Casas para los más pobres: lucro, clientelismo y corrupción
El proyecto habitacional “Bismarck Martínez” tiene más visos de clientelismo que de un programa social para atender el déficit de vivienda que se estima roza el millón. A cuadro aparece la corrupta Caruna como financiadora, un enorme secretismo y cuentas sospechosas.
Casas para los más pobres: lucro, clientelismo y corrupción
El proyecto habitacional “Bismarck Martínez” tiene más visos de clientelismo que de un programa social para atender el déficit de vivienda que se estima roza el millón. A cuadro aparece la corrupta Caruna como financiadora, un enorme secretismo y cuentas sospechosas. Nada debería andar mal cuando a los más pobres se les abre la oportunidad de tener casa propia pagando 40 dólares al mes, pero...
Por LÉSTER ARCIA, DIEGO SILVA Y URIEL VELÁSQUEZ | 28 DE ENERO 2019
I ENTREGA
En un precario cuarto de alquiler que a duras penas paga con lo que obtiene de extenuantes jornadas en el mercado Oriental de Managua, Rolando ha formado familia. Ahí, entre camas y pocos enseres, apenas les sobra espacio para caminar.
Rolando tiene dos hijos y una esposa que lava y plancha ajeno para ayudarle a reunir el dinero con el que garantizan la comida y los 80 córdobas por día que cuesta la estancia en la cuartería, ubicada en la zona oriental de la capital. “Es duro, difícil, no tener una casa propia, levantarme todos los días y ver que con mi mujer y mis dos niños hemos pasado tanto tiempo en un cuartito. Vivir así no es nada bonito”, resiente.
Frustrado trae a memoria su niñez, cuando junto a sus padres y hermanos se acomodaban a como podían, donde encontraban lugar y, alguna vez, tuvieron que dormir en la calle.
No quiere morir bajo techo ajeno, como su papá.
Este hombre que a diario se recorre palmo a palmo el Oriental con un bulto de accesorios para teléfonos celulares a cuestas con tal de llevar 200 córdobas a su casa, acaricia el fin de sus días en la cuartería. Es parte de las 50,000 personas que pretende beneficiar el Estado con el programa de vivienda social “Bismarck Martínez” en todo el país.
Ha comenzado a pagar 40 dólares cada mes por una casa que todavía no sabe dónde estará ubicada y a la que no podrá mudarse pronto.
Pero la cuota establecida no le parece mal, “y aunque en este país ganárselos cuesta, sé que va a ser de mi familia esa casa”, dice entusiasmado.
Para un nicaragüense con el perfil de Rolando -obrero, solo con estudios de primaria y que subsiste del “diario”- la oferta del mercado inmobiliario nacional es prohibitiva, aun tratándose de una vivienda de interés social, que de acuerdo con la Ley 965, Ley de Reforma a la Ley 677 para el Fomento de la Construcción de Viviendas y de Acceso a la Vivienda de Interés Social, el beneficiario debe demostrar ingresos de 1 a 7 salarios mínimos para calificar a préstamos hipotecarios sobre inmuebles con valor de hasta US$40,000.
CASAS PARA MILITANTES
El programa habitacional Bismarck Martínez, bautizado así en honor a un extrabajador de la Alcaldía de Managua que, según el régimen de Daniel Ortega, fue asesinado por opositores en junio de 2018 y cuyo cuerpo fue localizado un año después, tiene como meta proveer techo a 50,000 familias en siete años.
En realidad, el beneficio es exclusivo para militantes sandinistas. “Lograr un contrato no es tan sencillo como parece”, dice María quien tiene dos hijos, vive con su suegra y pensó que ese proyecto “tan accesible” como lo promueven sería la solución a su anhelo de casa propia.
“Me preguntaron (en la oficina del proyecto en Managua) si era militante o tenía aval político y cuando les dije que no me dijeron que tenía que comenzar a pagar y la casa me la entregaban en 48 meses, que no era inmediato”, relata decepcionada.
