ONU: reforma a la ley de oenegés convierte a Gobernación en juez y parte

La reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), aprobada por la bancada sandinista, no solo contradice los estándares internacionales sobre libertad de asociación, si no que convierte al Ministerio de Gobernación en juez y parte, advirtió la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

La OACNUDH considera que la medida aprobada por la Asamblea Nacional eliminó el equilibrio de poderes, porque pasó al Ejecutivo la posibilidad de aprobar y cancelar personería jurídica. También extinguió la posibilidad de que un ente independiente realice esta función.

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"La nueva propuesta de ley concentra en el Ministerio de Gobernación el registro, funcionamiento y extinción de todas las organizaciones sin fines de lucro, sin otorgar a un ente independiente potestades en la materia, y menos facultar al órgano judicial que tome la decisión sobre la disolución involuntaria o cancelación de las organizaciones, lo que no condice con los estándares internacionales sobre libertad de asociación", explicó la OACNUDH.

En lo que va del 2022 la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, ha ilegalizado a 1.250 oenegés argumentando incumplimiento de  Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro; la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

"El diputado del partido de gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha propuesto una iniciativa legislativa que, en lugar de reformar la norma observada, confirma su incompatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos", detalló el organismo.

LEY INQUISITORIA

También, ha señalado a las oenegés de no reportar sus estados financieros con desglose detallados de ingresos, egresos, balance de comprobación y de no detallar el origen, proveniencia y destino final de sus donaciones. Además, las señala de tener juntas directivas acéfalas, por más de 10 a 30 años.

La OACNUDH considera que la aplicación de la Ley General de Regulación y Control de Organizaciones Sin Fines de Lucro es incompatible con los estándares internacionales de los derechos humanos.

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"A pesar del llamado por parte de estos expertos de realizar una cuidadosa revisión de la Ley 1115 y de ´abstenerse de decretar más cierres y […] revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones´, el Estado no ha avanzado en esa dirección", señaló la OACNUDH.

La Oficina de Michelle Bachelet considera que el régimen de Ortega "sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos".