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Violencia machista recrudece a vista y paciencia del Estado

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos son las únicas en reconocer la gravedad del incremento de los crímenes contras mujeres y niñas, mientras que las instituciones se limitan a abrir procesos de investigación sin atender el problema de raíz.

Por Edith Pineda | Julio 27, 2021
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La impunidad es el denominador común en la mayoría de los femicidios que ocurren en el país.

La madrugada del 22 de julio, fueron encontrados los cuerpos de Luz Marina González y Dayiris Boniche, madre e hija, propietarias de una finca en la comunidad Kurinwas, en Mulukukú, Caribe Norte. Fueron asesinadas por el capataz de la propiedad Antonio González Méndez, que después de cometer el crimen se dio a la fuga, sin que hasta ahora las autoridades conozcan su paradero. 

El doble femicidio es el más reciente de este año que, según avizoran defensoras, podría ser uno de los más violentos para las mujeres. Ahí, en Mulukukú, hace menos de un año Rosario Soza Centeno abusó y asesinó a dos niñas en un caso que conmovió a la sociedad por unos días, y que llevó a la vicedictadora, Rosario Murillo, a anunciar una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetuo para “crímenes de odio”.

Después de esa medida, anunciada con parafernalia por la dictadura y criticada por las organizaciones feministas,  no hubo ninguna otra acción por parte de las instituciones gubernamentales llamadas a atender la violencia de género de forma integral, tal como lo establece la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779). Los mismos datos oficiales muestran los focos más rojos para las mujeres, sin embargo no hay una política dirigida a la prevención en esa zonas del país. 

ESPECIAL: Femicidios en el Olvido 

Entre el 18 y el 23 de julio en la región del Caribe de Nicaragua ocurrieron cuatro femicidios. Eso evidencia la profundización de la violencia machista, el desamparo y la falta de acceso a la justicia que se ensaña de forma particular con las mujeres de las zonas más recónditas del país, coinciden defensoras.

Sin embargo, los femicidios en serie contra Bernarda Calero, en Nueva Guinea; Julia Jarquín Angulo, en la comunidad Layasiksa del municipio de Prinzapolka; y Luz Maritza González y Dayiris Boniche en Mulukukú, estas últimas madre e hija; han ocurrido sin que las autoridades ni la misma sociedad los vea como una alerta del incremento de los crímenes de odio hacia las mujeres  que se registra en Nicaragua.

Solo en lo que va del mes de julio de 2021, al menos siete mujeres han sido asesinadas por hombres, según el monitoreo de la violencia machista que realiza el observatorio del organismo Católicas por el Derecho a Decidir con el objetivo de dimensionar el alto grado de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres. No hay reacciones, tampoco acciones. 

Los fríos números que año a año recaban las defensoras, hasta la mitad del presente 2021 arrojaban un incremento del 47.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2020, con un registro de 38 femicidios. No obstante, el mes de julio es una muestra de la saña, la impunidad y el menosprecio hacia la vida de las mujeres, señalan las feministas cuya voz de alarma no logra hacer eco en las instituciones que están obligadas a atender esta grave problemática.

Luz Marina González y Dayiris Boniche fueron asesinadas en Mulukukú, por un trabajador de la finca de la que eran propietarias.

FEMINISTAS ALERTAN, AUTORIDADES MANTIENEN COMPLICIDAD

El pasado 23 de julio, ante el doble femicidio contra Luz Maritza, de 53 años, y su hija Dayiris, de 29 en Mulukukú el organismo lanzó la voz de alarma de que no se trataba de un hecho aislado, sino una expresión del machismo extremo que en apenas cinco días había arrebato la vida a cuatro mujeres en la región del Caribe. Más grave aún: solo en un caso había sido capturado el responsable, cuando intentaba huir hacia el exterior.

Martha Flores, de Católicas por el Derecho a Decidir, sostiene que las cifras de femicidios son un indicativo del grado de desprotección por parte del Estado en que se encuentran las mujeres, y asocia esta situación a la liberación anticipada de hombres condenados por este delito, al incluirlos entre los beneficiarios de excarcelaciones masivas o selectivas, como el caso del empresario Roberto Emilio Estrada Zamora, condenado en 2018 por el femicidio de Sarybel Abad Urcuyo y liberado recientemente bajo el argumento de que sufre padecimientos crónicos.

