Caruna y el negocio con las «Casas para el pueblo»
URIEL VELÁSQUEZ Y DIEGO SILVA
29/01/2020
MANAGUA — Maritza Gutiérrez es una maestra jubilada que el 27 de octubre del 2008 recibió de manos de Daniel Ortega un documento que la acreditaba como beneficiaria de una vivienda en el programa Casas para el Pueblo, en el sector del barrió Bóer, en la vieja Managua.
Otras 599 personas recibieron un título firmado por Ortega que indicaba que gozaban del derecho de posesión de una casa del programa habitacional pagado con fondos de la cooperación venezolana.
Ese 27 de octubre, Ortega reveló que el valor promedio de cada casa era U$8,500, sin incluir el terreno que sería donado por el Estado a los 600 beneficiarios.
Once años después, Maritza, de 63 años, ha pagado U$10,560 por la casa que ocupa, pero no tiene ningún documento que respalde su derecho sobre la propiedad.
Ernesto Zamora, un exfuncionario público que lleva más de 8 años desempleado, ocupa una casa del mismo programa, ubicada en el sector del reparto San Antonio, en el Distrito Dos de Managua. Comparte con Maritza la incertidumbre de estar pagando un bien sobre el que no tienen ninguna seguridad jurídica, y por el que no pueden reclamar, ni cuestionar.
Los 600 beneficiarios de la primera fase del programa de vivienda social del orteguismo no cuentan con la documentación legal que reconozca sus derechos sobre el bien por el que han pagado mes a mes durante los últimos once años; solo disponen de los recibos de pago que les entregan en las instituciones públicas para las que trabajan o en las oficinas de la Caja Rural Nacional (Caruna).
Ernesto asegura que verbalmente les han informado que las escrituras públicas las recibirán hasta que la Procuraduría General de la República (PGR) formalice la donación de los terrenos donde se construyeron las 600 viviendas de este programa.
Millonario negocio
El proyecto Casas para el Pueblo fue ejecutado por la empresa Tecnología y Sistemas S.A (Tecnosa) y forma parte del esquema de corrupción del gobierno de Daniel Ortega.
Tecnosa pertenece a Milagros y Yolanda López Centeno, hermanas de Francisco “Chico” López Centeno, el influyente —aunque sancionado— tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Desde 2007, la empresa ha sido señalada de beneficiarse con contratos estatales destinados al desvío de fondos provenientes de la cooperación venezolana.
Investigaciones del diario La Prensa, basadas en informes de la Contraloría General de la República (PGR), revelaron que Tecnosa recibió 2 millones 562 mil 906 en préstamos del estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para la construcción del primeras 600 viviendas del proyecto Casas para el Pueblo.
Al final, las unidades de 48 metros cuadrados que Ortega públicamente dijo que costaban U$8,500, fueron vendidas por Tecnosa en U$15,500, pagaderos en cuotas fijas de U$80 mensuales a un plazo de 28 años.
Durante los primeros seis meses, Tecnosa cobró las cuotas, pero a partir de junio del 2009 entró en el juego la cooperativa sandinista Caja Rural Nacional (Caruna), asumiendo toda la cartera.
En total, los propietarios de estas viviendas tendrán que pagar U$26,880 dólares, U$18,380 más de su precio real, pese a tratarse de un proyecto destinado a suplir el déficit habitacional de los sectores vulnerables.
En una primera fase, el gobierno de Venezuela entregó a la administración de Ortega U$3.5 millones para la construcción de viviendas destinadas a maestros y trabajadores de la Salud, por la que no tuvieran que pagar más del costo real de construcción.
Sin embargo, personeros del FSLN vieron la oportunidad de sacar réditos y y en la última década, Caruna ha cobrado sobreprecios e intereses por las viviendas construidas con fondos donados por Venezuela, sin rendir cuentas ni otorgar a las familias beneficiarias garantías de propiedad sobre los inmuebles.
Este lucrativo negocio dejará en las arcas de la cooperativa ligada al partido sandinista U$14,5 millones proveniente de los tres modelos de viviendas construidas en la vieja Managua: U$11.28 millones provienen de las casas con estructuras de mampostería; U$1,88 millones de las casa de losetas y U$1,3 millones de las casa de PVC. En total, Tecnosa construyó 420 viviendas con mampostería, 80 casas de losetas y 100 casas de PVC , estas últimas también fueron donadas y enviadas desde Venezuela en el 2008.
Convenios amañados
Maritza recuerda que en junio del 2009, y por medio de los sindicalistas Gustavo Porras de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y José Antonio Zepeda, Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden-FNT), les informaron en una asamblea con los 600 beneficiarios en el auditorio de Fetsalud, los costos de cada modelo de vivienda: U$15,500, U$14,500 y U$8,500, y las cuotas mensuales de U$80, U$70 y U$40.
Desde ese junio, todos los meses Maritza recibe el comprobante de pago que emite Caruna, a través de la oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, que es la que se encarga de retenerle la cuota, a pesar de estar jubilada.