A Rolando le explicaron que podrá recibir su casa cuando complete 36 cuotas, que equivalen a U$1,440. “Digamos que tres años, cuando yo cumpla eso me dan la casa”, asegura.
El contrato que Rolando firmó en octubre de 2018, y del que no le han entregado copia, también indica que si descontinúa el pago solo tendrá derecho a recibir el reembolso de la mitad del monto aportado. “Ellos nunca van a regresar el 100% del dinero. También dijeron que el contrato lo iban a entregar después de mes y medio de haber dado la primera cuota de 40 dólares, pero ya llevo más tiempo y no lo han entregado, nos dijeron que este enero me lo van a dar”, confía.
AL SERVICIO DEL FSLN POR UNA CASA
Juan es otro beneficiario del programa “Bismarck Martínez” que aceptó hablar con Despacho 505 bajo condiciones de anonimato. Desde que su solicitud fue admitida, asiste religiosamente a las reuniones que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) convoca en su zona, y cuando el gobierno realiza las llamadas “Caminatas por la Paz” está obligado a marcar asistencia.
“Es parte de los requisitos a cumplir para tener mi casa”, expresa conforme.
A Juan le indicaron que la cuota de la vivienda variará según el número de personas que la ocupen. “Si vivo solo me dicen que son 40 dólares al mes, si se suman dos personas más son 60 dólares mensuales”, explica.
Para lograr el sí de las autoridades capitalinas a Juan le pidieron afiliación al FSLN y demostrar que “no haber tenido participación en actividades de grupos de derecha (opositores). Una condición que pesa mucho es ser recomendado por un militante del CLS (Consejo de Liderazgo Sandinista)”.
Inicialmente a Juan le informaron que su vivienda estaría ubicada en Sabana Grande, al noreste de Managua, luego lo invitaron a ir a ver un terreno al sector de El Timal, Tipitapa. Tampoco ese boleo le preocupa. Se declara dispuesto a seguir al servicio del partido sandinista, hasta tener una casa a su nombre.
UN PROGRAMA EN AGUAS TURBIAS
El Programa “Bismarck Martínez” surgió como un proyecto de lotificación. En plena crisis sociopolítica, tras el estallido social de abril de 2018, la administración Ortega-Murillo anunció que sería transformado en un programa de vivienda social.
Consiste en la construcción de 50,000 viviendas sociales en un plazo de siete años, de las cuales 20,000 estarían asentadas en la capital.
A Fidel Moreno, el sancionado secretario de la Alcaldía de Managua, le fue encomendado liderar el proyecto en Managua.
“Las familias pagarán 4,500 dólares (en total), menos de la mitad de lo que vale la vivienda, pero además tendrán 25 años para pagarla. Es una oportunidad enorme”, afirmó Moreno en una entrevista al oficialista Canal 4.
-- Fidel: Vos pagás 40 dólares al mes si no diste nada de prima.
-- Periodista: Esos 40 dólares los vas a pagar en 25 años...
--- Fidel: En 25 años. Eso completa realmente los 4,500 dólares que es el básico, y el programa aplica un bloque de intereses que es para poder sostener, precisamente, el valor del dinero en el tiempo, más la operación del programa. Pero, realmente no existe en el país, en América Latina, un programa donde tengás una vivienda de concreto de 54 metros cuadrados con 40 dólares mensuales.
Al firmar el contrato Rolando lo entendió así: “La casa sale en 9,000 dólares, pero como es como un préstamo, al final uno paga 12,000 ¡Es como un préstamo! Yo lo veo bien, porque en lugar de andar pagando 80 dólares en un cuarto, mejor voy pagando algo que va a ser mío”.
