La negativa de la dictadura para permitir el ingreso a Nicaragua al Grupo de Expertos creado por el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar los abusos cometidos desde abril de 2018, no va a impedir que realicen su mandato porque contaban con el “no” de Daniel Ortega desde antes que fuera constituido.  

Así lo afirma Tania Agosti, asesora legal del Instituto Raza e Igualdad en Ginebra, Suiza. 

En el Consejo de Derechos Humanos Raza e Igualdad ha presionado por la creación de un Grupo de Expertos sobre Nicaragua que investigue las violaciones de derechos humanos cometidos desde 2018 y prepare la evidencia para futuros procesos de justicia. Eso se logró en marzo con la aprobación de una contundente resolución para designar a tres expertos que ya empezaron a trabajar. La dictadura les ha notificado oficialmente que no les dará entrada a Nicaragua y Agosti critica la insostenible narrativa de las autoridades. 

“¿Cómo es posible que por un lado estés diciendo que son informe parcializados y por otro lado no permites ningún tipo de entrada para también tener la información oficial?”, dice en esta entrevista con DESPACHO 505

Aun así, está convencida de que los expertos sabrán cumplir con su mandato porque “el Grupo nació bajo la premisa de saber que el trabajo lo iban a realizar desde la distancia”. 

El Grupo de Expertos sobre Nicaragua fue creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y designado por su presidente el embajador argentino Federico Villegas, quien aparece en la foto acompañado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

El pasado jueves Agosti participó en la Actualización Oral sobre Nicaragua que brindó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la Alta Comisionada Michelle Bachelet.  

La crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 se profundiza y ahora afecta principalmente a las organizaciones de la sociedad civil. “Hay un deterioro del espacio cívico”, advierte. 

El pasado jueves el Consejo de Derechos Humanos recibió una actualización de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre la crisis en Nicaragua, sabemos que la represión del régimen es continua, pero ¿qué es lo nuevo que podría destacar? 

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Quizás lo nuevo es que no es nuevo. Ha sido como una continuación de las preocupaciones por la preocupante situación de Nicaragua. Hay un deterioro de la situación de derechos humanos, principalmente en el espacio cívico con las cancelaciones de personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil; una ley que restringe aún más la financiación a las organizaciones; sigue la preocupación por las personas privadas de libertad por motivos políticos. La novedad es que sigue el deterioro y la preocupación.  

La Alta Comisionada alertaba de una migración inédita, sin precedentes, de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en esa fuga masiva la represión del régimen? 

Es un punto que no se ha tratado de manera tan contundente en otras actualizaciones y en este caso ha tenido un peso mayor.  

Desde la década de los ochenta no se veía un éxodo masivo de estas dimensiones de nicaragüenses al exterior. Hay un impacto de la crisis sociopolítica en los derechos económicos, la represión está incidiendo.  

Hay personas a las que no se les está respetando su derecho al asilo. Hay retirada de pasaportes para evitar la salida de nicaragüenses, como defensores que son invitados a participar en foros internacionales.  

Tania Agosti, asesora legal en Ginebra, Suiza, del Instituto Raza e Igualdad.

La postura de la dictadura siempre es la misma. Ataca los informes diciendo que son politizados, parcializados, pero la Alta Comisionada pide información a las autoridades, ofrece su asistencia técnica, pero no la aceptan. ¿Cómo valoran esa postura del régimen? 

Hay una falta de voluntad de parte del Gobierno de implementar las recomendaciones, de cooperar con el sistema de la ONU y el sistema regional de derechos humanos. Avalados por esa “no injerencia”. Piden que debe estar involucrado el país concernido, pero no hay ninguna voluntad de cooperar. Eso ha sido muy de manifiesto y muy documentado. ¿Cómo es posible que por un lado estés diciendo que son informe parcializados y por otro lado no permites ningún tipo de entrada para también tener la información oficial? Eso no se entiende.  

Pero, la comunidad internacional es muy clara en entender eso y eso ha sido uno de los factores importantes a la hora de tener una resolución tan contundente como la recién pasada que mandata crear un Grupo de Expertos que analice la situación.  

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A propósito del grupo, esta semana conocimos que el régimen había notificado oficialmente su negativa de permitirles el ingreso al país. ¿Cómo valoran esta decisión desde el instituto Raza e Igualdad y qué impacto puede tener? ¿Qué esperar del trabajo de estos expertos aún con todas estas limitaciones? 

Desde el mismo momento en que se creó y se estableció el Grupo de Expertos se tenía claro de que Nicaragua no los iba dejar entrar. El Grupo nació bajo la premisa de saber que el trabajo lo iban a realizar desde la distancia. Este Grupo opera sobre la base de que no va a poder entrar a Nicaragua y tiene la expertis para desarrollar su investigación. Una investigación que detalle los hechos, las circunstancias, que pueda ir identificando a los perpetradores, que analice las causas estructurales de por qué se ha llegado a esta situación en Nicaragua.  

Desde Raza e Igualdad entendemos y hemos empujado mucho este tema porque estamos claros que, para salir de esta crisis, de una situación de impunidad y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos se necesita derecho a la verdad, reparación y no repetición. Todo esto pasa por saber qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, tener las bases y evidencias preparadas para que cuando llegue el momento de justicia tenga en cuenta todas las afectaciones.