Nicaragua, seis abriles después: la rebelión que se niega a morir

La escena de un niño de 15 años suplicando de rodillas a agentes policiales que no lo mataran es difícil de olvidar en Masaya. El policía ufano, sin el más mínimo reparo de conmoción, decidió jalar el gatillo de su arma matando a quemarropa a un adolescente que solo aspiraba por cambio en Nicaragua. Tres días antes de ese crimen, a 28.3 kilómetros, cuatro balas de grueso calibre les sacaron de su sitio el tallo cerebral a cuatro jóvenes que iban en medio de una multitud. También cayeron al asfalto sin vida. 

Los hechos ocurrieron en los días sangrientos de mayo y junio de 2018 y son parte de las secuelas de un abril gris que incendió al país entero en una rebelión “a pecho abierto” contra los desmanes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un matrimonio que envejece creyendo que serán eternos en el poder. “Aquí nadie olvida”, dice el padre de otra víctima, obligado a susurrar para evitar por estos días una cárcel segura en Nicaragua. 

Han pasado 2.190 días, 52.560 horas y todo sigue dando vueltas en la cabeza de familiares que vivieron esa y otras tragedias, y cuyos relatos reclaman espacios para ser contados y vueltos a contar este mes y el resto de los días, hasta que, según ellos, haya cárcel para los responsables.

“Habrá silencio hasta que haya justicia”, sentencia Miguel Parajón, el padre valiente de 68 años que en Managua llora a un hijo asesinado y sufre ahora por el destierro de otro.

El niño de 15 años asesinado en Masaya se llamaba Junior Gaitán. El crimen contra él fue uno de los más crueles episodios de la tragedia que han significado las acciones de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Su madre, Aura Lila López, vive convencida de que aquel 2 de junio de hace seis años, el día que lo mataron, su hijo suplicó por su vida porque conocía al asesino. “De nada sirvió”, lamenta. 

Doña Guillermina Zapata, no logra ni siquiera imaginar cuánto dolor pudo sentir su hijo Francisco Javier Reyes Zapata cuando una bala de francotirador le hizo estallar la cabeza en las inmediaciones de la Avenida Universitaria, el 30 de mayo de 2018.  Según los especialistas murió al instante, pero saber que no sufrió una agonía o no vio venir la muerte como lo hizo Junior, no ha servido para consolar a la madre ni un poquito. “Su muerte se me llevó el alma”, dice en medio de un llanto que no parece tener fin.

SIGUE “DOLIENDO RESPIRAR” 

Por estos días de abril, el ambiente en Nicaragua es más asfixiante. Se siente más calor que en los otros meses de verano y no todo se debe al clima.  A Rosario Murillo, por ejemplo, el recuerdo de lo que pasó hace seis años le remueve las entrañas.  Lo manifiesta con odio.  El primer día del mes, cargó contra quienes le han exigido a ella, a su esposo Daniel Ortega y a sus hijos, salir de un poder al que se atornillan quebrantando leyes y cometiendo todo tipo de crímenes como el de Junior y el de Francisco Javier.     

“Serviles”, “enemigos de la paz”, les llamó airada, mientras le atribuyó a Dios la decisión de “decir basta” a los que se levantaron hace seis años. Sin reparo, los hizo responsables de los asesinatos, secuestros y destierros que ella y su esposo ordenaron hace seis años y que han sumido al país en una crisis social y política que sigue sin solucionarse. 

Pero para quienes estaban y siguen en la “acera de enfrente”, abril sigue siendo un mes de esperanza. “En ese mes, hace seis años, todo un pueblo declaró que estaba cansado de la injusticia”, dice Max Jerez, un rostro conocido de aquella lucha, cuya mecha los universitarios encendieron y por la que muchos fueron asesinados, otros secuestrados y torturados, otra parte enjuiciados y condenados y entre ellos más de 200 recientemente desterrados.

