El Gobierno de España ha recibido 70 solicitudes de nacionalidad de nicaragüenses a los que el régimen de Daniel Ortega dejó apátridas. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo a DESPACHO 505 que ese número de personas iniciaron el proceso de tramitación.
Desde el 9 de febrero la dictadura ha despojado de la nacionalidad a 316 personas, entre líderes de la oposición, excarcelados políticos, directivos de medios de comunicación y defensores de derechos humanos. Según Exteriores de España, el proceso es “totalmente voluntario” y no es necesario que el ciudadano resida en España para adquirir la ciudadanía.
“Y si alguna de las personas quisiera venir a residir en España, el Gobierno de España intentará ayudar a esas personas en la medida de lo posible”, dijo la institución a este medio.
España fue uno de los primeros países que ofreció la nacionalidad a los apátridas nicaragüenses, primero a los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero y luego a los 94 ciudadanos declarados traidores a la patria y prófugos de la justicia.
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“El mismo día que tuvimos noticia de que había esa pena infamante de apátrida, ofrecimos la nacionalidad española”, declaró en su momento el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien extendió el ofrecimiento a “cualquier otro nicaragüense que pueda verse afectado por la decisión del presidente de Nicaragua”.
El ministro Albares ha expresado en otras ocasiones que “España es su casa, como lo es de todos los que defienden la libertad y la democracia”.
Entre los 316 desterrados se encuentran siete exaspirantes a la Presidencia de la República que intentaron competir con Ortega en las elecciones de noviembre de 2021. También integran la lista sacerdotes, empresarios, estudiantes, campesinos, feministas, activistas de derechos humanos, periodistas, empresarios, disidentes sandinistas, opositores y comerciantes.
A todos los inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección y los despojaron de sus derechos ciudadanos. También han sido borrados del Registro Civil de las Personas.
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Recientemente, el Senado de España, a petición del Partido Popular, planteó la posibilidad de expulsar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (Ada) de la Unión Europea-Centroamérica, y más sanciones individuales a funcionarios de la dictadura.
La petición se dio a inicios de este mes, luego de la declaración de traidores de la patria del grupo de 317 ciudadanos, incluido monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, de quien se desconoce si situación en la cárcel del Sistema Penitenciario Jorge Navarro.
El religioso fue condenado por la justicia orteguista a 26 años de cárcel y despojado de su nacionalidad.
