Femicidios en Nicaragua: 46 de cada 100 casos sin rastro en el sistema judicial

A Blanca Nubia Pérez, de 52 años, la decapitaron tres hombres armados que usaban pasamontañas y vestían ropa verde olivo. La sacaron al frente de su casa, la golpearon con un hierro y ya muerta le cortaron la cabeza. 

El crimen ocurrió en Pondler, una comunidad remota en Laguna de Perlas, en el Caribe Sur de Nicaragua. Blanca tenía cuatro meses de haberse mudado a la localidad con sus dos hijas, de 17 y 21 años. 

El día que la mataron, Blanca estaba con ellas. Lograron escapar, pero perdieron a su madre. El 10 de febrero de 2025, el crimen cumplió tres años en total impunidad.

La muerte violenta de Blanca fue noticia en medios locales y nacionales, pero la Policía no ha brindado hasta la fecha ninguna declaración. Los vecinos aseguran que la mujer era curandera, y sus femicidas eran “clientes insatisfechos”. 

Blanca es una de las 360 víctimas de femicidio registradas en Nicaragua entre 2018 y 2024; un país donde reina la impunidad, la opacidad en los datos oficiales, sumado a una política estatal de limitar el reconocimiento de los crímenes machistas al ámbito de pareja, lo que convierte a las autoridades en cómplices de los victimarios —señalan los especialistas—, mientras el sistema de protección a las mujeres ha sido progresivamente desmantelado. 

La Lupa y Despacho 505 contrastaron el registro sobre víctimas de femicidio del organismo del Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) con las publicaciones de los medios para construir una base de datos propia sobre estos crímenes: 360 en total. Cada caso fue verificado en el sistema electrónico del Poder Judicial para dar forma a un retrato todavía inconcluso de la violencia machista en Nicaragua y exponer el esquema institucionalizado que facilita su invisibilización.

La evidencia de un Estado que abandona a las mujeres se constata -por primera vez y a partir de los propios registros oficiales- que casi la mitad de los femicidios que ocurren en Nicaragua nunca escalan a los tribunales. 

Casi la mitad de los femicidios registrados en Nicaragua en los últimos siete años ni siquiera fueron judicializados. 

Entre los 360 casos revisados, 166 (46,11%) no tienen ningún registro en el sistema judicial. De estos, 95 (26,39 %) corresponden a casos con víctimas y agresores plenamente identificados, pero sin evidencia de que se haya iniciado un proceso penal. En los otros 71 (19,17%) la Policía ni siquiera identificó a los agresores.  

Se logró comprobar que en siete años sólo 88 de los 360 crímenes contra mujeres verificados -equivalentes a un 24,44%- fueron procesados por el delito de femicidio. Otros 59 (16,39%) casos fueron judicializados por asesinato y 29 (8,08%) por figuras penales distintas como homicidio y parricidio. En 18 casos adicionales (5%) los agresores se suicidaron.

"El Estado se está convirtiendo en cómplice de los femicidas. Está ocultando a las víctimas colaterales del femicidio, a las familias de las mujeres asesinadas, pero también ocultándole a la sociedad nicaragüense la gravedad de la violencia extrema contra las mujeres y las niñas", afirma la socióloga feminista María Teresa Blandón, exiliada en Costa Rica desde 2022, a causa de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El régimen político nicaragüense intenta proyectar ante la población la imagen de que reivindica los derechos de las mujeres. Sin embargo, los casos y la trayectoria de ambos líderes desmontan su propio discurso. En 1998, Ortega fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica y Murillo públicamente lo respaldó, una historia de impunidad y menosprecio a la mujer amparada en la influencia mayúscula del dictador en el Poder Judicial.

Ocultamiento y subregistro de los femicidios

El 22 de agosto de 2022 Elliette Loásiga, de 29 años, falleció en circunstancias nada claras cuando discutía con su prometido, Bayardo Arce Sandino. Él es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gerardo Arce Castaño, y sobrino del asesor económico de Ortega y excomandante de la revolución, Bayardo Arce. 

Ese día, la joven presentaba una herida de bala en la cabeza que la mantuvo hospitalizada durante cuatro días hasta que murió. La Policía Nacional concluyó –según el informe policial al que tuvo acceso Despacho 505— que se trató de un "suicidio extemporáneo", en medio de una "discordia de pareja". El caso fue clasificado como "relevante" por las autoridades, pero los investigadores no retomaron las sospechas de femicidio, señaladas por amistades de la víctima, y se aceptó únicamente la versión de Arce Sandino.

La socióloga Teresa Blandón insiste en que al régimen no le interesa hacer justicia y destaca que "es una marca de una profunda misoginia, de una absoluta ceguera de género" que se contradice con el discurso triunfalista y comprometido con la vida y los derechos de las mujeres que hace parte de la propaganda del Estado en las inauguraciones de las sedes de la Comisaría de la Mujer y la Niñez. 

El seguimiento al rastro de los 360 femicidios ocurridos entre 2018 y 2024 confirma el menosprecio hacia la vida de las mujeres y una gravísima falta de transparencia en la aplicación de la justicia en Nicaragua que facilita beneficios a los responsables de la violencia machista.  

