La Conferencia Episcopal de Nicaragua se declara "herida" y cierra filas por monseñor Álvarez

La Conferencia Episcopal de Nicaragua declaró este viernes su total respaldo y dolor por el secuestro político que sufre monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la Diócesis de Matagalpa que es señalado de liderar a grupos violentos, supuestamente para atentar contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Hoy sentimos con profundo dolor esta herida que sufrimos como Iglesia en Nicaragua y oramos por nuestro hermano monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, por todos nuestros sacerdotes y fieles laicos para que el Señor nos dé la palabra para dar a conocer sin temor, "el misterio del evangelio", expresó la jerarquía católica, siendo esta la primera vez que se pronuncia sobre el ataque contra el obispo.

El régimen ordenó el asalto a la Curia Episcopal donde se encontraba el religioso junto a otros sacerdotes, bajo la condición de "casa por cárcel", tras anunciar una investigación cuyos avances son hasta ahora son desconocidos. El obispo de Matagalpa sufría secuestro policial desde el pasado 4 de agosto. La Policía Orteguista alega que es «investigado» por supuestamente dirigir a grupos violentos para desestabilizar el país.

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La Diócesis de Matagalpa denunció en sus redes sociales que agentes de de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) tumbaron las puertas de la residencia episcopal a las 3:20 de la madrugada de este viernes para llevárselo. En todo Matagalpa y el resto del país la noticia causó conmoción y rechazo total.

REACCIÓN POR TODOS LADOS

Las acciones del régimen contra el obispo motivó condenas y reacciones mundiales. Una de ellas fue la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se declaró «muy preocupado» por la redada llevada a cabo por las autoridades de Nicaragua contra la sede episcopal y las recientes acciones contra la iglesia Católica y organizaciones civiles.

El alto funcionario exigió al régimen la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria. A través de un portavoz, Guterres llamó al régimen de Ortega a que garantice «la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión».

El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam) alertó también a la comunidad internacional sobre el secuestro de monseñor Álvarez, quien junto a otras personas se encontraba en la Curia Episcopal en la ciudad de Matagalpa, rodeado y sitiado por las fuerzas policiales hasta esta madrugada.

“Alertamos a la comunidad internacional y nos sumamos a la cadena de oración”, señaló por su lado el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), en su cuenta en Twitter.

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"ESCALADA REPRESIVA"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el hecho y lo calificó como una «escalada represiva en contra de integrantes de la iglesia Católica en Nicaragua". La CIDH llamó al Estado de Nicaragua "a cesar de inmediato estos actos».

Algunas horas después del secuestro, la Policía Orteguista emitió un comunicado donde justifica el asalto y traslado a Managua de monseñor Álvarez porque persistían lo que considera «actividades desestabilizadoras y provocadoras”.

La misma Rosario Murillo, amenazó al obispo con cárcel el pasado 5 de agosto, mientras la iglesia llamaba a sus seguidores a una jornada de ayuno y oración. “Son días para tomar en cuenta que en esta patria bendita hay leyes también, no se puede, no se debe infringir las leyes y mucho menos cometer delitos, porque provocar, hacer ostentación de impunidad es un delito, sobre todo cuando lo que se provoca es discordia, desenfrenos, no estamos para eso”, dijo Murillo, en clara alusión al religioso sitiado.

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Murillo hasta llegó a inventarle un delito. “Generar descrédito a esas instituciones que merecen respeto, también es un delito, es pecado de lesa espiritualidad", dijo.

La detención del religioso es parte de una escalada represiva que ha emprendido el régimen contra la iglesia Católica, la cual ha incluido cierre de medios tanto radiales como televisivos, acoso y persecución contra sus sacerdotes. En varias ocasiones el dictador Ortega ha llamado «golpistas» a los obispos.