Lo mismo ocurre con Ernesto Zamora, aunque en su caso, al estar desempleado, la cuota mensual es descontada directamente del salario de su esposa, trabajadora del Ministerio de Salud (Minsa). A ella le informaron que la institución había firmado un convenio de colaboración con Caruna para garantizar el pago de las viviendas, pero asegura que nunca le mostraron el contenido del acuerdo.
El dinero retenido a los trabajadores de la Salud se canaliza por medio del Ministerio de Hacienda, y mes a mes, Caruna retira un cheque fiscal por el monto de U$15,200. El mismo procedimiento aplica el Ministerio de Educación con 150 maestros.
A pesar de la existencia de los supuestos convenios entre Caruna y las instituciones públicas, ni Maritza ni Ernesto han recibido una escritura pública, ni la copia del contrato hipotecario por el bien inmueble que están pagando. Ambas afirman que nunca firmaron una solicitud de préstamo ni contrato de arriendo con la cooperativa de ahorro.
“Hay gente que dice que tiene fotocopias de títulos, algunos dicen que hasta escrituras, pero nosotros no tenemos nada de eso. Seguimos pagando y la deuda nunca baja”, reclama Ernesto.
Aunque Ortega prometió en el 2008 que nadie sería objeto de desalojo por deuda y que los pagos se adecuarían a la condición de cada beneficiario, Ernesto y Maritza no sienten ninguna seguridad. Les preocupa la inseguridad jurídica pues no tienen en su poder ningún documento que los respalde. Más que una ayuda social -coinciden- el programa habitacional supuestamente diseñado para beneficiar a los más pobres resultó un negocio particular.
Demagogia electoral
Las proyecciones de Daniel Ortega en el 2008 eran construir 18,457 viviendas con fondos venezolanos, pero cofinanciadas con recursos públicos por medio de subsidios del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) y el Instituto de Seguridad Social (Inss).
Con esto, Ortega pretendía sacar del negocio de las viviendas de interés social a las urbanizadoras, a las que acusó, durante el acto de entrega de los títulos de propiedad, de cobrar “a las familias beneficiadas, el doble y el triple del valor de esa vivienda; (porque) se ha convertido en un negocio, y no ha sido realmente, una vivienda de contenido social y solidario”.
Además, informó que para el 2009 su Gobierno entregaría en concepto de subsidios C$45.17 millones del Presupuesto General de la República, para financiar conjuntamente con Caruna microcréditos para mejoras de 3,585 viviendas, créditos que nunca volvieron a las arcas estatales, porque esos préstamos también continúan siendo cobrados por Caruna.
Ortega, además prometió U$114,7 millones de Alba Caruna para la construcción de las 18,457 casas.
El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga, considera que el gobierno de Ortega no solo se ha aprovechado de las donaciones venezolanas para su partido, sino que se ha beneficiado de otras ayudas como la de los buses donados por Rusia, que terminaron siendo vendidos, a través de Caruna, a sus actuales propietarios.
“Sin duda el sistema de viviendas del Gobierno como misma fuente de ingreso obedece a un patrón, eso lo hemos visto en varias fuentes y bienes, vimos como la donación de buses rusos fueron luego canalizados para su venta, hemos visto cómo viviendas que eran supuestas a ser donadas fueron vendidas”, explica.
Pero lo que más reprochable, según Maradiaga, es la forma como la administración de Daniel Ortega ha manejado los fondos provenientes de la cooperación venezolana: “Hemos visto cómo parte de la cooperación venezolana que está supuesta a gasto social fue luego registrada en el Banco Central de Nicaragua como donación al sector privado”.
En plena crisis sociopolítica, Caruna aparece como el prestamista de un nuevo programa programa habitacional denominado "Bismarck Martínez", el cual el orteguismo presenta como parte de los beneficios para los secotres más empobrecidos.
El excontralor Agustín Jarquín Anaya, advierte que la selección de Caruna para prestar dinero responde a una estrategia política ejecutada por Daniel Ortega para ganar simpatizantes en medio de la crisis y en aras de perpetuarse en el poder.
Los argumentos de Jarquín Anaya se sustentan en el control político que ejerce el veterano líder rojinegro sobre esta cooperativa de ahorro, que ha sido utilizada para triangular fondos provenientes de la cooperación venezolana.
Además señala que una ventaja de esta entidad financiera, es que a pesar de manejar los recursos del sancionado Bancorp y de la cooperación venezolana, se ha salvado de las sanciones del gobierno de Estados Unidos, y a nivel interno se vende como un prestatario con intereses bajos.
En agosto de 2019, Caruna volvió a incursionar en el negocio de las urbanizaciones al financiar un proyecto gubernamental, sin que se conocieran los mecanismos ni los controles de dicho financiamiento. Lo único confirmado fue un préstamo de 5 millones de dólares a la Alcaldía de Managua para la compra del terreno donde se construiría el nuevo proyecto habitacional Bismarck Martínez. El crédito debía pagarse en un plazo de tres años y con una tasa de interés del 9%.
Melvin Vargas colaboró con las fotografías de este reportaje.