Vivir con miedo y enviar dinero: la doble carga de los nicaragüenses en Estados Unidos
Mauricio sale cada mañana de la habitación que alquila en Madison, Wisconsin, con el mismo temor: cruzarse en el camino con una patrulla migratoria y ser deportado. Es uno de los miles de nicaragüenses expulsados del país por la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, sufre ansiedad.
Vivir sin papeles en Estados Unidos -incluso para quienes lograron hacer ajuste migratorio y solicitar asilo político, como en el caso de Mauricio- implica adaptarse a una rutina marcada por desconfianza y la incertidumbre. "Nadie está seguro", dice a DESPACHO 505 vía telefónica.
A sus 28 años, Mauricio cuenta que los migrantes como él viven "bajo la sombra": limitan sus movimientos, evitan llamar la atención y salen solo para lo imprescindible, conscientes de que cada día sin ser deportado equivale a ganar una pequeña batalla. Permanecer en Estados Unidos "se ha convertido en una carrera de resistencia", confiesa el joven.
"No sé qué sucedería (…) Son situaciones sumamente complejas para quienes enfrentamos persecución y no podemos regresar a nuestro país", añade este nicaragüense al plantearse la posibilidad de un retorno forzado.
La incertidumbre migratoria también se siente en Nicaragua, donde miles de familias, especialmente las más pobres, dependen cada vez más de las remesas. Aunque el Banco Central de Nicaragua ha dejado de publicar datos actualizados sobre el flujo de dinero que llega desde el exterior, economistas advierten que la tensión que viven los migrantes en Estados Unidos inevitablemente provocará una desaceleración. No será inmediato -aclaran- pero aun sin que se registre un repunte significativo en las deportaciones, es una situación que terminará reduciendo la capacidad de trabajo de los migrantes y, con ello, el envío de dinero a sus familias.
Las nuevas políticas antiinmigrantes han cerrado fronteras, suspendido el programa de parole humanitario —que permitió la entrada legal de más de 93 mil compatriotas— y reactivado las deportaciones masivas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos también muestra una marcada reducción. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en lo que va del año fiscal 2025 se han detenido 3,314 nicaragüenses en la frontera estadounidense, una cifra muy inferior a las 91,049 detenciones registradas en 2024, y la más baja de los últimos cuatro años.
"El impacto psicológico aquí es profundo. Aunque tenás argumentos legales, las nuevas leyes y el constante riesgo de ser detenido generan una tensión que es difícil de sobrellevar", comenta Mauricio, subrayando su preocupación por un posible retorno forzado a Nicaragua.
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El activista y defensor de derechos humanos Ronmel López explica que en Estados Unidos se han intensificado las detenciones basadas en perfil racial mediante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la colaboración con policías locales, lo que genera "miedo e incertidumbre" en la comunidad migrante.
"Esto genera inseguridad incluso en personas con años de residencia, permisos temporales o ciudadanía, porque no distinguen estatus. La gente vive preguntándose si será la próxima víctima de una redada o de un error administrativo", expone el activista.
El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo en Diálogo Interamericano, califica la situación de los migrantes como "angustiante", debido a la incertidumbre que enfrentan sobre qué camino tomar.
"Las opciones son mínimas, arriesgarse a que los deporten, retornar y volver a una situación difícil en Nicaragua política y económicamente", añade.
Orozco describe un panorama crítico: alrededor del 80 % de los nicaragüenses en Estados Unidos se encuentran en estatus irregular, debido a la pérdida del alivio humanitario por parte de unos 90,000 migrantes. Solo 30,000 lograron ajustar su estatus legal. Sin embargo, al igual que Mauricio, señala que es proceso "no garatiza la permanencia" pues la tasa de rechazo de solicitudes de asilo alcanza el 76 %, "lo que hace la situación aún más angustiante".
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El miedo desinflará las remesas
La incertidumbre ya merma la economía del migrante, afirma el activista Ronmel López. "Muchos están restringiendo sus movimientos, evitando ciertos empleos o modificando sus rutinas para no exponerse", detalla.
En sectores como la construcción, la agricultura, los servicios de limpieza o restaurantes, donde la mano de obra migrante es esencial, se ha visto reducción de horas y en algunos casos pérdida de empleos, refiere.
"Inevitablemente, esto repercute en los ingresos y, por tanto, en la cantidad de remesas enviadas. Aunque aún no hay un desplome, sí se observa una desaceleración y mucha gente manda solo lo justo para no dejar de apoyar a sus familias en Nicaragua", agrega López.
De acuerdo con datos del Banco Central, en los últimos seis años Nicaragua ha triplicado el ingreso de remesas. En 2019 ingresaron 1,682.4 millones de dólares; en 2020, la cifra ascendió a 1,851.4 millones, y para 2021 superó los 2,146.9 millones.
