La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se mostró este lunes preocupada por «el nuevo uso indebido, ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua» dará a las rotativas e instalaciones del diario La Prensa, tomado por el Gobierno en agosto de 2021 y que desde entonces se publica de forma digital fuera del país centroamericano.
La organización hemisférica, con sede en Miami (Florida, EE.UU.), señaló que el régimen de Ortega quiere utilizar las prensas y rotativas del diario para abrir «un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental».
«El Gobierno ahora está contratando personal que trabajaba para la empresa, debido a su conocimiento especializado en el uso de las prensas y demás equipos de producción del diario y de la imprenta comercial», agregó la SIP en un comunicado.
«Alarma que, además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos», dijo el presidente de la institución, Michael Greenspon.
«No nos sorprende la naturaleza de un régimen que encarcela a periodistas por delitos inventados, fuerza al exilio a periodistas y que ha confiscado bienes e inmuebles para su beneficio», agregó el director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario The New York Times.
«Este es un nuevo intento para usar la maquinaria propagandística y las mentiras con el fin de seguir creando su propia narrativa para engañar al pueblo», dijo por su parte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, quien es director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina.
La organización reiteró hoy que deben ser liberados Juan Lorenzo Holmann, gerente general de La Prensa, y los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, sentenciados con penas carcelarias.
De igual modo, exigió a Ortega que anule las sentencias de Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio de La Prensa, y del periodista Jaime Arellano, condenados a 8, 9 y 13 años, respectivamente.
Asimismo, al igual que lo hace con La Prensa, la SIP reiteró la solicitud para la devolución de los medios Confidencial y 100 % Noticias, ambos confiscados en 2018 y a pesar de que el artículo 14 de la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación de bienes e inmuebles.
Recuerda la SIP que la tasación de los bienes usurpados a La Prensa, en cuya sede el Gobierno de Ortega ha instalado un centro cultural y politécnico, llega a los 20 millones de dólares estadounidenses.
Las sedes de Confidencial y 100 % Noticias fueron de igual modo convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.
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El más reciente Índice Chapultepec de la SIP muestra a Nicaragua en el último lugar de 22 Estados en materia de libertad de prensa.
El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la SIP.