Otoniel Martínez es un periodista mexicano de la cadena TV Azteca que llegó a Nicaragua en 2022 y que, con astucia de buen reportero, burló el cerco de censura de los dictadores. A él le bastó una semana de julio para entender que, en el país, se respira un oxígeno distinto.  “Allá duele respirar”, dijo a DESPACHO 505 en una entrevista en la que pudo explicar cómo entendía que esa frase, retrata en verdad lo que se vive en Nicaragua. 

“Me duele respirar”, fueron las palabras agónicas del adolescente Álvaro Conrado, el estudiante de secundaria del Instituto Loyola a quien una bala de goma, disparada por un Policía del régimen lo alcanzó en medio de una protesta el 20 de abril, dos días después del estallido social. Había cumplido 15 años doce días antes de que lo mataran y fue el primero de 19 niños asesinados durante la represión ordenada por Ortega y Murillo, según un conteo a la fecha de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH). “A los nicaragüenses les duele respirar, les duele el miedo, es la misma asfixia todos los días”, dice Martínez. 

CADA ABRIL EN NICARAGUA 

Aquel abril de hace seis años, cambió a Nicaragua por completo y mucho de lo que pasó y continuó después, sigue ahí, intacto, por más que el régimen intente imponer colores y motivos conmemorativos distintos en un afán de sepultar hechos como los asesinatos de 355 ciudadanos, los relatos de horror de más de mil secuestrados que recuerdan sus días en manos de los represores, los testimonios de los 222 desterrados que fueron encerrados días y noches en calabozos oscuros y fríos para que no impidieran que el dictador se ajustara la banda presidencial por cuarta vez consecutiva y el juramento de los 94 ciudadanos declarados apátridas, que prometieron por su vida misma, que volverán a casa pronto. 

“La demanda de aquel abril sigue viva, más viva que nunca”, afirma a DESPACHO 505 Lesther Alemán, otro líder universitario, cuyo nombre dicho en voz alta les causa jaqueca a los fanáticos del régimen. Ni ellos, ni los que están de su lado, olvidan que su “voz de trueno” hizo pasar a Ortega y a Murillo los peores dos minutos con 58 segundos de sus vidas. 

Acostumbrados los dos a decidir el destino de otros por haber tenido la destreza de poder cambiar su ropa de libertadores por la de opresores con todo tipo de maldad y vivir para contarlo en una estructura política que llaman Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ese día perdieron el blindaje. Alemán hizo ver lo que son: un par de septuagenarios que deberían de rendir cuentas por sus crímenes.

“Esta mesa es para negociar su salida”, les dijo a la cara el universitario el 18 de mayo de 2018 en las instalaciones del Seminario Católico de Managua, mientras afuera, el país era un caos y miles de ciudadanos que estaban en las calles luchaban con piedras y consignas contra una  policía armada que disparaba a matar.   

“Hoy -dice Alemán seis años después- no hay otra posibilidad para el país, que no sea que Ortega se vaya”. Recuerda que aquel día, cuando el país cumplía 28 días desangrándose, después de encarar a los dictadores lloró desbordado por el momento y el brutal recuento de nombres de asesinados que le siguió a su discurso en la voz de la también universitaria Madeline Caracas.  Admite Alemán para este reportaje que solo el tiempo le ha dado la conciencia de cada una de las letras de aquellas palabras. 

“Dije lo que sentía, no lo pensé”, explica. Las palabras de Alemán, bien pudo costarle la vida, pero Ortega y Murillo encontraron otra forma de vengarse de él.  Y lo hicieron. Lo secuestraron en julio del 2021 y lo encarcelaron 584 días.

“Pasé dos abril en prisión”, dice. “Las dos ocasiones, además de otros momentos, fui interrogado con todo tipo de insultos y amenazas a mi vida. Me decían que querían oír lo que le dije a Ortega. Siempre respondí que no tenía sentido si de todos modos no me oiría”, relata el universitario que junto a 221 opositores más fue desterrado en febrero de 2023 y expulsado a Estados Unidos.  “Pero aquí estamos y seguimos firmes”, sostiene desde el exilio.   

