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El Parlamento británico pide una investigación penal contra funcionarios orteguistas

En la sesión de hoy, los parlamentarios británicos pidieron sancionar a 20 funcionarios orteguistas identificados como los "autores de graves violaciones de derechos humanos" en Nicaragua.

Parlamento Británico
El Parlamento Británico, en Londres, abordó la crisis que atraviesas Nicaragua. EFE
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Despacho 505
  • Managua
  • April 03, 2024
  • 11:08 AM

El Parlamento británico pidió al Gobierno de Reino Unido que inicie investigaciones penales contra los funcionarios de la dictadura  de Daniel Ortega y Rosario Murillo que participan o participaron en crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los nicaragüenses.

En la investigación titulada “El silenciamiento de la democracia en Nicaragua”, presentada este miércoles en Londres, los legisladores evidencian los ataques políticos por parte del régimen Ortega-Murillo contra los medios de comunicación, líderes religiosos y la oposición en Nicaragua.

“La abrumadora evidencia recibida por la investigación pinta un panorama muy inquietante de la situación en Nicaragua. Esta evidencia es consistente con las amplias preocupaciones planteadas por organismos regionales e internacionales desde 2018”, expone el documento.

La investigación impulsada por el legislador David Alton de Liverpool, integrante de la Cámara de los Lores, tiene como objetivo garantizar que la situación en Nicaragua reciba atención y se examine en detalle. “El objetivo principal de esta investigación fue considerar la situación en Nicaragua y la supresión cada vez mayor de los derechos humanos e identificar medidas prácticas y significativas que el Gobierno del Reino Unido (así como otros estados) pueden tomar para abordarla como un asunto de internacional”, se lee en un documento publicado en el sitio oficial del grupo parlamentario.

Luego de realizar audiencias orales y leer los testimonio de más de 70 personas, entre testigos y víctimas,  el grupo de investigación realizó una serie de peticiones a Reino Unido y demás países del mundo para “abordar las atrocidades cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

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Otra de esas peticiones es “promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal”. Los parlamentarios británicos se refieren a los operadores incluídos en la investigación del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, el pasado 29 de febrero.

“El Grupo de Expertos confirmó que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua son un problema constante, y que el Gobierno tiene 'total (...) control sobre cualquier espacio cívico en Nicaragua' y erradica cualquier oposición”, indica la investigación del Parlamento Británico.

Entre las peticiones legales que sugiere la investigación  se menciona explorar las opciones de iniciar procedimientos, unilateralmente o conjuntamente con otros países, en contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Además, recomienda imponer más sanciones contra todos los responsables de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y alentar la adopción de estas en coordinación con otros estados, incluido Estados Unidos.

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SANCIONAR A FUNCIONARIOS SANDINISTAS

El Parlamento Británico pide que las sanciones que Reino Unido ha ejecutado contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se puedan alinear con las que ha adoptado Estados Unidos.

El grupo de investigación del Parlamento Británico recomienda al Gobierto sancionar a 20 funcionarios sandinistas que han sido identificados como “autores de graves violaciones de derechos humanos”.

Los funcionarios que piden sancionar son: Ernesto Leonel Rodríguez Mejía; Nadia Camila Tardencilla; Octavio Ernesto Rothschuh Andino; Wendy Carolina Morales Urbina; Gloria María Saavedra Corrales; Maribel del Socorro Duriez González; Ramona Rodríguez Pérez; Alejandro Enrique Genet Cruz; Arling Patricia Alonso Gómez; Gladis de los Ángeles Báez; Loria Raquel Dixon Brautigam; Alejandro Mejía Ferreti; Rosa Argentina Solís Dávila; Ángela Dávila Navarrete, entre otros funcionarios que ejecutan las acciones represoras de los Ortega-Murillo.

Finalmente, los autores de la investigación instan a “brindar apoyo a periodistas y medios de comunicación independientes que realizan periodismo de investigación para garantizar una cobertura integral de la situación en Nicaragua”.

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