“Cuando un femicidio queda en la impunidad, una agresión machista no es sancionada, una violación contra una mujer o niña es justificada, se está mandando un mensaje a los agresores de que ‘ellos no son culpables’, se les da vía libre para seguir cometiendo delitos contra las mujeres”, protestó la Red de Violencia contra las Mujeres tras conocer el aval judicial para la salida anticipada de prisión de Estrada Zamora.

MÁS ESPECIALES: Femicidios, justicia desmantelada 

Sarybel Abad Urcuyo fue una de las 57 mujeres víctimas de femicidio en Nicaragua en el año 2018. Fue secuestrada el 2 de julio de ese año cuando en Nicaragua se registraban violentos ataques armados contra los ciudadanos que se lanzaron a las calles a protestar contra el régimen de Daniel Ortega. Al día siguiente de reportada su desaparición, fue encontrada asesinada en el sector de la Cuesta el Plomo, en Managua.

Las investigaciones revelaron que el crimen no estaba relacionado a la violencia armada que ejecutaban policías y parapolicías en todo el país, sino que se trató de un femicidio encargado por el empresario Roberto Emilio Estrada Zamora.

Para las defensoras, la liberación de autores de crímenes contra mujeres convierte en cómplice al Estado: “Ningún femicida, agresor o violador es liberado sin la complicidad de las instancias del Estado. Una barbarie más en contra de las mujeres que no debemos olvidar”.

Una líder feminista, que por temor a represalias por parte de la dictadura prefiere omitir su nombre, señala que la reforma constitucional que estableció la pena de candena perpetua aún no dará resultados, primero porque no es la mejor forma de atender la violencia machista; y segundo porque apenas se impezó a implementar este año.

“No esperamos resultado de esa medida, no es imponiendo cadena perpetua que se disminuyen los crímenes, además el Gobierno ha liberado a violadores y abusadores de niñas y mujeres en reiteradas ocasiones. Aquí hay una pandemia y no la quieren ver porque el Estado es machista”, dijo.

IMPUNIDAD, UNA DEUDA DE ESTADO CON LAS MUJERES

Desde que en Nicaragua la justicia comenzó a reconocer los crímenes machistas -en el año 2012- al menos 384 femicidios han quedado en la impunidad. Apenas 197 casos de un total de 581 ocurridos hasta 2020, han alcanzado justicia.

Las feministas responsabilizan de esta deuda estatal, que revela menosprecio hacia la vida de las mujeres, a los funcionarios que forman parten de la cadena institucional que se supone están obligados a proteger, perseguir y castigar a los criminales; desde la Policía, el Ministerio Público y los Juzgados hasta el Ejecutivo.

“La violencia contra la mujeres no va a parar ya que la impunidad aumenta y es un mensaje a los agresores, violadores a que sigan cometiendo estos crímenes que dejan familias destrozadas, hijos divididos. Es una tragedia que el Estado no esté asumiendo responsabilidad y sea cómplice de estos delitos”, lamenta Flores.

El nivel de responsabilidad del Estado es alto. Pero el mensaje que se manda desde el Ejecutivo es que el problema se atiende investigando y encarcelando a los autores, coinciden defensoras, evitando dar un plan concreto. “¿Por qué no vemos un plan nacional para erradicar la violencia de género, vemos cómo hay planes de seguridad para todo, pero menos para las mujeres, hay un desprecio por nuestras vidas, como si no valiéramos”, reclama una defensora.

Los familiares de las recientes víctimas de Mulukukú, de Luz Marina González y Dayiris Boniche, han contado a los medios que Antonio González las asesinó por envidia y machismo. A la mamá la asesinó con un arma de fuego, mientras que a la hija la asesinó a golpes. No fue la envidia, fue el machismo, dicen las defensoras de la zona.

Y una vez más el Estado está ausente.