Para el líder universitario, la importancia de aquel abril fue el despertar de todo un país que entendió que “había una realidad que había que cambiar”. “Se acabó el silencio ante los desmanes del poder, una generación estuvo dispuesta a alzar la voz y todo un pueblo la respaldó, y seguimos alzando la voz y la voz ahora es una sola que pide libertad, democracia y justicia”, señala.

Otros líderes como Juan Sebastián Chamorro y Max Jerez corrieron la misma suerte de Alemán. Secuestro, desaparición forzada, interrogatorios, cárcel, juicios a puertas cerradas y condenas que fueron desde los nueve a los 13 años de cárcel en juicios arbitrarios.  

“Abril fue la esperanza de un cambio, un cambio que la dictadura le negó al pueblo de Nicaragua y que costó muchas vidas y es un cambio que el régimen,  sigue negando”, reflexiona Chamorro, quien estuvo en prisión 20 meses por ser parte de una lista de siete aspirantes que querían arrebatarle el poder a Ortega por la vía cívica y pacífica. El dictador secuestró a los siete y los mantuvo en cautiverio hasta que se ciñó la banda presidencial otra vez.      

Jerez, por su lado, dice que para él es inevitable pensar en abril como el mes que le recuerda que debe “seguir luchando por las víctimas de asesinato, por los presos políticos”, que a la fecha son 91, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, y por los centenares en exilio forzado y los miles que tienen el país por cárcel.

“La lucha termina con la libertad de Nicaragua”, dice el universitario que pagó también con cárcel ser parte de ese movimiento que, sin armas, se enfrentó a la maquinaria represiva de un régimen que encabeza unas las peores dictaduras de América Latina, a criterio del analista de Diálogo Interamericano, Santiago Cantón.

UN PAÍS SILENCIADO Y UNA DICTADURA NERVIOSA 

Azahalea Solís está convencida de la necesidad que tiene el régimen de repetir una y otra vez que lo que han hecho en estos seis años, les ha significado alguna ganancia. 

“Si algo han ganado es la destrucción del país”, dice la activista del Movimiento Feminista de Nicaragua que formó parte de la Alianza Cívica, un bloque conformado porla sociedad civil para frenar los desmanes de Ortega en la mesa de un diálogo político que el dictador “hizo pedazos” dos veces al sabotearlo la primera vez en 2018 e incumplir más de 20 compromisos que el mismo firmó en un segundo intento al año siguiente.   

La opositora admite que el país vive oprimido, vigilado y que Ortega ha ordenado un control armado centímetro a centímetro para ahogar algún intento de rebelión como la de hace seis años. “Ha sido la única forma de contener a este país que ha luchado por su libertad hasta la muerte”, analiza Solís. Juan Sebastián Chamorro lo resume en corto: “La dictadura le teme a otro abril”.      

Para Chamorro la represión feroz del régimen contra ellos, los opositores, y contra los que piensan diferente a Ortega y Murillo es una gran confesión de ese miedo. “Le teme a una expresión opositora, en ninguna marcha hubo alguna arma, solo teníamos nuestros pies para ir y ves el resultado: violencia y muerte”, explica el político al considerar también que, a diferencia de abriles anteriores, el régimen ha radicalizado la represión en todos los rincones del país.

Alemán tiene la certeza de que el régimen Ortega-Murillo no ha superado ese abril de hace seis años.  “Lo que pasó tambaleó su estructura, fue un sismo del que hasta el sol de hoy no logra reponerse, ni lo hará por más que reprima, mate o encarcele. No tiene retroceso, es un proceso en marcha y ellos lo saben muy bien. Se irán”, sentencia el líder universitario.

