Juez orteguista niega derecho a una defensa privada a sacerdote de Boaco encarcelado por la dictadura 

Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de Boaco, ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le admita un abogado privado desde que fue detenido el pasado 13 de julio, el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua ha rechazado las peticiones.  

En cambio, le ha impuesto a la abogada Jennifer Eliett Hernández, quien es parte de la Defensoría Pública, controlada por la dictadura.   

El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Boaco, es acusado de los supuestos delitos de abuso sexual, violación y lesiones psicológicas en perjuicio de una menor de 14 años. Inicialmente tenía como abogado defensor al militante sandinista Harry Antonio Valle Palacios.  

Sin embargo, al quedar al descubierto en redes sociales como férreo defensor del régimen, el funcionario orteguista renunció el 21 de julio minutos después de haber concluido la audiencia inicial en la cual el sacerdote fue remitido a juicio para este 24 de agosto.  

Según el expediente judicial, Valle presentó la renuncia por discrepancias con familiares del acusado y alegó que tampoco tenía capacidad económica para sufragar los servicios legales.  

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Al día siguiente, una sobrina del sacerdote solicitó a través de un escrito que se nombre como abogado  defensor privado del párroco a Marlon Antonio Aburto Hidalgo. Sin embargo, en menos de una hora la defensora pública Jennifer Eliett Hernández presentó un escrito solicitando intervención de ley para representar al acusado.  

MÁS DE TRES PETICIONES IGNORADAS

El 27 de julio a las 1:06 de la tarde un familiar introdujo una nueva solicitud de designación de abogado y asistente y a la vez pidieron autorización para entrevistarse con el párroco.  

El 2 de agosto volvieron hacer otra petición de defensa privada, pero no se ha admitido. Mientras se acerca el día de juicio, el juez sigue obviando las peticiones de nombrar al abogado defensor privado del párroco propuesto por los familiares.  

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Monseñor Urbina fue el segundo sacerdote encarcelado por la dictadura acusado de delitos comunes. El 22 junio, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas contra cinco seguidores de la dictadura.  

El pasado viernes, la Policía Orteguista trasladó de la Curia Episcopal de Matagalpa a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, a cinco sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, colaboradores de monseñor Rolando Álvarez, quien continúa bajo arresto domiciliario.