El exterminio de oenegés afecta a más de 50,000 niños en Nicaragua, revela Estados Unidos

Estados Unidos ha comenzado a revelar la dimensión del daño causado por el cierre masivo de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entre las víctimas directas están 50 mil niños beneficiarios de programas de salud y educación que ni el mismo Estado presta, denunció el Departamento de Estado, por medio de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.

“Sacrifican deliberadamente la salud y la educación de los niños nicaragüenses por su propio poder”, lamentó la Oficina dedicada que tiene entre sus líneas de acción la promoción de la democracia en todo el mundo.

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“El régimen de Ortega-Murillo cerró organizaciones que brindan educación primaria a más de 50,000 niños, comidas escolares para jóvenes desnutridos y operaciones gratuitas para niños con paladar hendido”, se lee en una de varios mensajes dedicados a visibilizar el impacto social que tiene la decisión del régimen de Nicaragua de ilegalizar a más de mil organizaciones de toda índole, entre ellas muchas dedicadas a atender a poblaciones vulnerables, grupos minoritarios y de servicios de asistencia social.

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo se ha destacado de manera particular la labor que prestaban organizaciones que atendian a niños, adolescentes y a adultos mayores en condiciones de riesgo, abandono o con padecimientos de salud cuyos tratamientos no son proveeidos por el sistema de salud público, como es el caso de las Misioneras de la Caridad y Operación Sonrisa.

INSENSIBILIDAD HACIA LOS MÁS VULNERABLES

Califica el cierre de este tipo de organismos como una muestra de "insensibilidad hacia los más vulnerables en Nicaragua al cerrar una organización caritativa que albergaba a jóvenes víctimas de la violencia y ancianos abandonados y brindaba atención diurna a niños de familias de bajos ingresos".

Desde diciembre del 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha cancelado a 1,068 oenegés, en una campaña feroz contra los organismos no gubernamentales a los que acusa de violar la Ley de  General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, la  Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo al no presentar sus estados financieros con desgloses.

De enero a la fecha, el régimen Ortega-Murillo a través del Ministerio de Gobernación ha ordenado el cierre y confiscación de los bienes de 951 organizaciones, la mayoría de ellas dedicadas a labor humanitaria así como de promoción y defensa de los derechos humanos, atención y promoción de los derechos de las mujeres y al empuje del desarrollo local en todo el país.

ELIMINA EL DERECHO A ORGANIZARSE

Ana Quirós, directora del ilegalizado Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud (Cisas), una de las primeras ilegalizadas por el orteguismo, ha explicado a DESPACHO 505 que el cierre masivo contra las oenegés obedece a una venganza política pues el mismo Estado viola los procedimientos establecidos para tratar casos de incumplimientos, en caso que ese fuera el problema.

La realidad, ha dicho, es que «esta Asamblea y este Gobierno se han convertido en una máquina trituradora de el derecho a organizarse y a trabajar por el bien común».

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«Lo que están haciendo es eliminando cualquier forma o cualquier mecanismo para organizarse. Lo que quieren es borrar cualquier espacio donde la gente se pueda juntar por el bien común», enfatizó Quirós.