EL DESTIERRO Y LOS ATAQUES A LA FE 

Cuando en agosto de 2022 le avisaron al padre Uriel Vallejos que varios policías y civiles armados rodearon su parroquia Divina Misericordia en Sébaco, Matagalpa, y de forma simultánea incursionaron en la Capilla Niño Jesús de Praga y las instalaciones de Radio Católica de esa ciudad, el religioso se encerró en la casa cural para resguardar su vida. 

Allí pasó 72 horas, mal comido y sin agua ni electricidad porque el régimen ordenó cortarle los servicios básicos. El religioso sabía que afuera lo esperaban para llevarlo a una prisión. Por entonces, el régimen tenía 13 sacerdotes detenidos, que meses después sumaron 18, entre los que también destacaron seminaristas y colaboradores de las parroquias que fueron secuestrando en redadas cada domingo después de misas.  

Desde julio de 2018 hasta la fecha, el régimen Ortega-Murillo ha ido tras la Iglesia católica y escalando con ferocidad la represión en estos seis años, al extremo de haber secuestrado a dos obispos y condenado a uno a 26 años de prisión por cometer supuestos delitos políticos. Al finalizar el año pasado, la investigadora Martha Patricia Molina contó 740 ataques a la iglesia Católica  por parte de los represores y que al menos 34 sacerdotes de parroquias de Managua, Matagalpa, Bluefields, Siuna y Estelí han sido desterrados desde febrero del año pasado hasta comienzos de este. 

Vallejos que actualmente es Vicario de la iglesia San Isidro Labrador, en el cantón de Vásquez de Coronado, en Costa Rica, dice que estos seis años han sido un duro camino, porque además de ser ellos perseguidos, han tenido que consolar a otros.  “Pero no puede ser de otra manera, porque la Iglesia siempre va a estar cerca de su pueblo”, comentó.

El sacerdote rechaza que haya voces en la oposición que digan que el clero calla ante los abusos. “La Iglesia no tiene vocación política”, explica. El religioso cree que le corresponde a los opositores encontrar caminos que saquen el país del pantano en que se encuentra. Este domingo 14, en su homilía conmemorativa del sexto aniversario del levantamiento hizo un fuerte llamado a la unidad, deponiendo intereses personales. “Es hora de echarse la patria el hombro”, dijo parafraseando al obispo Rolando Álvarez, expreso político de la dictadura desterrado a Roma al despuntar este año.  

El destierro es una de las últimas formas de castigo que Ortega y Murillo han implementado contra sus opositores. Comenzaron de a poco en 2022, impidiendo el retorno de hasta quienes salían del país por necesidades médicas. En febrero del año pasado, lo elevó a una práctica que condimentó con arrebatarles la nacionalidad y confiscarles sus propiedades. Los primeros en sufrirlo, fueron 222 presos políticos y después, 94 ciudadanos entre periodistas, abogados e intelectuales que ya estaban en el exilio para evitar secuestros y prisión.

Solís considera que el destierro de la oposición, que alguna vez estuvo organizada para enfrentar los desmanes de Ortega, es una confesión de que hay temor en la esquina del régimen. “Además de ser algo inédito el exterminio de todo bloque de oposición, te deja claro que el régimen sabe que es frágil y no puede arriesgarse a permitir por el miedo a otro levantamiento”, señala.

Juan Sebastián Chamorro piensa algo parecido. “La radicalización de la represión demuestra que la resistencia sigue vigente, nosotros en el exilio seguimos trabajando, buscando mecanismos para mantener la lucha. No es fácil, pero no podemos renunciar a continuarla”, expresa. 

UNA HERENCIA MALDITA: CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD  

El régimen Ortega-Murillo cumple seis años atornillado por la fuerza al poder con la certeza de que logrará la continuidad con un heredero que parece sepultar para siempre los sueños de Rosario Murillo, de llegar a ser la número uno con todas las formalidades. Un hijo de ella, Laureano Ortega, parece ser el ungido o al menos se ha mostrado como tal en el aparato propagandístico del régimen.  

