El 2020 terminó como uno de los peores de la última década para las mujeres en Nicaragua. La violencia machista dejó un saldo de 71 nicaragüenses asesinadas y más de cien sobrevivientes de agresiones criminales.
El número de mujeres víctimas de feminicidio en 2020 superó en ocho a las 63 de 2019. De hecho, desde 2011 la cantidad de víctimas no llegaba a 70, de acuerdo con los registros del organismo Católicas de Nicaragua por el Derecho a Decidir que a lo largo del año lanzó un sinnúmero de alertas sobre el incremento de la violencia contra las mujeres y niñas, y demandó que se tomaran acciones desde el Estado.
El informe detalla que once de las 71 asesinadas eran menores de edad (cinco niñas de entre uno y 12 años, seis adolescentes de 13 a 17 año). La mayoría de las víctimas (35) eran mujeres de entre 18 y 34, otras 21 tenían entre 35 y 59 años, y cuatro eran mayores de 60 años. Además, reporta al menos 115 mujeres sobrevivientes de agresiones que la organización clasifica como “feminicidios frustrados” y al igual que en el caso de los asesinatos, la cantidad superó los 72 casos reportados en 2019 y los 76 de 2018.
Como producto de los feminicidios, en 2020 al menos 88 menores quedaron en la orfandad, los cuales se suman a 65 reportados en 2019 y 87 en 2018.
PAREJAS Y EXPAREJAS, PRINCIPALES FEMICIDAS
Del total de mujeres asesinadas, 22 fueron víctimas de sus parejas, 15 de hombres conocidos, otras 15 de desconocidos, siete murieron a manos de sus exparejas, a tres las mataron sus hijos, a dos sus padrastros y a 5 otros familiares. En dos casos no se pudo determinar la relación con el agresor, refirió el informe.
Católicas por el Derecho a Decidir señaló que los asesinatos de mujeres en Nicaragua no siempre encuentran justicia, ya que hasta ahora el número de agresores sentenciados, 22 en total, apenas supera el 30 %, y otros 12 continúan en proceso judicial.
Del resto de agresores, según el informe, 17 continúan impunes, nueve autores se suicidaron, dos están prófugos dentro del país, uno fue absuelto, mientras que ocho huyeron al exterior, de los cuales seis salieron sin ser acusados, uno lo hizo para fugarse, y uno salió a pesar de tener un proceso judicial en su contra.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han insistido en exigir “mano dura” contra la violencia machista, pero también han criticado la imposición de la pena de cadena perpetua como parte de la solución, ya que esta fue anunciada tras el asesinato de dos hermanitas en Mulukukú, en septiembre de 2020.
“Establecer cadena perpetua no va educar, no va a prevenir la violencia; tenemos una ley que es muy buena, que es la Ley 779, y que no la han aplicado. Si ésta la hubiesen aplicado desde un inicio hubiésemos evitado muchas muertes”, cuestionó en su momento la defensora Martha Flores de Católicas por el Derecho a Decidir.
En el mismo tono, Maricé Mejía ha dicho que el incremento de la violencia contra las mujeres es producto del predominio de una “sociedad desigual, machista y violenta” y de influencia de las múltiples crisis que atraviesa el país, como la pandemia de coronavirus, el deterioro de los derechos humanos y la crisis sociopolítica. De ahí que ha mostrado preocupación por el beneficio de libertad que el Estado ha dado a miles de reos comunes desde 2018, incluidos agresores sexuales y femicidas.
Desde el Estado no ha habido ninguna reacción a los planteamientos y alertas que hacen las defensoras. Por el contrario, estas señalan a las autoridades de minimizar la magnitud del problema al amparo de la reforma a la Ley 779 que solo reconoce como femicidio cuando existe vínculo de pareja entre víctima y victimario y, por tanto, su conteo de femicidios es abismalmente menor.
En agosto pasado, cuando en las organizaciones de mujeres contabilizaban 44 femicidios, la Policía solo reportaba 12. El informe sobre la atención desde las reactivadas Comisarías de la Mujer reveló más bien que la mediación sigue siendo la principal “solución” a las denuncias de violencia machista.
Con información EFE
