Gobernación cancela a seis oenegés internacionales por no registrarse como Agentes Extranjeros

Entre las oenegés que Gobernación ilegalizó están tres de Europa, dos de los Estados Unidos y una de Costa Rica.

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  • mayo 24, 2022
  • 07:33 AM

El Ministerio de Gobernación, por medio de una Resolución Administrativa, ordenó este martes la cancelación de los registros y números perpetuos de seis oenegés sin fines de lucro, a quienes señala de violar la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el lavado de activos.

Las oenegés son Fundación Terre Des Hommes Italia-Onlus, de Italia; Asociación Vivamos Mejor, de Costa Rica; Médico Internacional E.V., de Alemania; Planting Hope, INC (Sembrando Esperanza, INC); y Proyecto Gettysburg-León, INC, ambas de los Estados Unidos; y Fundación para la Cooperación Internacional Funciona, de España.

“Cancelar los registros y números perpetuos asignados a los 06 organismos de otras nacionalidades antes referidos, por haber incumplido con sus obligaciones conforme las Leyes de Nicaragua que los regulan”, señala el artículo uno de la resolución, la que agrega que las organizaciones no se registraron como agentes extranjeros siendo sujetos obligados.

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El Ministerio de Gobernación en su resolución utiliza los mismos argumentos que ha empleado la Asamblea Nacional para despojar de su personería jurídica a las organizaciones nacionales, y de obstaculizar el control y vigilancia que realiza la Dirección de Registro y Control de las oenegés de ese Ministerio.

Además, señala que no han reportado los estados financieros “conforme periodos fiscales con desgloses detallados Ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”.

También las señala de no proporcionar información sobre la identidad y origen de todos sus donantes y de tener juntas directivas vencidas.

PLAZO DE 72 HORAS PARA ENTREGAR

La resolución establece que las seis organizaciones ilegalizadas tienen un plazo de 72 horas para entregar todos “los documentos referidos a la liquidación de bienes y activos, así como libros contables (Diario y Mayor), libro de actas y libro de registro de miembros, que fueron autorizados por esta autoridad para su resguardo”.

Mayo, es el mes más funesto para las organizaciones sin fines de lucro, solo la Asamblea Nacional le canceló la personería jurídica a 94 oenegés y ahora se suman estas seis por parte del Ministerio de Gobernación.

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En octubre del 2020, en una carta abierta al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada y a la ministra de Gobernación, Amelia Coronel, el Secretariado de ONG internacionales (Songi), traslado su preocupación por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

En la misiva explicaron que han cumplido con todas las obligaciones legales y fiscales que establecen las leyes nacionales, “reportando nuestros fondos, donaciones, actividades y obligaciones” a todas las instancias establecidas.

LUCHA CONTRA LA POBREZA

El Secretariado de oenegés, esta conformado por 32 organizaciones en Nicaragua y gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de 550 mil personas en todo el país.

Además, aseguran que “contribuyen en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar sostenible, salud, educación, vivienda, protección social, gestión ambiental, resiliencia ante el cambio climático, acceso al agua potable, así como el ejercicio de derechos humanos y ciudadanos de la población nicaragüense”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha expresado «profundamente preocupada» por la entrada en vigor de la  Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, por considerar que «restringe aún más el funcionamiento de la sociedad civil».

Liz Throssell, portavoz de Oacnudh, señaló que la norma «profundiza la represión del espacio cívico» en Nicaragua, pues dificulta el registro de las organizaciones al obligarlas a reportar al régimen de Ortega los fondos que reciben y las actividades que realizan e impone nuevos requisitos, «como detallar las fuentes de financiación, los estados financieros, las actividades y los beneficiarios».

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