Oficialmente, cada casa está valorada en US$9,500 dólares, pero el beneficiario asume el pago de US$4,500 mediante un préstamo que en el plazo establecido generará US$7,500 en intereses. Es decir que cada mes Rolando y Juan abonan US$25 a los intereses y US$15 al capital.
Para completar el precio de la vivienda, las alcaldías donde se desarrolle el proyecto deberán aportar US$2,500 por cada beneficiario (compra de terrenos y ejecución de obras) y los otros US$2,500 saldrán de las arcas estatales vía bonos del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur). En términos monetarios es una carga de 250 millones de dólares divididos entre las municipalidades y el Estado, este último cubrirá parte de su obligación con un préstamo por US$50 millones suscrito con el BCIE, declaró recientemente la codirectora del Invur, Olivia Cano Bustamante.
MANEJO DISCRECIONAL Y SIN CONTROL
En el informe de gestión presupuestaria no existe información sobre el programa habitacional, “no se sabe exactamente cómo es el mecanismo de rendición de cuentas. Las otras dos variables son el control vertical y horizontal para ver la parte del análisis de integridad del programa”, señala la investigadora Dayra Valle al señalar la falta de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.
“¿Si no hay información cómo es posible medir el impacto de estos programas? A todas luces un programa que otorga vivienda es un programa que beneficia, pero no podemos conocer el impacto directo”, cuestiona Valle.
Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), recuerda que desde que Daniel Ortega retomó el poder en el año 2007 ha gestionado los proyectos de vivienda social bajo un modelo “clientelista… con un mecanismo populista y de opacidad en el uso de recursos públicos”.
“En Nicaragua no se conocen las formas en que se utiliza el dinero para la vivienda social, ha sido un mecanismo de populismo y clientelismo por un lado, porque es otorgado bajo criterios políticos. Sabemos que la vivienda social es necesaria, pero no hay claridad de cuánto realmente se gasta, cuánto realmente cuestan la viviendas, si hay una correlación del costo de construcción de la vivienda y el costo de venta en el caso de ventas subsidiadas, o bajo qué criterios se le asignan a una familia y otras no”, expone el experto.
Uno de los requisitos con los que deben cumplir los solicitantes es escribir una carta a Daniel Ortega. Juan, Rolando y María afirman que un aval político o carné de militante pesa para quienes buscan recibir la llave de la vivienda que no tienen.
El economista Luis Murillo considera que el programa habitacional es más una campaña partidaria que un proyecto estatal orientado a resolver una problemática seria.
“Creo que el Gobierno con este proyecto se está preparando para la campaña electoral, porque una cosa es decirle a un segmento de la población, que va a tener expectativas, que puede acceder a este tipo de vivienda y otra cosa es cuando firmás un contrato y comienzan a salir aquellas cláusulas en letra pequeña donde te ponen tasas de interés, gastos legales y mora”, advierte Murillo.
CARUNA, LA PRESTAMISTA
En el esquema de financiamiento del programa habitacional en Managua aparece la corrupta Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional R.L. (Caruna) que se encuentra en la mira de sanciones de Estados Unidos, bajo sospechas de lavado de dinero y por albergar más de US$2,500 millones provenientes de la cooperación venezolana a Nicaragua que entre 2016 y 2017 había trasladado en fideicomisos a cuentas de Bancorp, pero que tras las sanciones a esta otra entidad volvió a absorber.
Se presume que ese capital es parte de la fortuna que la familia Ortega-Murillo administra.
Caruna operó como banco parestatal cuando a Nicaragua comenzaron a ingresar miles de millones de la cooperación venezolana en 2007. Llama la atención que la cooperativa aporte capital para un proyecto de viviendas cuando desde 2018, a raíz de la crisis sociopolítica, ha venido cerrando sucursales en los departamentos del país y sus socios demandan la devolución de sus ahorros.
Para ejecutar el proyecto de casas la Alcaldía aprobó prestarle a Caruna US$5 millones a una tasa de interés del 9% y un plazo de tres años, para adquirir los terrenos donde se construirán las 20,000 viviendas.
