Urnas Abiertas denuncia que los trabajadores del Estado fueron obligados a verificarse

El organismo Urnas Abiertas denunció este jueves una serie de irregularidades y desórdenes que se presentaron en el proceso de verificación ciudadana, que se realizó previo a las elecciones municipales previstas a realizarse el próximo 6 de noviembre.

La verificación es un proceso necesario para la depuración del Padrón Electoral y entre los señalamientos está que los trabajadores del Estado fueron obligados a verificarse así como realizar visita casa a casa para para “ayudar” a los ciudadanos a realizar la actividad.

Cada funcionario tenía que cumplir con una cuota de personas y llenar una ficha con información de la casa que visitaron. También señala la utilización de recursos del Estado para dicha actividad, como fondos para viáticos, combustible, computadoras, tablet y teléfonos.

Las presiones, según el organismo de observación, también alcanzaron a los beneficiarios de programas de asistencia social, quienes tenían que verificarse junto a su núcleo familiar.

“Delegados del Mined chantajearon a estudiantes que cursan el quinto año de secundaria a verificarse a cambio del bono de bachillerato”, expone un informe denominado Trabajadores estatales obligados y hostigados en la verificación ciudadana.

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Para estas elecciones municipales, el Consejo Supremo Electoral (CSE) eliminó del Calendario Electoral el proceso de verificación, algo que para el organismo es una muestra de la falta de voluntad del árbitro electoral para resolver las debilidades que tiene el sistema de inscripción y registro de votantes.

“El sabotaje a la verificación ciudadana ha sido una estrategia de control del poder ideada y orquestada por el Gobierno de Ortega a través de operadores y funcionarios alineados a su partido, desde las elecciones de 2012”, señala el organismo.

DESORDEN EN LA VERIFICACIÓN

El organismo asegura que el proceso, se llevó a cabo de manera desordenada y confusa, ya que los dirigentes del partido orteguista indicaron tanto a sus militantes como a trabajadores del Estado diferentes fechas para verificarse de manera presencial.

"A pesar de la confusión alrededor de la Verificación Ciudadana, las estructuras partidarias del FSLN se dispusieron a impulsar la actividad. En algunos casos se capacitaron a trabajadores del Estado para que participaran como técnicos electorales en la jornada convocada para el 13 y 14 de agosto, que finalmente no se realizó", denunció Urnas.

El CSE señaló que la verificación sería de manera permanente y que se utilizarían las nuevas tecnologías, como la verificación en línea, llamadas telefónicas y por WhatsApp, o llegar a cualquier institución electoral.

Según Urnas Abiertas, el 31 de agosto, la presidenta del CSE, la orteguista Brenda Rocha señaló que el sábado 3 de septiembre, abrirían las puertas de esta instancia para que acudieran las personas que no se habían podido verificar porque no tenían acceso al internet o no habían podido acudir a una oficina.

“De esta manera se puede observar que la convocatoria para una actividad tan relevante como la Verificación Ciudadana se ha llevado de manera completamente desordenada y confusa por parte de la autoridad electoral”, detalla el organismo.

En su boletín del 29 de agosto pasado el órgano electora informó que, a esa fecha, más de dos millones de nicaragüenses se habían verificado en línea a través del sitio web del árbitro electoral.

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Urnas señala que realizaron un monitoreo en el sitio web de la verificación ciudadana del CSE y que a pesar del aumento en el tráfico en la página web del CSE a partir del 18 de agosto, la cifra no corresponde a los dos millones de verificados que anunció el CSE.

“Urnas Abiertas monitoreó la web del CSE y en el mes de agosto se documentaron aproximadamente 152 mil visitas y un promedio de 5 mil usuarios. Este dato, apenas representa el 0.25% de los dos millones de verificados que refirió el CSE en el boletín”, expone Urnas.

El organismo agregó que las elecciones municipales previstas a realizarse en noviembre próximo le costarán a los nicaragüenses cerca de 31.1 millones de dólares, de los cuales cerca del 40% del monto se destina para el reembolso de los partidos políticos que participarán en el proceso electoral.