Los familiares de los presos políticos reiteraron este lunes que persiste el deterioro físico y psicológico así como las violaciones a los derechos de los detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «Nuevo Chipote», luego de que entre el 21 y 23 de enero, el régimen permitió una nueva visita.
Los familiares demandaron el «cese de interrogatorios con trato inhumano», ya que «los llevan amarrados fuertemente con bridas en las manos, con la cabeza hacia abajo y en ausencia de sus abogados».
A los familiares preocupa particularmente la situación de Roger Reyes, José Pallais, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgard Parrales y Juan Lorenzo Holmann. En el caso de Pallais habría perdido hasta 90 libras de peso y debido a su «estado de debilidad física» sufre constantes desmayos.
El exembajador Mauricio Díaz también ha sufrido desmayos en dos ocasiones, presenta mancha en su piel y lagunas mentales. Por su parte la activista Violeta Granera sigue perdiendo piezas dentales, por lo que se le dificulta comer y tiene manchas rojas en la cara por falta de sol, dicen familiares. Edgar Parrales carece de intestino grueso, presenta mareos, tiene una hernia y habría perdido 16 libras en 63 días.
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Mientras que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann presenta una mancha en un ojo, una inflamación en la ingle, problemas de próstata y también ha sufrido de desmayos.
«Reafirmamos nuestra profunda preocupación por las condiciones en que les mantienen y que están provocando daños irreversibles tanto físicos como psicológicos», explicaron los familiares.
RÓGER REYES SIGUE EN CONDICIÓN GRAVE
La salud del abogado Roger Reyes, según denunciaron, «sigue siendo grave» ya que persisten los síntomas de depresión, ansiedad y pérdida de la memoria. El preso político aún no recibe la atención de un psiquiatra a pesar de que lo han solicitado en múltiples ocasiones.
«Debe ser atendido por un especialista y que se le respeten sus derechos humanos», demandan.
También piden el cese del aislamiento en contra de Suyén Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Miguel Mendoza y Támara Dávila, quien continúa en una celda sellada «y nunca la han sacado al patio».
«Cese inmediato de la reclusión en celdas de castigo de 2×2 metros, selladas sin
posibilidad de ver o ser vistos desde el exterior, sin ventilación y con luces
encendidas las 24 horas, en las que se encuentran Irving Larios, Miguel Mendoza,
Roger Reyes y Yader Parajón», insisten.
Manifestaron que los presos políticos están en «indefensión absoluta» ya que sus juicios están suspendidos de facto, alegando carga laboral, vacaciones o “decisiones por fuerza mayor” sin justificación.
Los detenidos no se han reunido con sus abogados y continúan los interrogatorios en ausencia de sus defensa, a eso se suma que todas las peticiones que presentan los abogados son denegadas o no resueltas.
«Sus causas continúan sin aparecer reflejadas en el sistema del Poder Judicial con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión», indicaron los familiares.
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Por eso explicaron que su lucha diaria y su demanda colectiva fundamental es que tanto al Estado de Nicaragua, el Poder Judicial, como a la DAJ los ponga en libertad inmediata, incondicional y con garantías para todos nuestros familiares, así como para todas las personas presas políticas.
QUITAN PENSIONES Y PERSISTE DETERIORO FÍSICO
En el caso de Víctor Hugo Tinoco, Irving Larios y Dora María Téllez, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), les quitó su pensión por lo que los familiares tienen que asumir todos los costos, lo cual pone «mayor peso económico en sus familias, que en algunos casos están teniendo que hacerle frente a tratamientos médicos de alto costo».
A nivel general, todos los detenidos continúan presentando deterioro físico y psicológico debido a la mala alimentación, falta de exposición al sol, aislamiento e incomunicación.
«Sus celdas permanecen custodiadas permanentemente por policías, impidiéndoles, a través de amenazas, la comunicación. Se siguen proporcionando medicamentos sin tener una evaluación médica especializada apropiada», añadieron.
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Finalmente, exigen al régimen respete el derecho a visitas semanales como había sido estipulado durante las audiencias iniciales en cada caso.
Otras de las demandas es que las autoridades permitan el ingreso de cartas y fotografías, así como la posibilidad de llamadas telefónicas de familiares que no les pueden visitar. El cambio de medida cautelar a arresto domiciliar a las personas de la tercera edad y el cese de interrogatorios.