Según una abogada experta consultada por este equipo periodístico, la discrecionalidad en el registro de los datos oficiales se agudizó a partir de 2018, en el contexto de represión desatada por el régimen Ortega-Murillo para aniquilar la protesta social.

Esa política expansiva de represión alcanzó a más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, que fueron clausuradas y sus bienes confiscados, entre ellas las dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. También se refleja en las instituciones involucradas en la ruta de acceso del Instituto de Medicina Legal (IML), la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional cuyos anuarios estadísticos no se actualizan desde 2021. Ese año, el Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) contabilizó 71 femicidios, mientras el anuario de la Policía solo registra 16 de los cuales apenas 4 casos fueron resueltos por las autoridades. De los otros doce no se tiene registro.

"En muchos casos incluso no tienen sentencia y es porque seguramente el tipo fue indultado y eso no lo ponen en los expedientes. En el sistema no está", explica la abogada. 

El rol del Estado como encubridor de criminales se comprueba en el caso del reo Óscar Manuel García Flores, el único de los 360 verificados para esta investigación en cuyo expediente consta la orden de libertad anticipada bajo régimen de convivencia familiar. 

García cumplía pena por los delitos de robo agravado, violencia física y psicológica. Fue arrestado el 6 de mayo de 2019 y liberado al año siguiente bajo convivencia familiar, aunque hasta el 11 de junio de 2021, después de haberle arrebatado la vida a su pareja, Raquel Salinas Barahona, se emitió la certificación de liberación. Para entonces ya se había convertido en prófugo por ser autor del delito de femicidio. 

Desde 2015, la dictadura ha liberado bajo el régimen de "convivencia familiar" otorgado de manera discrecional a un aproximado de 48,064 reos. 

Entre estos liberados, hay condenados por delitos de violencia física, psicológica, sexual u otros delitos contra las mujeres como lo reveló La Lupa en la investigación: Convivencia familiar para femicidas y violadores en Nicaragua publicada en enero de 2021. 

Estas resoluciones del Poder Judicial contrastan con la versión de la dictadura. Las autoridades dicen que solo aplican el beneficio a delincuentes con penas iguales o menores a cinco años, como parte de una supuesta “política humanitaria, de reconciliación y de unidad”. Sin embargo, eso tampoco se puede medir.

Hasta ahora, se ignora la cantidad de reos liberados reincidentes en delitos contra la vida de las mujeres. El Ministerio del Interior, encargado de la administración del Sistema Penitenciario y dependiente del Ejecutivo, se limita a informar la cantidad de hombres y mujeres liberados. Además, en el sistema Nicarao, el que usan los abogados para dar seguimiento a los casos en los tribunales del país centroamericano, gran parte de los expedientes quedan incompletos.

"Hay una política gubernamental de no atender estas situaciones de violencia; no hay interés por cumplir con las leyes", expresa una abogada litigante con más de 30 años trabajando con las víctimas de femicidio.  Ella solicita el anonimato, porque reconoce que cualquier crítica contra la gestión estatal puede significar cárcel o exilio.

Jorbin José García López, coautor del delito de femicidio, es un ejemplo.  Solicitó sobre la base de su "comportamiento, su nivel de reinserción en la sociedad y su estado psicológico" para ser liberado. Presentó la solicitud el 18 de febrero de 2022, dos años después del crimen. 

García López, de 24 años, fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Yesbeling Espinoza Calero, de 12 años. El otro responsable es Romero Jiménez, condenado a 30 años por femicidio, un delito atribuido por el Estado porque lo consideraban "el novio" de la niña.

La sentencia fue impuesta conforme la reforma mediante el reglamento 42-12, que modificó en 2014 el objeto de la Ley 779, de "actuar frente a la violencia contra las mujeres, proteger sus derechos humanos y garantizarles una vida libre de violencia" y limitó la figura del femicidio al ámbito privado de parejas o exparejas.

"Cuando no tipifican estas muertes como femicidio lo que están haciendo es negar esa realidad; negar que son asesinatos que ocurren, porque las mujeres previamente ya tienen una condición de vulnerabilidad, producto de la discriminación, de la cultura machista, de la desigualdad estructural, que permea o que está presente en la sociedad", denuncia Blandón. 

A Yesbeling la encontraron en febrero de 2018, después de tres meses de haber sido vista la última vez. Aunque la familia había reportado la desaparición, el hallazgo no fue resultado de una investigación policial, sino total casualidad: unos obreros llegaron al pozo a continuar con una excavación y descubrieron el cadáver.

Las autoridades, simplemente no investigan

La Lupa y Despacho 505 documentaron 360 crímenes contra mujeres en los últimos siete años.

De manera general, ante un crimen "las autoridades policiales y judiciales están obligadas a investigar sin necesidad de una denuncia", sin embargo "hay casos que se quedan solo en los reportes noticiosos e incluso en los partes policiales", explica la abogada.

De los 360 casos documentados 351 (97,7%) víctimas fueron identificadas. Sin embargo, en 86 de esos crímenes machistas (23.89%) las autoridades no identificaron a ningún agresor.

