A través de donaciones de diferentes organizaciones, la UNAB comprará pruebas de Covid-19 para nicaragüenses varados en la frontera y serían aplicadas por un laboratorio de Costa Rica.  

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) anunció que ha obtenido una primera donación para la compra de pruebas de Covid-19 para nicaragüenses que se encuentran varados en la frontera de Peñas Blancas a quienes el régimen de Daniel Ortega niega el ingreso al país desde el 18 de julio.  

“Se contactó a un laboratorio que tiene la capacidad y la disposición de viajar hasta Peñas Blancas para la toma, el procesamiento y la entrega de las pruebas de Covid-19, así como para la certificación por parte del Gobierno de Costa Rica”, indicó la UNAB en un comunicado.  

La organización opositora logró ya una primera donación de US$5,000 que serían utilizados en la compra de unas 70 pruebas y agrega que “se está trabajando en nuevas gestiones para lograr los fondos para hacer la totalidad de las pruebas”.  

Centenares de nicaragüenses, incluyendo mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños, permanecen varados desde hace 11 días en Peñas Blancas durmiendo en el suelo bajo sol y lluvia. Aunque ya están en territorio nicaragüense, antimotines les niegan el paso.  

El régimen exige que deben presentar una prueba negativa de Covid-19 negativa realizada con al menos 72 horas previo a su ingreso al país. Los varados no cuentan con la prueba puesto que decidieron volver tras quedar desempleados y sin recursos económicos. Han demandado al Minsa que se les aplica la prueba gratuitamente, pero la respuesta del régimen es que deben pagar 150 dólares por prueba.  

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HERMETISMO ORTEGUISTA CON DONACIONES DE PRUEBAS 

El régimen cuenta con decenas de miles de pruebas para Covid-19 obtenidas por donaciones que ha hecho la OPS, Taiwán y el BCIE. Sin embargo, hasta ahora el Minsa no ha informado cuántas se han aplicado, ni tampoco existe disponibilidad para que éstas sean utilizadas para resolver la crisis humanitaria por la que pasan los migrantes nicaragüenses varados en el mundo, como lo hacen otros gobiernos en la región. 

“Debería ser responsabilidad del gobierno de Nicaragua implementar esas pruebas. En el caso de estas pruebas que como UNAB vamos a aplicar y que se están gestionando serán pagadas a un precio menor, pero serán pagadas. Nuestra voluntad es que este y todos los grupos de nicaragüenses puedan regresar al país de la manera más expedita”, comentó Ana Quirós, especialista en políticas públicas de salud e integrante de la UNAB.  

Por su parte, Violeta Granera reiteró que “la primera responsabilidad la tiene el régimen de Nicaragua, pero lo más importante es este momento son las personas y no hay forma de desatender esta crisis”. 

UN CORREDOR HUMANITARIO 

La UNAB informó que mantenido contacto con organismos internacionales para solicitarles su apoyo y sus gestiones en el ámbito regional y con las autoridades nicaragüenses, para que definan protocolos de acompañamiento a la población migrante que decida emprender el retorno de manera voluntaria.  

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En estos protocolos, dice la UNAB, se debe incluir el cumplimiento de los requisitos de la dictadura de Nicaragua, “aunque éstos sean inconstitucionales e ilegítimos”. 

Asimismo, han solicitado que el establecimiento de un corredor humanitario en la región, esto con el objetivo de que se facilite el retorno de personas a sus países, en condiciones humanas y dignas. 

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