Estas son las ilegalidades cometidas en el caso abierto contra el obispo, sacerdotes y laicos de Matagalpa

Nada de lo actuado por los operadores de la justicia del régimen de Daniel Ortega contra monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes y laicos que lo acompañaron en la Curia Episcopal de Matagalpa, ha sido legal.

Los abogados que han analizado los casos no encuentran hasta la fecha ningún sustento para explicar la condición de detención del obispo.  “La figura llamada ´resguardo domiciliar´, ni siquiera existe, es un invento de la Policía”, dice Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

La abogada explica que tampoco se puede definir la condición de los otros seis religiosos porque de la investigación anunciada por la Policía del régimen para encerrarlos en la residencia del obispo durante 15 días anterior a sus secuestros, nada se sabe.

“Se desconoce si tiene que ver con esa investigación, o hay otros delitos imputados, porque estaban bajo indagación y de repente, sin que mediara una orden judicial, se los llevan en horas en los que ni los allanamientos, ni los arrestos, son legales. La policía actuó como investigador, fiscal y juez: denunció, acusó y ordenó arrestos. Todo ilegal", agrega por su lado el abogado Yader Morazán.

ARRESTO DOMICILIAR EN MATAGALPA Y MANAGUA

El 4 de agosto pasado, agentes antimotines de la Policía Orteguista rodearon la Curia Episcopal de Matagalpa donde reside monseñor Rolando Álvarez y le impidieron salir del edificio. Ese día el obispo en horas de la mañana desafió  el cordón policial impuesto el día anterior y con el Santísimo en mano les exigió que lo dejaran celebrar una misa.

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Al día siguiente, la Policía emitió un comunicado en el que acusaba a Álvarez  de intentar “organizar grupos violentos” y anunció el inicio de un proceso de investigación que conllevaba a “mantener en sus domicilios a los señalados”, que eran el obispo, sacerdotes, seminaristas y laicos colaboradores.

Quince días pasó encerrado allí el obispo Álvarez, impedido de salir, rodeado de agentes entrenados para intervenir y matar, hasta que a las 3:20 de la madrugada del del viernes 19 de agosto, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) tumbaron la puerta de la residencia y secuestraron a sus ocupantes.

Del obispo, la Policía dijo que quedaba bajo “resguardo domiciliar” en casa de su familia en Managua y que los demás religiosos, estaban bajo investigación y fueron llevados a las celdas de El Chipote.

LOS SEIS ATROPELLOS CONTRA LOS RELIGIOSOS

Los abogados han detectado seis “anomalías legales” que la dictadura ha cometido contra los religiosos.

1. Sin competencia jurisdiccional. Fueron extraídos de lo que podría ser su juez natural. En ningún momento debieron ser sacados de Matagalpa, ¿Qué argumento tiene la Policía  para sacarlos de allá? Supuestamente fue en Matagalpa que los delitos se cometieron.

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El artículo 34, inciso 2 de la Constitución de Nicaragua que establece, que los nicaragüenses tienen derecho a que sus asuntos sean juzgados sin dilataciones por un tribunal competente establecido por la ley. Nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.

2. Allanamiento y arrestos sin orden de juez.  A una semana de ocurrido el asalto contra monseñor Álvarez, la Policía del régimen no disipa las dudas sobre quién ordenó el allanamiento a la Curia Episcopal. “El punto aquí”, dice la abogada de la UDJ, es “que no hubo orden judicial para el allanamiento, como tampoco para los arrestos. La Policía no puede actuar sin orden judicial, ni puede detener, ni allanar sin orden de un juez. Lo actuado es ilegal”.

Morazán refuerza la crítica. “El Código Procesal Penal solo permite lo allanamientos con orden de un juez y solo entre 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, así lo establece el artículo 217 y a cualquier hora casos sumamente graves y urgentes. ¿Qué urgencia había, si los religiosos tenían dos semanas encerrados por ellos mismos?”.

3. ¿Resguardo domiciliar? Un  invento de la Policía. Ni antes del traslado de los religiosos a Managua la Policía tenía facultades para ordenar “casa por cárcel” primero y “resguardo domiciliar” después. Eso no existe, pero además, la Policía de la dictadura no tiene  facultades para establecer una medida cautelar, eso solo puede hacerlo un juez.

La abogada Salazar coincide con Morazán. “Se inventan una figura que definitivamente no encontramos en nuestra legislación ni general, ni en alguna ley específica, como la que se administra en un proceso contra un acusado. Y al no existir, menos que faculte a la Policía a implementar una medida como esa”.

4. ¿Y los cargos? En cuanto a los religiosos y laicos que fueron llevados a El Chipote, los abogados cuestionan el hecho de que tras pasar tres semanas, la Policía no explica si su detención obedece a la investigación que anunciaron y de la que no se conoce avances o conclusión alguna.

“Si ya terminó la investigación y ya son procesados por eso, ¿Ya saben sus familiares? No han informado, como lo hicieron al anunciar el inicio de la investigación”, señala la abogada de UDJ. “Hay que observar que ni siquiera se coludieron esta vez para aplicar el proceso que se inventaron para mantener hasta por 90 días cautivo a un opositor sin formalizarle cargos, nada de eso ha pasado o por lo menos no lo han informado públicamente”, recriminó Morazán. El acusado tiene derecho a conocer que cargos le han imputado.

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5. ¿Audiencia a escondidas? El régimen de Daniel Ortega se ha caracterizado por celebrar contra sus opositores juicios a puertas cerradas para esconder lo espurios que son.

“Hasta ahora no se sabe si fueron presentados a audiencia de tutela de garantías y si así fue, ¿fueron informados sus familiares?, ¿se les ha permitido derecho a la defensa? Nada de eso se sabe y eso es un limbo que lesiona los derechos de cualquier acusado.

6. Criminalizaron sus derechos.  La abogada Alexandra Salazar advirtió que lo que ha pasa con los religiosos es grave, más allá de las irregularidades del secuestro y las detenciones. “Fueron investigados y  están detenidos porque las autoridades criminalizaron el derecho a la libre expresión y la libertad de culto. Es un mal precedente para cualquier iglesia y los ciudadanos”.

Por último, los abogados dicen que los religiosos ya deberían ser considerados presos políticos. “No hay evidencias de que hayan cometido algún delito, pero hay evidencias de un mal uso del poder judicial, hay como en otros casos, manipulaciones muy graves”, concluyen.