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    «Víctimas de Abril» acusa a Ortega de una «guerra biológica» en Nicaragua

    El Minsa sostiene que la pandemia ha contagiado a 1.464 personas y matado a 55. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, reportó, hasta la semana pasada, un total de 4.217 pacientes y 980 fallecidos.

    El Minsa sostiene que la pandemia ha contagiado a 1.464 personas y matado a 55. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, reportó, hasta la semana pasada, un total de 4.217 pacientes y 980 fallecidos.

    La Asociación Víctimas de Abril (AVA) acusó este miércoles al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de aprovechar la pandemia de COVID-19 para imponer una “guerra biológica” contra los impulsores y seguidores del levantamiento antigubernamental de 2018.

    AVA basó su acusación en lo que consideró que es una ausencia de orientaciones de Ortega para detener la propagación del coronavirus SARS-coV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, así como en la promoción gubernamental de actividades de concentración humana.

    “Ahora vemos que se están cumpliendo prácticamente los planes de querer silenciar, a través de esta pandemia, las expresiones sociales, de descontento, es un plan orquestado y macabro”, dijo a Efe el miembro de AVA Rodrigo Navarrete, quien lleva casi un año exigiendo la libertad de su sobrino, Jaime Navarrete, considerado “preso político” de Ortega.

    En una carta pública, AVA argumentó que “el estado de terror implantado por la dictadura no ha logrado acabar con la protesta social ni las demandas de justicia, democracia, libertad y verdad. Por eso, en esta nueva etapa, su estrategia de neutralización del movimiento social se ha transformado en una ‘guerra biológica’, para el exterminio de la lucha sociopolítica en contra de la dictadura”.

    Navarrete explicó que el objetivo de Ortega supuestamente se evidencia en que “no ha habido una orientación oficial o medidas, sobre el riesgo o las indicaciones sanitarias de esta pandemia, para la población en general, el Gobierno ha ocultado información y ha estado mintiendo sobre las condiciones del sistema de salud para enfrentarla”.

    Las autoridades sostienen que la pandemia ha contagiado a 1.464 personas y matado a 55. El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, compuesto por una red de médicos y voluntarios, reportó, hasta la semana pasada, un total de 4.217 pacientes y 980 fallecidos.

    Ante los reclamos de una estrategia para enfrentar la pandemia, el Gobierno de Ortega insiste en que la tiene, y que se asemeja a la que hasta hace poco sostenía Suecia, sin suspender clases ni establecer ningún tipo de restricciones, y con medidas de prevención social limitadas.

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    OTROS ARGUMENTOS

    Otro argumento de AVA es que las autoridades promueven “actividades masivas de contagio entre sus mismas filas y entre la población en general, evidenciando su desprecio por la vida de los nicaragüenses».

    Igualmente remarcó que las autoridades permanecen “amenazando y prohibiendo al personal de salud el uso de los materiales de protección en el tratamiento a los pacientes, exponiendo al contagio al personal de primera línea”.

    También le acusó de cambiar “las causas de muerte en las actas de defunción”, realizar “entierros exprés a altas horas de la noche”, de negar “el derecho a los familiares de los pacientes a conocer los resultados de las pruebas de COVID-19″, y echar “al personal de salud que se ha atrevido a denunciar la falta de condiciones de protección”.

    De la misma manera acusó al Gobierno de “negar el ingreso de donaciones de material de protección para personal de salud”, “criminalizar la solidaridad”, desoír los «reiterados llamados por la libertad de los presos políticos”, y “negar la pandemia para evitar adoptar medidas sanitarias y económicas de protección, alivio y ayuda, a los diferentes sectores sociales”.

    Navarrete afirmó que, en el caso de los “presos políticos”, los carceleros supuestamente se encargan de que estos no obtengan las mascarillas, alcohol gel y otros materiales que les llevan sus familiares para protegerse de la COVID-19.

    Como consecuencia, al menos 45, de más de 90 “presos políticos”, han presentado síntomas de COVID-19, y al menos uno de ellos fue trasladado de emergencia a un hospital, recordó Navarrete.

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