La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes al Gobierno de Nicaragua por sacar adelante la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que, según la entidad regional, «criminaliza las actividades de organizaciones dedicadas a supervisar y promover la libertad de expresión».
En una resolución, la SIP, que concluyó ayer su reunión de medio año, señaló que la mencionada ley «criminaliza» además «la participación ciudadana, la libertad religiosa, el derecho de asociación y los derechos humanos».
Entre sus consideraciones, la SIP, con sede en Miami, cita a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la ONG sueca We Effect, y el capítulo Nicaragua de Pen International, que pusieron fin a sus actividades para evitar represalias oficiales por recibir aportes financieros del exterior.
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En enero pasado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como «agente extranjero» ante el Ministerio de Gobernación.
La ley de agentes extranjeros, bautizada como «Ley Putin» por la oposición, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en «cuestiones, actividades o temas de política interna».
Promovida y aprobada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), esa ley ha recibido el rechazo de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la oposición local y las ONG de Nicaragua.
Tal legislación clasifica como «agente extranjero» a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad «que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua», según el texto.
Establece que los clasificados como «agentes extranjeros» no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.
La SIP consideró además que varios Gobiernos han levantado las banderas de no injerencia para bloquear todo tipo de ayuda extranjera a organizaciones supervisoras y promotoras de los derechos humanos y de libertad de expresión, como en Venezuela con la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, de 2010.
También, señaló a Cuba, donde, expuso, se condena por «mercenarismo» a aquellos periodistas independientes que puedan recibir salarios financiados desde el extranjero.
En su resolución, la organización interamericana alertó asimismo «por el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades».
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El pasado miércoles, un informe durante la reunión semestral de la SIP expuso que la libertad de prensa en Nicaragua «ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018, cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía» Nacional.
Desde entonces, señaló el informe, se ha encarcelado a periodistas, enjuiciado a otros, hostigado y robado equipos a reporteros, embargos a medios de comunicación críticos al Gobierno de Daniel Ortega, y aprobado leyes que buscan controlar a la prensa.
