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Unión Europea sanciona a Camila y Laureano Ortega, la Policía, el CSE y Telcor en vísperas de autoinvestidura

Los nuevos sancionados por el Consejo de la Unión Europea son miembros de la familia Ortega – Murillo, la Policía Orteguista, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.

El Consejo de la Unión Europea sancionó este lunes a siete funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y tres instituciones, en vista del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Los nuevos sancionados son miembros de la familia presidencial, la Policía Orteguista, el Consejo Supremo Electoral, la Superintendencia de Bancos y Telcor.

Este 10 de enero, cuando faltan horas para el acto de autoinvestidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Consejo anunció sanciones contra los hermanos Camila y Laureano Ortega, los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell, así como sobre Nahima Díaz, hija del jede de la Policía Francisco Díaz; y del titular de la Superintendencia de Bancos Luis Ángel Montenegro.

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Las personas señaladas son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el menoscabo de la democracia y el Estado de derecho.

Las sanciones de la Unión Europea ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades.

Según la resolución del Consejo, las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.

El 8 de noviembre de 2021, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad emitió una declaración en nombre de la UE en la que subrayaba que las elecciones celebradas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 habían tenido lugar sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad. Declaró que el gobierno nicaragüense había privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

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