A Murillo parece que se le acaba el tiempo. Carga sanciones internacionales y sus desmanes en la organización política donde su esposo es una especie de dios viviente no han caído en gracia. Sobre todo entre la vieja militancia rojinegra. No la quieren.       

A los opositores no parece importarles el mensaje de que es posible un orteguismo sin los septuagenarios de El Carmen, la residencia en Managua del matrimonio Ortega Murillo. Lesther Alemán, por ejemplo, no ve a Laureano Ortega mover “la fidelidad ciega” dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Es un muchacho de fino traje y relojes Rolex, sin la mística tradicional del sandinismo. Por otro lado, mientras Ortega respire no cederá su poder a nadie y ese es el problema para Ortega, es o yo o nadie”, señala.

Para Juan Sebastián Chamorro la buena noticia es que la dictadura tiene claro que su final se acerca. “Entonces hay que pensar en un sucesor, pero aferrarse al poder con la violencia, porque han sido criminales que básicamente tienen una estrategia de tierra arrasada, la pregunta es: ¿Por cuánto tiempo? Si quieren extenderlo debe ser con más represión”, advirtió. 

Los opositores tienen claro que de ser así, Laureano Ortega no sólo heredaría el mando, sino los problemas que vienen con él. En estos últimos seis años, Ortega ha tenido que también que doblar esfuerzos para dormir con “un ojo abierto y el otro cerrado” debido a supuestas rebeliones internas que ha fracturado más al Frente Sandinista. Se sabe que hay grupos inconformes con los excesos del binomio en el poder.  Y aunque parece que el exguerrillero, ahora convertido en dictador, ha podido contenerlas, no le ha dado el tiempo de “ocultaras debajo de la mesa”.

Al respecto, Azahalea Solís cree que el dictador no ha enfrentado una real  rebelión interna. “Lo que vemos, son las consecuencias de la paranoia de Ortega y Murillo, eso sí”, asegura. Opina que lo que pasó con jefes policiales defenestrados en silencio, y con la misma magistrada Alba Luz Ramos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros jueces purgados, se debe “más bien a contradicciones” con la familia. “Lo que pasa es que estos serviles, no toman en cuenta el grado de paranoia de sus jefes”, valora. 

La otra herencia para Laureano Ortega Murillo son los informes que le acuñan a sus padres ser perpetradores de crímenes de lesa humanidad. En marzo del año pasado, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas, que investiga los hechos ocurridos hace seis años, concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables de ordenar ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y privación arbitraria de la nacionalidad. Todas graves violaciones a los derechos fundamentales que califican como crímenes de lesa humanidad. 

Antes, la CIDH lo había advertido. En febrero pasado, un segundo informe de seguimiento del GHREN, presentado ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante su 55 período de sesiones, señaló que durante 2023 empeoró la represión en Nicaragua.  El país “experimentó un exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”, resume además. 

“Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no solo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”, insiste el GHREN. El Grupo de Expertos reiteró que Ortega y Murillo y sus funcionarios “han cometido y siguen cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos considerados crímenes de lesa humanidad”.

“Eso solo te indica que la evidencia para llevar a estos individuos a la Corte Internacional de Justicia, es abundante”, dice Juan Sebastián Chamorro. Para Lesther Alemán, los informes son clave, aunque el mismo Ortega ha sido confeso de todos sus crímenes desde el primer asesinato hace seis años. 

“No hay una sola concesión que te lleve a creer que (Daniel) Ortega hizo las cosas por error. Este tipo, igual que Rosario Murillo, ambos, han reconocido su participación directa en los crímenes de lesa humanidad. Lo dijimos antes, lo decimos ahora y los informes lo confirman”, concluye el líder estudiantil desde el exilio en España.