En el primer año Caruna obtendrá US$ 450,000 de la comuna capitalina en pago de intereses y se estima que la entidad podría recibir más de un millón de dólares por ese contrato.
Técnicamente la municipalidad no afrontará dificultades para honrar la deuda adquirida. Para el 2021 cuando pretenden tener construidas 10 mil viviendas, el cobro a los beneficiarios generaría unos US$400,000 mensuales y US$4.8 millones al cabo de un año.
Esto significa que para entonces se habría reunido el equivalente al capital del préstamo y al año siguiente la deuda estaría saldada.
Para esa fecha Rolando estará a 23 años de recibir la escritura de la vivienda a su nombre y, si el acuerdo de entrega se cumple, podría entonces comenzar a empacar para dejar de vivir en una cuartería.
El plan de Alcaldía es seguir sumando clientes que tras la firma del acuerdo, igual que Juan y Rolando comienzan a pagar.
Entre agosto y diciembre de 2019 la comuna aprobó 18 mil solicitudes de vivienda y adjudicó 9,900 lotes a espera del inicio de las obras: casas de 54 metros cuadrados con los requisitos mínimos para vivir.
Si esos 18,000 “protagonistas”, a como oficialmente llaman a los beneficiarios de programas públicos, han comenzado a pagar la cuota de la casa como lo hace Rolando y Juan, cada mes la municipalidad percibe US$ 720,000 sin haber entregado la primera vivienda.
“Tenemos prácticamente en los primeros días de cada mes todas las oficinas de la Alcaldía de Managua, los distritos, la sede central o acá en el programa siempre abarrotada”, es la declaración ofrecida por Fidel Moreno celebrando el cumplimiento del pago de las cuotas de las viviendas sociales.
Para el economista Luis Murillo “el problema es que no está claro a donde van a parar esos fondos de las viviendas”.
GOBIERNO: ¿UN SÚPER CONSTRUCTOR?
Los números y metas oficiales del proyecto habitacional van en aumento, mientras los pormenores del trato son manejados bajo secretismo, pese a que se barajan recursos públicos.
“El programa de vivienda anunciado por el Invur y la Alcaldía de construir 50,000 casas en los próximos años sería excelente si se logra, en los últimos años hemos construidos 10,000 viviendas al año, en los mejores tiempos del país, así que hacer algo similar en los próximos años es una hazaña”, dudó una fuente del sector constructor que prefiere no ser identificada.
Sobre la rentabilidad del proyecto considera que solo se lograría con volumen y baja calidad de la construcción. “En efecto, algunos usuarios critican los materiales con los que las viviendas han sido edificadas”, comentó al revelar que la Alcaldía ha invitado a licitar a varias urbanizadoras y constructoras privadas, “pero la mayoría ha desistido de participar por el tema reputacional que implica construir viviendas a bajos costos y con la oscuridad que caracteriza a los proyectos gubernamentales y en los que Caruna está involucrada”.
“Cuando las cosas se hacen a espaldas de la gente, sin acceso a la información, sin garantías, cuando se hace al margen de los mecanismos de presupuesto público también se pone en riesgo a la gente”, enfatiza Félix Maradiaga refiriéndose a la falta de cumplimientos de normas y garantías.
“Tampoco se abre a la competencia, porque el sector privado tiene la capacidad, lo cual se ha visto alrededor del mundo, incluso con mejores condiciones. Esto requiere transparencia”, insiste el director del Ieepp.
La investigadora Dayra Valle advierte que la discrecionalidad en el manejo de proyectos de impacto social del gobierno también “es un terreno productivo para corrupción, puede haber un negocio redondo entre las constructoras e instituciones del Estado”.
AL MARGEN DEL INTERÉS SOCIAL
En Nicaragua casi un millón de familias no tienen vivienda: hacen falta 647,805 unidades nuevas y hacer mejoras en 309,176, según los datos de déficit habitacional que no se actualizan desde 2014.
