Nicaragua está entre los países de América Latina con el panorama más sombrío para la diversidad sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra una intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros actos de violencia, por motivos de género, ejercidos por la fuerza pública y simpatizantes del gobernante partido FSLN, explica Flavia Piovesa, relatora sobre los Derechos LGBTI. La situación de personas defensoras es especialmente preocupante, reconoce.

“Observamos con preocupación la falta de reconocimiento de los derechos de las personas trans, no binarias y de género diverso, particularmente, su reconocimiento legal y registral de su identidad de género”, expresa Piovesa en esta entrevista en la que analiza el estado de los derechos humanos de la población LGBTI en la región.

Si bien hay progresos, el camino sigue siendo pedregoso, lamenta, ya que persiste la exclusión, discriminación y violencia, factores expulsivos particularmente en Centroamérica. Lo más grave es que la discriminación contra personas LGBTI se sigue manifestando en asesinatos y agresiones físicas, con altos niveles de ensañamiento y crueldad, subraya.

También identifica el avance de movimientos que se oponen a la igualdad de derechos de las personas LGBTI, como el matrimonio igualitario, la atención integral en salud durante la niñez o adolescencia y la plena inclusión social de las personas trans.

Según Piovesa, quien cursó estudios en Harvard Law School, Oxford University y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, donde realizó investigaciones en el área de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, el problema de fondo son los altísimos niveles de prejuicio social generalizado respecto de la diversidad sexual y de género”. Un cambio “sólo podrá alcanzarse mediante el diseño e implementación de una planificación estratégica de educación que incluya políticas públicas capaces de generar resultados a corto, mediano y largo plazo”, enfatiza Piovesa.

La Comisión destaca importantes avances en el reconocimiento del acceso a los derechos humanos, por parte de las personas LGBTI, como la derogación de prohibiciones para donar sangre, por motivo de orientación sexual; resoluciones que garantizan el respeto de la identidad de género de las personas trans privadas de libertad; decretos que reconocen convivientes del mismo sexo, para la entrega económica a favor de familiares de personas trabajadoras de la salud, fallecidas a causa de la Covid-19, entre otros decretos, leyes, políticas públicas, decisiones judiciales, sobre recolección de datos, participación democrática y política, educación, salud, seguridad personal, trabajo, acceso a la justicia, no discriminación de personas que viven con VIH y medidas para el bienestar económico.

Aunado a lo anterior, desde la publicación de la Opinión Consultiva 24/17, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, países como Costa Rica y Ecuador han reconocido el matrimonio igualitario y cada vez, más Estados reconocen el derecho a la identidad de género de las personas trans, no binarias y de género diverso, específicamente su derecho a la rectificación de la imagen, el nombre y marcadores registrales de sexo o género, de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

Desde la CIDH hemos identificado la persistencia de retos en el goce efectivo de los derechos de las personas LGBTI, destaca la persistencia de la violencia y la discriminación sistemática e histórica contra las personas con base en su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Además, hemos visto con preocupación el avance de movimientos que se oponen a la igualdad de derechos de las personas LGBTI, que promueven la adopción de leyes y otras medidas estatales contrarias a la igualdad y no discriminación, afectando los derechos de las personas LGBTI, como el matrimonio igualitario, la atención integral en salud durante la niñez o adolescencia y la plena inclusión social de las personas trans.

También observamos que en distintos Estados de la región se cometen actos de violencia, con el intento de modificar o suprimir su orientación sexual o expresión de género.

En uno de los informes temáticos sobCIDHre Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, emitimos una serie de recomendaciones, como la de implementar políticas de recolección y análisis de datos estadísticos sobre la violencia y la discriminación que afectan a las personas LGBTI, poner en práctica protocolos y otras medidas; prevenir la tortura y el abuso policial; garantizar investigaciones efectivas, sanción y reparación de la discriminación y violencia; y prohibir toda intervención médica innecesaria en niñez intersex; los procedimientos quirúrgicos deben contar con el consentimiento pleno, libre, previo e informado de las personas intersex.

