante a la presidencia de ese mismo partido, llamó a la celebración de una convención y pidió a Alemán renunciar a su condición de Presidente Honorario. 

Los hechos anteriores empiezan a adquirir sentido si uno tiene presente que tanto la Alianza Cívica, en la que predominan los intereses del gran capital, como Washington, que recientemente habló por la boca de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Resolución del 21 de octubre, están por la celebración de elecciones en las que alegremente participe, con candidatos y desde el poder, la pandilla de Ortega. Algo que, desde luego, hace feliz al dictador quien, haciéndose el renuente, de seguro prepara cuidadosamente seleccionadas “concesiones” que, aún en el dudoso caso de ser estrictamente implementadas, le permitirían mantener un  importante grado de incidencia sobre el desarrollo y resultados del proceso.

Lo anterior no es incompatible con la suposición de que, por su parte, tanto la oposición “pragmática” – esa que acepta la participación de la pandilla en las elecciones- como Washington, su aliado, tienen por objetivo común el que, como secuela de los comicios, Ortega efectivamente pierda el control absoluto del Ejecutivo y el Legislativo que actualmente posee, sin por ello dejar de conservar una nada despreciable cuota de poder. Eso sí, que no le otorgue la capacidad de atentar seriamente contra los intereses y autonomía de la dirigencia opositora o de constituirse en un problema geopolítico para los Estados Unidos, pero que lo ponga a salvo, junto con sus secuaces, de los tribunales de justicia.

Para lograr dichos  objetivos, los aliados necesitan trabajar en dos frentes; por una parte deben ejercer sobre el dictador las presiones que inicialmente lo obliguen a negociar ciertas “concesiones”, y luego, a lo largo del proceso electoral y en un grado que juzguen aceptable, a hacerlas efectivas. Por la otra, precisan impulsar el surgimiento de una alianza opositora que sea atractiva y confiable a los ojos de la inmensa mayoría de nicaragüenses que repudia a la dictadura. De esa manera se asegurarían de que, ni se produzca una abstención masiva, como en 2016, ni se vaya a dividir el voto de rechazo a la pandilla.

Para esto último tienen dos alternativas. O promueven que dicha alianza participe a través de una nueva y propia casilla electoral que tendría que ser otorgada por el CSE que esté vigente, o bien que lo haga usando la casilla asignada, o por asignar, a alguno de los partidos actualmente existentes que pertenezcan a ella. En el primer caso, sería difícil evitar que la nueva casilla naciera bajo la sombra de una desconfianza generalizada, lo cual de seguro resultaría en un importante grado de abstención; en que alguna otra casilla atrajera a un número significativo de votantes; o ambas cosas. Por lo que, a mi juicio, esta alternativa no  es muy halagüeña.

Por consiguiente, la alternativa idónea que le quedaría a los aliados sería la de presionar para que la alianza utilice la casilla electoral de alguno de los partidos que la integren, el cual, consecuentemente, pasaría a encabezarla.  Pero, desde luego, no un partido cualquiera: yo estoy convencido de que los aliados, en principio y realistamente convendrían en que sólo hay dos partidos a ser tenidos en consideración a la hora de decidir quien desempeña ese papel. Y esos son los CxL (Ciudadanos por la Libertad) y el PLC. Colocados en esa disyuntiva, no tengo dudas de que sin muchas vacilaciones se inclinarían por la opción de que sea CxL el designado para encabezar la alianza; esto se desprende de la clara comunidad de intereses económicos y políticos existentes entre los sectores predominantes en las dirigencias de la Alianza Cívica y CxL, quienes además tienen vínculos con grupos políticos ligados a Washington. 

Pero no por ello conviene menospreciar al PLC pues, pese a sus debilitadas estructuras organizativas y el desprestigio en que lo ha sumido el grupo que encabezan Arnoldo Alemán y su familia, hay numerosos pobladores que se sienten liberales y añoran días mejores. Y he aquí por fin lo que a mi juicio explica los acontecimientos que mencioné al inicio de este escrito: ellos reflejan el esfuerzo que los aliados están haciendo para reducir al mínimo, si no totalmente eliminar, el control absoluto que la familia Alemán y sus cómplices cercanos han tenido sobre las decisiones de ese partido; para de esa forma convencer a sus alguna vez simpatizantes, o al menos votantes,  de que está en camino de dejar de ser un apéndice bien recompensado del Frente, por lo cual se le puede y debe apoyar.

Tras alcanzar el nivel de depuración que los aliados juzguen adecuado, el PLC sería bienvenido a la alianza electoral que eventualmente encabezaría CxL, y este acontecimiento sería aclamado como la unificación electoral de los nicaragüenses, particularmente la de aquellos que en 2006 se dividieron, haciendo que el poder de Ortega se tornara absoluto. Y a propósito: si en verdad estos son sus planes, la alianza y sus mentores deberán ser extremadamente cuidadosos cuando seleccionen sus candidatos, no vaya a ser que Ortega se les coja el mandado, como lo hizo en 1990 y a posteriori…

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