El economista Luis Murillo explica que un proyecto que plantea construir 50 mil viviendas en un lapso de siete años, es mínimo frente al problema estructural.
“Creo que hay una confusión, porque existe un doble discurso. Se plantea un proyecto de vivienda de interés social, sin embargo, los resultados no son de interés social. La vivienda de interés social es agarrar a un segmento de la población que no tiene muchas posibilidades de acceder a los créditos hipotecarios bancarios tradicionales, entonces se le da la opción de tener acceso a una vivienda relativamente de bajo costo. Sin embargo, haciendo números no es así respecto al programa de viviendas Bismarck Martínez, porque si agarramos los 25 años en los que la gente debe pagar las casas significa que da un total de 12,000 dólares, lo que contradice la propaganda del Gobierno”, valora el economista.
Félix Maradiaga, experto en políticas públicas, reconoce que la falta de vivienda es un problema urgente que requiere ser atendido, pero sin criterio político-partidario, con transparencia y sin mecanismos de lucro, porque terminan haciendo negocio a partir de las necesidades de las clases más pobres de Nicaragua.
En Managua la construcción de 20,000 casas generaría US$240 millones: US$90 millones corresponderían al capital y US$150 millones a intereses.
Las 30,000 viviendas que se pretenden construir en el resto del país dejarían US$360 millones, de los cuales US$225 millones corresponden a intereses.
El bloque de intereses que Fidel Moreno indicó que se aplican a los beneficiarios del proyecto “Bismarck Martínez” para mantener el valor del dinero en el tiempo suman US$375 millones a nivel nacional.
Félix Maradiaga califica de “usureros” los parámetros utilizados para atender el déficit de vivienda en el país. “Hay un patrón de comportamiento desleal, de comportamiento corrupto a lo largo de los últimos años, donde se utiliza un porcentaje pequeño de la ayuda internacional, de préstamos y del Presupuesto General de la República para dar la apariencia de que se dio un gran gasto social acompañado de gran propaganda política”.
La incursión del aparato corporativo del Frente Sandinista para hacer competencia al sector privado en el tema de la vivienda social es otro aspecto cuestionable a la administración sandinista, indica Maradiaga.
“No se sabe si estas empresas constructoras cumplen con los estándares de calidad de construcción de obras de vivienda social, no se sabe si detrás de estas empresas hay testaferros del Gobierno. Se desconoce si realmente cobran lo real o hacen cobros excesivos”, agrega la investigadora Dayra Valle.
LAS VIVIENDAS
Las casas del “Bismarck Martínez” tienen una extensión de 54 metros cuadrados, en un lote comprendido entre 150 y 180 varas cuadradas.
De acuerdo con la resolución de adjudicación 157 -2019 a favor de la compañía New Century Buildings S.A, en poder de Despacho 505, la alcaldía de Managua pagará C$108,519,047 (US$3,217,285) por la construcción de las primeras 500 viviendas sociales.
El contrato fue firmado el 25 de noviembre del 2019 y en este la constructora se compromete a entregar las casas en un plazo de 175 días, con un anticipo de C$21,703,809.
Por cada vivienda la constructora estaría cobrando US$ 6,424.5.
En la capital el trato es entre la alcaldía, Caruna y la constructora New Century Builders S.A; pero en el resto del país se desconoce si las municipalidades han llamado a licitación o si disponen de los recursos para aportar a la ejecución, ya que pasan apuros financieros por el recorte a las Transferencias Estatales.
La titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), Guiomar Irías, calificó el “Bismarck Martínez” como unos de los proyectos prioritarios en 2020, con una meta de asignación de 11 mil terrenos para totalizar más 25 mil “en solamente dos años de trabajo”, indicó.
DISEÑO: José Denis Cruz
FOTOS: Melvin Vargas
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