En el Informe Anual de 2020, la Comisión expresó su preocupación respecto a la situación de exclusión, discriminación y violencia en la que se encuentran las personas LGBTI o percibidas como tales, en los estados centroamericanos, que motivaría que un gran número de ellas migren y soliciten asilo o refugio en otro país. En tal sentido, seguimos recibiendo reportes de actos de discriminación y violencia contra personas LGBTI, asesinatos y agresiones físicas, con altos niveles de ensañamiento y crueldad.

No obstante, la CIDH ha observado algunos esfuerzos estatales en El Salvador, Guatemala y Honduras, por investigar, juzgar y sancionar los actos de discriminación y violencia contra las personas LGBTI, sin embargo, los desafíos permanecen, particularmente por la falta de políticas públicas de recolección de información desagregada que permita entender el fenómeno de violencia.

Asimismo, la Comisión ha observado algunos esfuerzos para la implementación de programas para fortalecer las capacidades de las personas operadoras de justicia, para la investigación de violencia basada en género, teniendo en cuenta, como grupo prioritario, a las personas LGBTI, así como capacitaciones en materia de prevención de la discriminación, dirigidas a personal de diversas instituciones públicas.

Observamos con preocupación que la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose, como consecuencia de la intensificación de agresiones, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y otros actos de violencia cometidos en su contra, tanto por parte de grupos simpatizantes del Gobierno, como por agentes de la Policía Nacional.

Entre los testimonios recibidos, la CIDH destacó el de un joven activista gay, quien, producto de una manifestación por la paz, sufrió persecución y tuvo que salir de la ciudad, por el riesgo que corría su integridad física y su vida. En esa línea, estamos monitoreando la situación de derechos humanos de las personas. De manera particular, observamos con preocupación la falta de reconocimiento de los derechos de las personas trans, no binarias y de género diverso, particularmente, su reconocimiento legal y registral de su identidad de género, así como sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que resulta en un círculo de exclusión social.

Desde el Informe Temático de 2015, la CIDH ha observado que existe una situación de discriminación y violencia generalizada contra las personas LGBTI que presenta características particulares, como el deseo de “castigar” dichas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de género tradicionales, que afecta mayormente a las personas trans.

En el 2020 publicamos un Informe Temático sobre las personas trans y de género diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; el cual identifica los principales obstáculos y barreras para su plena inclusión social, así como las buenas prácticas desarrolladas hasta el momento y sus resultados, haciendo foco en el derecho al reconocimiento de la identidad de género y, en particular, en el pleno goce, ejercicio y exigibilidad de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, como principales desafíos.

Las personas defensoras suelen ser portavoces de quienes se encuentran más vulnerables y ayudan a asegurar que prevalezca la justicia y el respeto por las normas de derechos humanos. De esta manera, se complementa el rol, no solo de los Estados, sino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. En suma, las personas defensoras de derechos humanos son un pilar fundamental en la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera.

Una de las principales causas de la grave situación de exclusión en la que son forzadas a vivir las personas LGBTI, reside en los altísimos niveles de prejuicio social generalizado respecto de la diversidad sexual y de género, por lo que es imprescindible generar las estrategias para abordar y eventualmente erradicar la existencia de esos prejuicios, a todos los niveles y a través de diversos mecanismos.

La aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género es un objetivo que sólo podrá alcanzarse mediante el diseño e implementación de una planificación estratégica de educación, que incluya políticas públicas capaces de generar resultados a corto, mediano y largo plazo.

Durante la pandemia ocasionada por la Covid-19 se agravó la situación de discriminación que enfrentan las personas LGBTI en las Américas. Recibimos, por ejemplo, información de que algunos Estados de la región adoptaron medidas de distanciamiento social que limitan la circulación con base en el género de las personas, en días específicos. Como consecuencia, personas trans sufrieron hechos de violencia y discriminación basada en el prejuicio por parte de fuerzas de seguridad y otros actores.

La Comisión ha recibido información de la sociedad civil sobre desabastecimientos de los medicamentos antirretrovirales, así como actos de violencia y discriminación contra personas que viven con VIH. Por lo anterior, la Comisión ha recomendado a los Estados supervisar que los protocolos médicos, las decisiones sobre recursos médicos y tratamientos en relación al Covid-19 sean implementados sin discriminación, prestando especial atención a las personas que viven con VIH; así como garantizar la continuidad en la distribución de antirretrovirales.