El senador Marco Rubio pide a Biden pronunciarse sobre la persecución religiosa en Nicaragua  

El senador Marco Rubio criticó el “silencio ensordecedor” del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la persecución religiosa en Nicaragua que incluye el arresto de monseñor Rolando Álvarez y le pidió pronunciarse.  

“El silencio del presidente Joe Biden sobre la detención del obispo Álvarez es ensordecedor. Una vez más, hago un llamamiento a la Administración Biden para que sancione a los funcionarios del régimen y suspenda los beneficios comerciales de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR)”, señaló el senador en un pronunciamiento publicado este lunes. 

Además, criticó la tibieza de las palabras del Papa Francisco, quien el domingo 21 de agosto expresó su “preocupación y dolor por la situación creada en Nicaragua” sin hacer referencia directa al arresto del obispo y el cierre masivo de medios de comunicación católicos en el país.  

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Para el político republicano, estas palabras no son suficientes porque lo que está ocurriendo bajo el régimen Ortega-Murillo no es sólo motivo de “preocupación”: es una privación de derechos fundamentales. La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a monseñor Álvarez y a los católicos de Nicaragua. 

Según Rubio, monseñor Álvarez y su pueblo necesitan oraciones, pero también apoyo, y eso significa levantarse contra Ortega y Murillo. 

En ese sentido, explicó que Estados Unidos tiene el poder de hacerlo bajo la Ley NICA de 2018 y la Ley RENACER de 2021. “Debemos utilizarlas para que la dictadura rinda cuentas de sus crímenes”, exhortó. 

27 DÍAS SECUESTRADO  

Este martes se cumplen 27 días del secuestro policial impuesto contra monseñor Rolando Álvarez y 12 días sin tener noticias sobre su estado físico desde que fue trasladado de Matagalpa a Managua la madrugada del viernes 19 de agosto. 

Lo último que se supo fue que el cardenal Leopoldo Brenes lo notó “desmejorado” de salud durante la visita que le fue permitida ese mismo día, la única que se conoce ha recibido desde que la Policía lo mantiene bajo “resguardo domiciliar” en casa de sus padres en la capital. 

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La dictadura acusa al obispo de Matagalpa de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento no han ofrecido pruebas. 

El obispo fue sacado del Palacio Episcopal de Matagalpa junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo donde estuvieron retenidos durante 15 días. Sus colaboradores permanecen detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote sin acusación formal.