El doble femicidio de Olga María Rocha Martínez, de 48 años, y su hija, Ingrid Junieth Sánchez Rocha, de 18, sigue también impune. Han pasado tres años. Se ha logrado identificar como los autores a los hermanos Carlos y Marvin Antonio Meza Polanco de 38 años.

La exjuez del juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Siuna, Yelba Lino Macario, giró una orden de captura y allanamiento contra los Meza Polanco en agosto del 2021, por los delitos de "asesinato y portación ilegal de armas". Hasta la fecha, las detenciones no se hacen efectivas. 

Los hechos fueron registrados en 2021, en la comunidad San Isidro Silby, del municipio de Siuna, jurisdicción de la Costa Caribe Norte. En ese lugar es donde ocurre el mayor índice de impunidad de los crímenes contras las mujeres en Nicaragua. Según el Observatorio Voces de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en 2024 el 60% de los crímenes machistas ocurridos en esa región del país quedaron no alcanzaron justicia. 

"Ellos dicen que están buscando (a los responsables de los crímenes contra mujeres), pero en la práctica no es así. De pura casualidad, o por investigación de la familia, que se dedican directamente a buscar a los femicidas, es que los ubican y, en el mejor de los casos, los capturan. Pero en algunos casos los liberan porque ya ha pasado mucho tiempo", dice la abogada consultada. 

Las defensoras de derechos humanos denuncian una política institucionalizada orientada a invisibilizar la violencia machista. Pero, además, reportan que tanto en la Comisaría como en la Fiscalía no cumplen su trabajo, porque las mujeres son maltratadas, culpabilizadas al poner la denuncia, mientras se minimizan sus casos, se les recomienda arreglarse con la pareja. Al final, terminan muertas porque no recibieron protección.  

Cuando Ortega retornó al poder en Nicaragua, en 2007, se contaba con al menos 32 Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, ubicadas en sus cabeceras departamentales. Ahora, las autoridades reportan 416, después del relanzamiento de estas dependencias en 2020, cinco años después que fueron desmanteladas por el régimen.

El cierre de las comisarías fue una estrategia para concentrar el control policial en las delegaciones generales, pero a costa de eliminar espacios autónomos donde las mujeres podían denunciar violencia de género, aumentando así las barreras que enfrentan para acceder a la justicia.

La instalación masiva de Comisarías de la Mujer no ha sido efectiva en la prevención y disminución de la violencia de género / Foto: El 19 Digital  

Consecuencia de aquel desmantelamiento, las defensoras de derechos insisten que el personal especializado y formado en las Comisarías de la Mujer y la Niñez fue trasladado a otras dependencias, "y les prohibieron seguir haciendo su trabajo".

Aunque la media nacional actualmente es de tres Comisarías de la Mujer y la Niñez por municipio, la violencia ha continuado con un promedio sostenido de femicidios entre 70 y 80 casos anuales, con un aumento también de los niveles de atrocidad.

"La creación de más de 400 comisarías es sobre todo una estrategia mentirosa para tratar de acallar las denuncias que hacemos las organizaciones feministas de un Estado omiso en materia de atención a la grave problemática de la violencia de género. Ellos saben que la violencia sexual, física, psicológica y los femicidios son una realidad en todo el país, pero quieren hacerle creer a las mujeres que están haciendo algo", acusa Blandón.

Condenas flexibles, revisables para delitos de odio

Sin embargo, públicamente el régimen se coloca a la supuesta vanguardia de la lucha contra la violencia. En 2020, los legisladores oficialistas reformaron la Constitución para establecer la cadena perpetua en el caso de "los crímenes de odio". Entonces, Ortega y Murillo se mostraron "indignados" ante el doble femicidio contra dos niñas de 10 y 12 años, originarias de Mulukukú, y el clamor de una madre que no había recibido respuesta de la Policía.

No obstante, tan solo 50 agresores recibieron una condena por cadena perpetua “revisable”, de los cuales: 29 son autores de femicidio, pero el resto, son 17 por asesinato y 4 por parricidio.  

Para Blandón, el problema no es que sea revisable la cárcel de por vida o la cadena perpetua, porque puede ser que sí sea necesario en algunas circunstancias. El problema es otro. La socióloga describe a Nicaragua como un país sin reglas. "Todo está muy pervertido. Muchas veces los que han atentado contra la vida, la libertad, la integridad de las mujeres y de las niñas, cuando salen van con intenciones de venganza". 

El caso de Blanca Nubia Pérez —la mujer asesinada frente a sus hijas por tres sujetos desconocidos— expone el odio y la misoginia contra ella por ser mujer: sus agresores la decapitaron y, pasados ya tres años, su familia aún no ha logrado recuperar su cabeza.

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* El concepto de femicidio tomado como referencia en este trabajo es el planteado en la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres), aprobada en 2012, que establecía que "comete el delito el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado". 

*La investigación: Nicaragua: Solo 24% de los agresores han sido condenados como femicidas entre 2018 y 2024 ha sido producida en colaboración entre los medios La Lupa y Despacho 505.