Piden a Estados Unidos más sanciones contra el régimen por violaciones a la libertad religiosa

Nicaragua fui incluido una vez más como uno de los países donde más preocupa el estado de la libertad religiosa, determinó el informe anual de 2024 de la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés).

En el informe, los nueve comisionados de la Comisión le indican al Gobierno estadounidense que en 2023 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo "empeoró significativamente" la persecución contra la Iglesia católica nicaragüense, así como contra ciertos sectores evangélicos, y calificaron ese hostigamiento como "severo".

La Comisión recomienda a la Casa Blanca que imponga "sanciones específicas a agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense responsables de violaciones, particularmente graves de la libertad religiosa, congelando los activos de esas personas y prohibiendo su entrada a los Estados Unidos bajo autoridades financieras y de visas relacionadas con los derechos humanos".

Otra de las recomenciones de la Comisión es que se trabaje en identificar a cada persona que participa en perpetrar las violaciones a la libteread religiosa en Nicaragua, para lo cual pide al Congreso que apoye el trabajo del grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU).

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En el informe no se olvida a quienes aún permanecen como presos políticos en Nicaragua, especialmente por los presos religiosos de conciencia, y la Comisión pide abogar por ellos "a través de cartas, delegaciones en el Congreso, discursos y reuniones informativas".

Según el informe, en Nicaragua los católicos representan alrededor del 43 por ciento de la población, mientras que los protestantes evangélicos representan el 41 por ciento; creyentes religiosos sin afiliación alguna 14 por ciento; y un dos por ciento son, cntre todos, los testigos de Jehová, judíos, musulmanes, no creyentes y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Iglesia Luterana Morava.

Agresiones

La documentación proporcionada por la Comisión incluye cada una de las agresiones que la dictadura Ortega Murillo cometió contra la libertad religiosa en Nicaragua, especialmente el encarcelamiento de obispos, sacerdotes, seminaristas y hasta laicos, como el periodista Víctor Ticay, encarcelado en la Semana Santa de 2023 solo por reportear en una actividad de Semana Santa.

Destaca la condena de más de 26 años de cárcel contra el obispo Rolando Álvarez, así como el destierro y despojo de la nacionalidad contra los religiosos que previamente habían sido detenidos, incluidos los obispos Álvarez e Isidoro Mora.

Cada religioso encarcelado fue acusado de "cargos espurios como difusión de noticias falsas y conspiración para socavar la integridad nacional", en un intento para justificar el arresto arbitrario, el encarcelamiento y el exilio de miembros de la Iglesia Católica.

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Cancelación de organizaciones

El informe también resalta que el régimen Ortega Murillo atacó a las organizaciones religiosas que consideraba opositoras, en particular las organizaciones caritativas y educativas católicas.

En ese sentido, canceló el estatus legal de la Universidad Juan Pablo II y de Cáritas Nicaragua, una organización caritativa católica. Otras organizaciones canceladas fueron la Universidad Católica Inmaculada Concepción de Managua, un centro de formación para seminaristas, y del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, una escuela dirigida por monjas.

Una de las cancelaciones más sonadas fue la de la Universidad de Centroamérica (UCA), dirigida por los jesuitas. La dictadura cerró la institución después de alegar sin fundamento que estaba involucrada en terrorismo.

En muchos casos, el gobierno también confiscó las propiedades de estas organizaciones. Por ejemplo, el gobierno confiscó los bienes de la UCA y luego una universidad estatal en su lugar y desalojó a los jesuitas que vivían cerca del campus.

En octubre, el gobierno canceló el estatus legal y ordenó la confiscación de los bienes pertenecientes a la Compañía de Frailes Menores Franciscanos.

Acoso a la feligresía

El acoso de la dictadura también incluyó a los fieles, pues agentes gubernamentales uniformados y vestidos de civil intimidaron al clero y a los feligreses vigilando visiblemente los servicios religiosos.

Además, el régimen Ortega Murillo prohibió la observancia pública de tradiciones católicas como las procesiones callejeras durante la Semana Santa. El presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo también utilizaron un lenguaje despectivo para demonizar a la Iglesia católica, refiriéndose a ella como una "mafia" y llamando a los sacerdotes "representantes del diablo".