Desde entonces, el crecimiento ha sido imparable: en 2022 las remesas sumaron 3,224.9 millones de dólares; en 2023 aumentaron a 4,660.1 millones; y en 2024 alcanzaron un récord de 5,243.1 millones de dólares. Este incremento sostenido responde al aumento de la migración de nicaragüenses, principalmente hacia Estados Unidos, Costa Rica y España.
Desde abril de 2025, el Banco Central de Nicaragua descontinuó las publicaciones periódícas de captación de remesas. En el último informe trimestral, la entidad reportó 1,441.3 millones de dólares en divisas llegadas del exterior, marcando un crecimiento interanual de 26.3 por ciento respecto al mismo trimestre de 2024.
El hecho que el régimen mantenga bajo reserva los datos, Manuel Orozco, considera que el impacto negativo en las remesas familiares no se verá reflejado en las estadísticas. Incluso, prevé que el 2025 cierre con un crecimiento en el envío de divisas: "La tendencia es similar al resto de las otras nacionalidades, los migrantes aumentaron su promedio enviado en más de 20 %, el resultado es un fuerte aumento de las remesas, no por migración sino que por promedio enviado. Entre octubre de 2024 y marzo el aumento del promedio enviado creció a más de 20 % y se ha mantenido en ese ritmo. La tendencia es que ese promedio se mantendrá, y para todo 2025 el crecimiento será de 20 %, explica.
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Tomando en cuenta que el número de deportados sigue siendo bajo en comparación con la población migrante en Estados Unidos, el economista Marco Aurelio Peña opina que la desaceleración causada por la incertidumbre migratoria aún no impactará de manera determinante las cifras económicas.
Migrantes como Mauricio han mantenido el flujo de remesas a sus familias. Dice que, por ahora, ha logrado conservar un "trabajo estable" y no ha tenido necesidad de limitar el monto y la periodicidad de los envíos de dinero.
Orozco señala que la disminución estará determinada por tres factores: la reducción del número de personas que envían remesas, especialmente retornados y deportados, y la disminución en la migración.
El activista Ronmel López dice que las remesas no se deben ver solo en cifras porque "detrás de cada dólar enviado hay una historia de sacrificio, miedo y esperanza", señala. Él no duda que la incertidumbre que viven los nicaragüenses en Estados Unidos también afecta familias enteras en Nicaragua.
Mercado laboral no puede absorber a deportados
En lo que va de 2025, el Gobierno de Estados Unidos ha deportado a 4,625 nicaragüenses. Según datos del Departamento de Estado compartidos a DESPACHO 505 las deportaciones de nicaragüenses han aumentado significativamente: de apenas dos vuelos con 171 deportados en enero, a diez vuelos con 1,012 personas en septiembre, lo que representa un incremento de seis veces en el número de connacionales retornados.
Tras reconocer la llegada de vuelos con deportados desde Estados Unidos, el dictador Daniel Ortega admitió durante su discurso por el 46 aniversario de la Policía que el país "recibe muy bien" a los retornados, y hasta aseguró que "se están abriendo muchas oportunidades de trabajo" y que podrán "trabajar al lado de su familia".
El economista Marco Aurelio Peña considera que las palabras de Ortega no pasan de ser un discurso populista. Explica que el mercado laboral nicaragüense carece de capacidad para "absorber de forma estructural a todo el talento humano", debido a la "incompetencia" del régimen para generar las condiciones que permitan a los actores económicos crear más y mejores empleos.
Las palabras de Ortega -remarca- son "pura retórica política" que no tienen "correlato con la realidad económica" de un país como Nicaragua donde el 75 % del mercado laboral está mal.
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Peña sostiene que el desempleo en Nicaragua supera el 40 por ciento, es decir, 4 de cada 10 nicaragüenses no tiene un empleo formal, sus conclusiones resultan del análisis realizado a la encuesta de empleo de agosto de este año, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
De acuerdo con el Inide, la tasa neta de ocupación nacional en agosto fue de 97.8 por ciento frente al 2.2 por ciento de desempleo abierto, pero lo que según Peña, hay que revisar con lupa es la tasa de subempleo de 38.0 por ciento que el régimen incluye en sus estadísticas positivas, pero que en otros países forma parte del desempleo al ser actividades que no pagan un salario completo o porque son jornadas que se realizan por pocas horas y en las que no se paga seguridad social.
"El subempleo es un infraempleo, es un empleo inadecuado, ellos incluyen en estas estadísticas a las personas que están en los semáforos, a los trabajadores por cuenta propia o aquellas que solo lo hacen por horas y que no pagan impuesto sobre la renta ni seguridad social", explica el economista.



